El bloque de investidura hace agua

Por tercer año consecutivo, la coalición de PSOE y Sumar ha incumplido el plazo legal establecido en la Constitución para presentar ante la Cámara Baja los presupuestos generales del Estado. El presidente y sus ministros insisten en que esta vez sí defenderán ante las Cortes un proyecto para el año 2026, aunque sea para perderlo. Pero por mucho que la Moncloa trate de desviar el foco hacia marcos discursivos que 'a priori' le son más favorables, como la masacre de Israel sobre la franja de Gaza o el recuperado debate sobre el aborto, semana a semana los titulares se repiten: 'derrota del Gobierno', 'varapalo de los socios', 'decae la ley'...

La falta de apoyos parlamentarios, de hecho, ha generalizado la ausencia de sesiones plenarias los jueves, día en el que habitualmente se debaten iniciativas del Gobierno y dictámenes de leyes procedentes de las comisiones. En todo el mes de septiembre no se reunió el Pleno ningún jueves, si bien el 11-S estaba ya 'desierto' por la celebración de la Diada en Cataluña. Otra cesión ante el independentismo. Aun así, el Ejecutivo acumuló seis derrotas más en los treinta primeros días del curso político, donde la tónica de la legislatura no solo se mantuvo, sino que se vio agravada hasta la cronificación. «Siempre me preguntan lo mismo», se quejaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, cuando se le cuestionó el miércoles si creen que se puede reconducir la situación.

Noticia Relacionada

Junts apoyará el decreto de embargo de armas a Israel y lo deja en manos de Podemos

Juan Casillas y PATRICIA ROMERO

ERC y BNG se han mostrado críticos con la cláusula que permite excepciones basadas en el interés general

Entre los últimos varapalos, escuecen dos especialmente: la devolución al Consejo de Ministros del proyecto de ley para reducir la jornada laboral en España, medida estrella de Yolanda Díaz que se topó con el firme rechazo de Junts, y la negativa a tramitar la proposición de ley de PSOE y el propio Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña, que recibió el portazo no solo de Podemos, sino también de dos diputados que pertenecen al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, y que permitieron entrever la delicada situación del socio minoritario de la coalición de gobierno. En ambos casos, sus noes se unieron a los habituales de PP, Vox y UPN.

A los fracasos de la reducción de la jornada laboral y la delegación de competencias de inmigración –esta última una de las grandes cesiones de Sánchez ante el prófugo Carles Puigdemont, cuyo partido es clave para que conserve la mayoría–, hay que añadir otros. En estas últimas semanas, el Pleno del Congreso también ha tumbado la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar que no parecía demasiado conflictiva, porque planteaba crear una oficina anticorrupción similar a la ya propuesta por el PSOE como respuesta al caso Koldo, pero Junts de nuevo se opuso junto a la derecha nacional.

Más allá de las leyes, el Gobierno también tuvo que afrontar el mes pasado otros tres reveses. El más relevante de los restantes, la reprobación de la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por los fallos en las pulseras de vigilancia de los condenados por maltrato que pudieron dejar desprotegidas a varias víctimas de violencia machista. El Pleno del Congreso, además, aprobó una moción del PP que instaba al Ejecutivo a derogar la Ley por el Derecho a la Vivienda, de la que la izquierda ha hecho bandera desde el año 2023, y una proposición no de ley de Junts que pedía modificar el decreto que regula las solicitudes de prestación económica por paternidad.

Aunque ninguno de estos tres últimos asuntos es vinculante, los dos últimos dan muestras de un entendimiento ideológico, en posiciones más liberales, entre el PP y Junts; mientras que la reprobación de la ministra, en un asunto muy sensible para un Gobierno que presume de compromiso con el feminismo, evidenció cómo no solo fue clave la abstención de Junts, sino también la de un aliado de izquierdas de PSOE y Sumar como es ERC.

Ahora, el Ejecutivo de coalición contiene la respiración y apura las negociaciones para tratar de convencer a Podemos de que no le propine dos nuevos tirones de orejas. El martes, el Gobierno lleva a convalidación el real decreto ley para aplicar un embargo de armas a Israel y Podemos –pero también el BNG– ha sido muy crítico con un texto que ha denominado «'fake'» porque considera que, con las excepciones que introduce el Gabinete de Sánchez, quedará en papel mojado. Un día después, la Cámara Baja votará el dictamen de la Ley de Movilidad Sostenible y Podemos, que no tenía asiento en la comisión que lo aprobó, amenaza de nuevo con tumbarlo porque considera «hipócrita» que, mientras tanto, se permitan macroproyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Si la norma cae, corren riesgo 10.000 millones de euros de la Unión Europea de los fondos de reconstrucción, por lo que la Moncloa ha activado conversaciones con UPN por si Podemos la rechaza.

Con los seis últimos batacazos, el Gobierno lleva ya 163 votaciones perdidas en el Congreso en lo que va de legislatura. Fuentes parlamentarias socialistas le restan importancia y destacan que el porcentaje de victorias es altísimo, algo que es cierto, pero también lo es que los guarismos negativos no tienen precedentes. Sin ir más lejos, en toda la legislatura pasada solo se derogó un real decreto ley y si el martes se tumba el del embargo de armas de Israel, será el quinto en apenas dos años.

Los tropiezos no se limitan a los decretos, sino también a proyectos y proposiciones de ley en las que, a veces, incluso se producen divisiones entre el PSOE y Sumar, partidos que comparten asientos en el Consejo de Ministros. La primera derrota sonada de la legislatura se produjo en enero del año pasado cuando, mientras el PSOE negociaba con Junts para obtener su abstención ante sus tres primeros decretos, Podemos sorprendió provocando que decayese el de subsidios, en una particular 'vendetta' contra Díaz, de cuyo ministerio nació la norma.

En mayo del 2024 se produjo una de las semanas más complicadas para el PSOE, en lo estrictamente parlamentario, cuando vio cómo su ley contra el proxenetismo era rechazada con los votos de PP, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV y, después, tuvo que retirar el proyecto de ley del suelo para evitar una segunda derrota en apenas 24 horas. Meses después, en septiembre, el Pleno del Congreso se negó a tramitar la ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada y de habitaciones. Más recientemente, en febrero de este año, el PSOE y el PNV presentaron una proposición de ley que rescataba el proyecto respecto al suelo retirado por el Gobierno, pero de poco les sirvió la maniobra, que fue despachada con otro no.

Ese mismo mes salió adelante la toma en consideración de una ley de Sumar para nacionalizar a saharauis, gracias al apoyo de los populares, y a pesar del voto en contra del PSOE. Este tema, desde que Sánchez reconoció unilateralmente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, abandonando la posición histórica de España en favor de un referéndum de autodeterminación, abre una falla entre el PSOE y sus aliados a su izquierda. En junio del 2024, de hecho, se aprobó íntegramente una proposición no de ley del PP que pedía, precisamente, regresar a la situación anterior. También se han producido otras derrotas de gran simbolismo para el Ejecutivo, como la petición de que se reconozca a Edmundo González como vencedor de las elecciones de Venezuela. Todas las relativiza el Gobierno, que sigue con las cuentas de la anterior legislatura y sin una mayoría clara.