Bárcenas pide hasta 41 años de cárcel para Villarejo y los mandos de Interior por Kitchen

El escrito, al que tuvo acceso ABC, relata los hechos en términos similares a las conclusiones del juez instructor Manuel García Castellón: una operación orquestada desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 y ejecutada por la policía de la época que comandaba Eugenio Pino, para sustraer al extesorero documentación comprometedora del PP que pudiera atesorar.

Sin embargo, contiene una importante salvedad. Mientras el juez, como la Fiscalía Anticorrupción, dejaron fuera de Kitchen por falta de pruebas el asalto que un hombre vestido de cura  protagonizó en casa de la familia Bárcenas, -amenazando a su mujer, su hijo y la empleada de hogar a punta de pistola mientras reclamaba documentación-, la defensa de la familia insta cárcel para todos los procesados un delito de inducción a los tres secuestros.

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Incardina aquel incidente como parte del operativo parapolicial y repasa todos los indicios: que aquel hombre, el condenado por el asalto y ya difunto Enrique Olivares, conocía perfectamente a la familia, que reclamaba con claridad información contenida en «pendrives»; que el chófer, no estando de servicio, se encontraba sorprendentemente en el barrio y acudió en auxilio y que después propuso instalar sin coste para Iglesias cámaras en su domicilio que a la postre, iban a permitir monitorizarla, entre otros indicios.

Asimismo, añade las circunstancias que sufrió cuando era el propio Bárcenas quien estaba encarcelado y las pone en comparación con las que vive ahora, igualmente en prisión. Conforme expone el escrito, mientras estaba en marcha la Kitchen, fue clasificado como preso de especial seguimiento, se filtraron fotografías suyas al exterior, no se le permitió elegir módulo y estuvo acompañado por presos designados todo el tiempo. Ahora, por contra, «no ha sufrido absolutamente nada parecido». «No ha padecido ni un solo registro individualizado en la celda, ni cacheos, ni sanciones, ni incidente alguno, elije como cualquier interno...», detalla su defensa.

De esa época en la cárcel, Bárcenas ya habló largo y tendido durante la instrucción, cuando expuso haber recibido presiones desde el PP a través de dos abogados y cambio de su silencio. En concreto, refirió recibir, por un lado, una oferta de parar la Gürtel a cambio de 12 millones de euros e información, y por otro, una amenaza sobre el posible ingreso en prisión de Rosalía Iglesias si él aireaba irregularidades del partido. El escrito de acusación retoma este asunto y pide llamar a uno de esos abogados, Javier Iglesias, como testigo en el juicio.

Así las cosas, acusa por una decena de delitos que incluyen asociación ilícita, inducción al secuestro, al allanamiento de morada y a la tenencia ilícita de armas, coacciones, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En total, solicita hasta 41 años de prisión para Villarejo, Pino, Fernández Díaz y Martínez, y 33 años de prisión para el chófer Sergio Ríos, en línea con la sentencia que espera respecto del resto de los acusados: los comisarios Andrés Gómez Gordo, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Enrique García Castaño; y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, para quienes también insta inhabilitaciones por encima de una década de duración y multas.

En este sentido, la representación de Luis Bárcenas reclama indemnizaciones de 400.000 euros para él, Iglesias y el hijo de ambos, «debiéndose añadir como responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos a los acusados en la cantidad que finalmente se fije en sentencia de ser condenatoria«, teniendo al Estado como responsable civil subsidiario porque los implicados eran funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.