Prohens sella un acuerdo con Vox apoyado en la inmigración, la lengua y el pacto verde para aprobar los presupuestos de Baleares

En una rueda de prensa convocada de forma urgente, la líder regional ha aclarado que su Gobierno se compromete a aplicar medidas en materia lingüística, como reclamaba Vox, aunque «sin renunciar a las líneas rojas» y sin modificar la normativa vigente. Esta misma semana, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, deslizó que Vox había «torcido el brazo a la señora Prohens para que entre un poco de libertad lingüística en Baleares».

«No hemos transgredido ninguna línea roja. Los cambios son hechos desde el sentido común», ha asegurado Prohens, poniendo como ejemplo la supresión del requisito del catalán en la sanidad al inicio de la legislatura, recientemente avalada por el Tribunal Constitucional.

La introducción del español en las aulas se hará «desde el respeto» al Estatuto de Autonomía, a la Ley de Normalización Lingüística y a la autonomía de los centros educativos. «Habrá cambios pero no supondrá la derogación de ninguna normativa», ha zanjado la líder regional, recalcando que ambos partidos se han puesto de acuerdo en lo que tienen en común y no en lo que les separa.

Noticia Relacionada

La fiscal investigada reclama incluir en la causa de García Ortiz todos los 'mails' de Fiscalía y Abogacía con la defensa del novio de Ayuso

Javier Lillo

El letrado explica que además de los correos conocidos habría más mensajes entre los abogados de González Amador y los fiscales

La política lingüística ha sido uno de los puntos que ha generado mayores fricciones entre PP y Vox. Entre los compromisos pactados figura una mayor flexibilidad en los plazos para que los empleados públicos acrediten su conocimiento del catalán. La presidenta ha señalado que el entendimiento cuenta con el respaldo de la cúpula nacional de Vox, pero ha querido dejar claro que se trata de un pacto gestado «en Baleares», y no dictado desde fuera.

Sobre la acogida de nuevos menores migrantes, la líder del PP ha reiterado que «no es una cuestión de solidaridad sino de capacidad», ya que Baleares está al límite de capacidad. Un argumento del que la popular no se ha movido, pese a que Vox rompió las negociaciones de los presupuestos en 2024 alegando esta razón.

Será a lo largo de la mañana cuando los portavoces de PP y Vox escenifiquen este pacto con una fotografía y vayan ampliando los detalles. Se da por hecho -Prohens lo ha deslizado sin confirmarlo- que derogará la Ley de Memoria Histórica aprobada por la socialista Francina Armengol en la legislatura pasada.

El acuerdo, que se ha cerrado tras semanas de negociaciones, permitirá al Gobierno de Prohens sacar adelante sus segundas cuentas de la legislatura. Prohens es la segunda líder del PP que alcanza un pacto presupuestario tras el valenciano Mazón.

Los populares, que gobiernan en minoría, se vieron abocados a prorrogar los presupuestos de 2024 tras la retirada del apoyo de Vox. Las relaciones se recondujeron en marzo tras la mediación de una emisaria de Madrid enviada por Santiago Abascal. Tras acuerdos puntuales en materia de vivienda y turismo, las relaciones fructifican ahora con la aprobación de los presupuestos.

Prohens ha agradecido a Vox su «espíritu de negociación» y la «lealtad» para seguir trabajando conjuntamente para «dar estabilidad y seguir con el cambio que pidieron los ciudadanos.

El acuerdo asegura, salvo cambio drástico y sobrevenido, la legislatura completa a Marga Prohens al frente del Gobierno balear justo cuando se cruza el ecuador de su mandato. Precisamente el pasado domingo, el PP balear celebró una gran fiesta familiar para festejar su victoria en las elecciones de mayo de 2023 y la presidenta presumía de haber puesto en marcha el 90% de su programa «solos» y en sólo 24 meses.

El trato para sellar estos nuevos presupuestos certifica un nuevo armisticio entre PP y Vox tras el enésimo conflicto provocado por la formación de Abascal. La última guerra comenzó el pasado verano cuando el líder de Vox dio la orden de salirse de todos los gobiernos autonómicos e incluyó Baleares en la lista, aunque era la única región donde Vox no entró en el Ejecutivo. PP y Vox trataron de mantener su 'entente cordiale', pero la cadena de mano de Vox se impuso y se rompió el pacto en Balares.

