Hasta 11 años viviendo en un hospital con alta médica a la espera de una plaza sociosanitaria en Canarias

Como han denunciado los populares, entre el 8 y el 10% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con alta médica, un 14% de esos pacientes tienen problemas judiciales y la mayoría de ellos están en esta situación porque no pueden ser cuidados por sus familiares. 

El presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha lamentado que esto ocurra en un Gobierno que maneja «los mayores recursos de toda la historia de la comunidad autónoma, hayamos tenido la peor gestión sanitaria y sociosanitaria». Los servicios de Urgencias «están colapsados principalmente por la falta de camas hospitalarias y porque la cita para ser recibido por el médico de Atención Primaria tarda entre 9 y 10 días, de ahí que el paciente acabe yendo a Urgencias», ha apuntado.

La realidad es que en la sanidad canaria «son todo colapsos en Atención Primaria, en las listas de espera, en las Urgencias y hasta en los ceses y dimisiones», ha dicho.

De acuerdo al informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hecho público hoy, Canarias figura entre las comunidades con menos plazas de financiación pública que no alcanzan un 1,5%.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que si en 2014 en España faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350 plazas. Además, advierte, a nivel nacional teniendo en cuenta la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias al menos 35.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (Grado II) o grandes dependientes (Grado III), que se encuentran en la lista de espera o 'limbo' de la dependencia.

Según los últimos datos oficiales del IMSERSO, 80.862 personas con Grado II y III están en lista de espera para ser atendidas, a las que hay que sumar 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.