El Gobierno de Canarias declara la guerra a los PGE

El portavoz del Gabinete regional, Martín Marrero, quien abiertamente calificó los PGE de «ilegales», admitió ayer que los servicios jurídicos de las consejerías analizan la situación y barajan varias posibles acciones legales para hacer frente a los «injustificados e indiscriminados» recortes de los fondos para el Archipiélago. Cabe recordar que el departamento de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, que dirige el nacionalista Domingo Berriel, ya ha advertido de que denunciará en la Audiencia Nacional la drástica disminución de las partidas para el convenio de carreteras. La denuncia se sustenta en el incumplimiento del compromiso suscrito en 2006, el cual fijaba la aportación económica del Estado en 207 millones de euros cada año, hasta 2017. Este es el motivo que llevó a Marrero a calificar de «ilegales» las cuentas públicas, tal como recogió Europa Press. «Se van a paralizar obras y se va a destruir mucho empleo», reconoció el portavoz.

Otro de los caballos de batalla de este conflicto entre gobiernos surgido a raíz de los PGE radica en el dinero para la desalación de agua. El Ejecutivo que integran Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario exigió ayer al Gobierno que recapacite y no elimine finalmente los fondos destinados para la desalación. De no ser así, según el Gabinete de la comunidad autónoma, las tarifas de suministro, sobre todo en las islas orientales, se dispararían, lo que perjudicaría a los ciudadanos y familias con menos recursos.