Tras el verano, hubo un acercamiento, e incluso se consiguió aprobar el techo de gasto en octubre del año pasado cuando todo estaba encarrilado para aprobar los segundos presupuestos. El ejecutivo balear aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno, comenzó la tramitación parlamentaria, y PP y Vox navegaban en un sereno mar que se movía en un ligero tira y afloja de enmiendas cuando el terreno de juego se truncó.

La portavoz adjunta del PP en el Parlamento balear, Marga Durán, se equivocó al dar indicaciones de votación y el pleno aprobó decenas de enmiendas de Vox, que incluían buena parte de las propuestas de máximos de los ultraconservadores. Vox se negó a permitir votar de nuevo y el PP tuvo que pactar con la izquierda mantener la Ley de Memoria Democrática -que iba a derogar por exigencia de Vox- a cambio de eliminar las propuestas de los de Abascal a la Ley de Simplificación.

En este ambiente de tensión las Navidades llegaron para dar una tregua. La idea era empezar a negociar de nuevo a principios de año, pero todo el proceso ha ido sin prisa alguna. En enero no había sesiones parlamentarias, en febrero no hubo movimientos y en marzo Vox lanzó su primer órdago: en una inaudita jugada política, se alió con el PSOE para incluir en los proyectos de ley presentados por el PP enmiendas que limitaban seriamente la ejecución presupuestaria del Gobierno de Prohens. Vox apoyaba así propuestas para modificar la ley de finanzas regional y recortar cientos de millones de euros los presupuestos prorrogados del Ejecutivo.

Esta situación de parálisis legislativa obligó a la presidenta balear a mover ficha. Aprovechando que Bambú emitía señales de deshielo, contactó con Montse Lluís, mano derecha de Abascal en las negociaciones autonómicas, para reconducir la situación. Esta vez era Vox Baleares quien tenía el hacha de guerra en la mano. Más concretamente la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, artífice del pacto soterrado con el PSOE -en el que militó hace años-, que mantiene desde hace meses una estrategia de máxima tensión hacia el Ejecutivo del PP. Sin embargo, en Bambú se entendía que las dos grandes exigencias para recomponer pactos regionales -rechazar el Pacto Verde europeo y mantener una postura dura respecto al reparto de menores no acompañados- se cumplían desde hace tiempo en Baleares.

Hubo una llamada al orden para sentarse de nuevo a negociar y sellar nuevos acuerdos preeliminares. Primero fue el decreto de Turismo, que Vox aprobó a cambio de eliminar la subida de la ecotasa. El trato se escenificó un viernes en la Conselleria de Turismo con el conseller Bauzá y Cañadas detrás de atriles blancos. Y el siguiente lunes, la escenografía inmaculada se repitió en la Conselleria de Vivienda para mostrar ante los medios el acuerdo para aprobar el Decreto de Vivienda, que pretende impulsar la construcción de miles de viviendas en Palma y otros municipios de Baleares, y que incluirá enmiendas pactadas entre los dos partidos para, por ejemplo, ampliar a ciertas zonas en rústico los permisos, tal y como pide Vox.

La senda de los acuerdos continuó el día 16 de mayo cuando el Gobierno de Prohens aprobó, sabiendo que contaba con el apoyo de Vox, el decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de capitalidad de Palma e Ibiza, de Menorca Reserva de la Biosfera y de transporte interinsular de residuos de Formentera a Ibiza. Este decreto incluía aumentar la moratoria de la exigencia del catalán a funcionarios estabilizados y quitarle el requisito lingüístico de los celadores sanitarios.

Una vez aprobado el proyecto de Presupuestos, se inicia una tramitación parlamentaria exprés que concluirá en la segunda semana de julio con su aprobación definitiva en el Parlamento balear. Se da la circunstancia de que, para esa fecha, el departamento de Presupuestos del Govern ya habrá empezado con el trabajo preliminar para elaborar las cuentas de 2026.

Si no hay más sorpresas, los presupuestos de 2026 se aprobarán con el voto afirmativo de los 25 diputados populares y el diputado por Formentera, la aprobación o abstención de los dos fugados de Vox y ahora no adscritos -Xisco Cardona y Agustín Buades- y la abstención de cinco diputados de Vox y la duda del voto de Idoia Ribas, que ya no milita en el partido ultraconservador y critica con dureza a todos sus líderes, pero sigue en su grupo parlamentario.

Esta semana en la Junta de Portavoces del Parlamento se estableció un posible calendario de tramitación de los presupuestos que se alargaría hasta julio, habilitando así el periodo extraordinario de sesiones para aprobar las segundas cuentas de Prohens, que ascienden a 7.469,1 millones de euros, un 2% más en comparación con los aprobados en el ejercicio de 2024.