El caso Begoña, ante la encrucijada en la Audiencia Provincial de Madrid

El caso se inició en abril tras una denuncia de Manos Limpias que fue admitida a trámite sin concurso de la Fiscalía. El juez abrió diligencias por unos contratos públicos a una empresa de Barrabés en cuyos expedientes constaban cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. A ella se le notificó su condición de investigada al tiempo que se decretaba el secreto de sumario. La Fiscalía, cuando lo supo, recurrió toda la actuación, pero la Audiencia Provincial la ratificó. Sí veía indicios para investigar aquellos contratos. Descartó no obstante el resto de la denuncia, sobre cuestiones como el rescate de Air Europa. Eran conjeturas.

Desde entonces ha llovido mucho en el procedimiento, entre la irrupción de la Fiscalía Europea, que se llevó la línea de investigación sobre aquellos contratos de Barrabés porque los fondos eran de la UE, y las querellas y ampliaciones como las de HazteOir o Vox, que recogían nuevos hechos sobre el acceso de Gómez a una cátedra extraordinaria en la Complutense o, de nuevo, la presunta relación con Globalia.

Con todo esto sobre la mesa, el juez llamó a Begoña Gómez a declarar el pasado mes de julio. Ese es el punto al que se remonta el recurso, que empezó siendo de reforma para que el propio juez aclarase por qué razones la citaba, y ha acabado en la Sección 23 de la Audiencia Provincial.

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Los magistrados ahora deliberarán sobre sus razones, respaldadas también por la Fiscalía, con el prisma de la causa entera, porque la recabaron del juzgado. El recurso lo es bajo alegación de que la causa es prospectiva, una práctica prohibida que consiste en investigarlo todo para ver si aflora alguna conducta reprochable. Según fuentes de las acusaciones consultadas por ABC, es buena noticia que manejen el sumario entero, porque cada diligencia acordada se corresponde con un hallazgo en una diligencia anterior. Las defensas, por descontado, discrepan de esta perspectiva. Lo que señala el recurso principal es que esta es una causa general que no se sostiene.

La deliberación puede extenderse más de una jornada y varios días en comunicarse la resolución. En caso de archivo, el impacto lo sería ya no sólo sobre el procedimiento, sino también sobre la situación del juez Peinado, contra el que pesan dos querellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le acusan de prevaricar en esta misma investigación.

Una fue impulsada por la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque le citó como testigo en La Moncloa en lugar de recabar su declaración por escrito, como permite la ley con este nivel de autoridades. La otra es de Begoña Gómez, que impugnó casi toda la causa alegando que las decisiones del instructor eran injustas a sabiendas.

El archivo del caso transmitiría además la impresión de un aval judicial de las conductas de Begoña Gómez que no sería tal, pues lo penalmente trascendente y lo moral o políticamente reprochable no siempre coinciden y porque una mala praxis o un error de un juez instructor impide llegar al fondo de una cuestión, no la esclarece. En cualquier caso, las fuentes jurídicas consultadas por ABC ven poco plausible que se cerrase la causa entera, sobre todo cuando la misma Audiencia Provincial acaba de dar al magistrado la competencia para investigar otra derivada del caso, la 'matriculación' a nombre de Begoña Gómez en la Oficina de Patentes y Marcas del software que unas empresas crearon para la cátedra que dirigía en la Complutense.

Se abre así la posibilidad de un escenario intermedio o salomónico en el que la Audiencia pase la segadora y deje fuera los hechos que no tengan base suficiente para formar parte de las pesquisas. Las miradas están puestas en la línea de investigación que afecta al rescate de Air Europa, pues el juez recabó de la SEPI el expediente completo y la documentación, pero apenas se han practicado más diligencias al respecto y es un asunto que ya figuraba en la denuncia inicial de Manos Limpias y fue denostado por el tribunal. También en los contratos de Barrabés con administraciones públicas en los que no consta hasta la fecha intervención de Gómez.

Cabe, por último, que la Provincial decida desestimar los recursos por razones de fondo, lo que se traduciría en un espaldarazo a la investigación y la dirección que ha tomado en ella el juez Peinado, lo que abriría la puerta a que se siguiesen practicando diligencias hasta, al menos, el siguiente punto de inflexión, que se producirá cuando los magistrados tengan que estudiar la entrada y registro de agosto en las empresas y la vivienda de Barrabés. La UCO incautó un arsenal documental donde el juez espera encontrar pruebas directas de los indicios de tráfico de influencias que considera que ya tiene. Para la defensa del empresario fue una medida absolutamente desproporcionada.

Si la causa sigue en pie, la lectura que haga la Sala cuando les llegue este recurso devolverá al caso Begoña de nuevo, a la encrucijada.