Bildu forzará la reforma urgente de la ley de seguridad ciudadana

La Ley de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana, como han bautizado al nuevo texto, se registró este viernes con la firma de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG. Para que la norma se pueda tramitar por el procedimiento de urgencia lo debe aprobar la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, previa petición del Gobierno, dos grupos parlamentarios o setenta diputados. Además de los aberzales, con seguridad lo pedirá Sumar porque ya la víspera, tras trascender el acuerdo, el diputado Enrique Santiago abogó por sacarla adelante lo antes posible, sin necesidad de «eternizar» su debate en la Comisión de Interior. Posiblemente ERC, totalmente alineado con Bildu en esta materia, se posicione igual.

Lo más probable es que la iniciativa se tome en consideración dentro de dos semanas porque el pleno de la próxima ya tiene fijado su orden del día y porque entonces Bildu tendrá cupo para introducir el debate de una proposición de ley. A partir de entonces, la Mesa podrá determinar el procedimiento de urgencia, lo que acorta a la mitad los plazos de tramitación de la norma; desde la presentación de enmiendas parciales hasta su duración en comisión.

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Si hubiese acuerdo total entre los partidarios de derogar la 'ley mordaza', esta podría estar aprobada ya en noviembre, después de haber fracasado hace un año y medio por la negativa del Gobierno a aceptar las condiciones que Bildu ponía encima de la mesa y a las que ahora sí ha accedido.

La mayor amenaza a esta tramitación exprés, no obstante, no llega desde PP y Vox, los partidos que se oponen a la reforma y que casi con seguridad registrarán enmiendas a la totalidad, sino desde partidos firmantes como PNV y BNG, que ya han anunciado la presentación de enmiendas parciales, así como de respaldos necesarios como Junts y Podemos, que han avanzado lo mismo.

Además del texto pactado en comisión la legislatura pasada, a iniciativa del PNV, ahora el Gobierno accede a la prohibición del uso de las pelotas de goma como material antidisturbios y de las devoluciones en caliente, y a suavizar las sanciones por falta de respeto a la autoridad y por desobediencia. Los peneuvistas no están muy conformes con esto último porque creen que se debe preservar la autoridad de los agentes, mientras que el BNG quiere endurecer aún más la reforma y que se incluya la única línea roja que ha conseguido salvar el Ministerio del Interior: eliminar la presunción de veracidad de los testimonios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Si los dos mantienen esas posturas, aparentemente contradictorias, la negociación se alargará más de lo pretendido inicialmente por Bildu. Y a esto hay que sumarle la posición de Podemos, que, pese al texto registrado, niega que la norma suponga el fin de las balas de goma y de las devoluciones en frontera. La secretaria general del partido, Ione Belarra, dijo este viernes en el Congreso que están «en el mismo punto» que estaban ERC y Bildu el año pasado, aunque Podemos sí apoyó en comisión el texto que rechazaron ellos y que no incluía los cuatro puntos que ahora asume el Ejecutivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, aseguró este viernes en una entrevista en RTVE recogida por Ep que el Gobierno «velará» por el «equilibrio pertinente» entre la seguridad policial y el derecho a manifestarse. «Todos los ministerios tendrán también su voz», dijo, incluyendo también al del Interior, que por ahora no se ha pronunciado abiertamente a pesar del malestar entre los agentes. El día del anuncio, la vicepresidenta María Jesús Montero insinuó que Bildu había ido por libre, pero el diputado Jon Iñarritu lo desmintió este viernes en TVE y aseguró que ambas partes acordaron incluso «cómo» iba a «hacerse público» el pacto.