Bolaños se vuelca en el control a los jueces mientras más de 20 leyes están congeladas

El interés de Bolaños, también ministro de Relaciones con las Cortes, en reformas como la de la ley de acceso a la carrera judicial, la que recorta el papel de las acusaciones populares o la que deja investigación de las causas penales en manos de los fiscales (en vez de en las del juez de instrucción, como hasta ahora), son prueba del empeño por el control del Poder Judicial, un interés alejado de iniciativas que, aun siendo objeto de clamor popular, como la multirreincidencia, ocupación o narcotráfico, en este momento al Gobierno no le conviene tocar. En algunos casos por no enfadar a sus socios, alterando equilibrios parlamentarios; en otros, porque la propuesta parte del PP y en los menos, porque, al legislar a toda prisa y sin negociación alguna, el Ejecutivo esperaba contar con unos apoyos con los que no cuenta.

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Así ha sucedido con la ley Begoña, en la que el Ejecutivo se empleó a fondo para salvar a la mujer del presidente en la causa abierta por el juez Peinado por presunta malversación. Los límites a la acción popular que esta ley imponía y su aplicación con efectos retroactivos habrían abocado el procedimiento al archivo, pero no se ha llegado a tiempo. Pese a que se le quiso dar carácter de urgencia a esta proposición de ley, ni siquiera ha superado el trámite de la toma en consideración porque el Gobierno sabe que no saldría adelante: ni Sumar ni Podemos quieren esa reforma de la acusación popular y, a su vez, el PNV no comulga con la retroactividad, que es precisamente lo que hace de ella una ley con nombres y apellidos.

Aparcada está también una de las grandes apuestas del ministro y que el pasado julio llevó a jueces y fiscales a la huelga: la conocida como ley de acceso a la carrera. Presentado como proyecto de ley por trámite de urgencia y sin apenas tiempo para presentar enmiendas por la prisa que había en su aprobación, lo cierto es que no tiene votos suficientes para salir adelante, entre otros motivos por las exigencias de Junts plasmadas en una treintena de enmiendas.

Entre los aspectos más espinosos de la ley, la modificación de los procesos de selección de jueces y fiscales sin respetar, según denuncia la carrera, los principios de igualdad, mérito y capacidad y perjudicando, además, a quienes superan la oposición por el turno libre.

La que sí entró en vigor el pasado 3 de abril, y está demostrando una difícil implementación a lo largo de este año, como se pretende, es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, la que reestructura los juzgados sustituyendo los casi 4.000 órganos judiciales en 432 tribunales de instancia. Las críticas a esta norma se basan en que relega a los jueces a un segundo plano y atenta contra su independencia, pues les inserta en estructuras administrativas más vulnerables y deja la organización judicial en manos de los letrados de la Administración de Justicia, dependientes en última instancia del ministerio.

«Los jueces somos convidados de piedra en esa ley; vamos, es que ni convidados de piedra; nos van a echar de comer cuando quieran», ironizan fuentes judiciales. Y es que, como alertan, no se puede pretender cambiar en un año una organización judicial que data de 1870, y menos crear servicios comunes sin tener donde albergarlos.

Pero, sin duda, la reforma de mayor calado, y en la que Bolaños ha pisado el acelerador en los últimos meses, es la que da la instrucción al fiscal y se la quita al juez de instrucción, algo que tanto jueces como fiscales han advertido que no se puede hacer si no se modifica antes el Estatuto Fiscal. Ambas reformas caminan ahora en paralelo pero con un cambio del estatuto de los fiscales que no satisface para nada a profesionales de ambas carreras porque en vez de ahondar en la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno, fortalece la figura del fiscal general debilitando a quienes van a tener que instruir. Precisamente esta semana el Consejo de Estado ha concluido su informe sobre esta reforma, por lo que Bolaños podría llevar el texto en breve al Consejo de Ministros.

En paralelo, una veintena de leyes permanecen estancadas en la Comisión de Justicia del Congreso pese al clamor social por sacar adelante algunas de ellas. Multirreincidencia, narcotráfico, determinación de edad, jurisdicción universal, apología del terrorismo, prisión permanente revisable… El abanico de normas residenciadas en la Comisión de Justicia es amplio, tanto como las llamativas ampliaciones acordadas en su tramitación con el objeto de posponer sonadas derrotas o de esperar cambios de postura que no llegan y que no reflejan otra cosa que la debilidad de un Gobierno sostenido con pinzas.

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