Un juzgado de Palma eleva a la Fiscalía Europea la reclamación de Prohens sobre las mascarillas de Armengol

En un auto fechado el 21 de mayo, al que ha tenido acceso ABC, el juez Antonio Garcias considera que el juzgado de instrucción no es competente para incoar o desestimar la denuncia contra Ureña, y que este asunto debe recaer en la Fiscalía Europea, que ya estaba investigando la adquisición de este polémico lote de un millón y medio de mascarillas adquirido con fondos de la UE.

Tras recibir la denuncia del PSOE, el juzgado palmesano incoó diligencias pero no llegó a ordenar ninguna medida de investigación. A su vez, informó a la Fiscalía Europea, que solicitó quedarse con la causa.

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Mayte Amorós

Los socialistas denunciaron al actual director general del IB-Salut después de que la Fiscalía Europea abriera una investigación por las compras de material sanitario de los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias a la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión SL., durante la pandemia.

De este modo, el PSOE quiere que se investigue no sólo la compra realizada bajo el gobierno de Armengol sino también la reclamación a la empresa de la trama, lo que abarca al actual gobierno del PP de Prohens.

Los socialistas acusan a Ureña de haber dejado caducar la reclamación de 2,6 millones propuesta por el PSOE el último día de legislatura, el 6 de julio de 2023, y que fue ejecutada un mes y medio más tarde por el PP el 24 de agosto de 2023.

Una vez estalló el caso en la Audiencia Nacional en febrero de 2024, el Gobierno de Prohens inició una nueva reclamación administrativa para reclamar el importe total de la compra (casi cuatro millones), al considerar que existen elementos suficientes para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato.

En la resolución de desistimiento, Ureña corrigió un «defecto de forma» que hacía referencia a la duración del procedimiento y que «por error» indicaba que eran tres meses en vez de ocho, desde el pasado 24 de agosto. Un plazo que recoge el artículo 212.8 de la Ley de Contratos del Sector Público y la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma.

Los socialistas, sin embargo, acusan a Ureña de ceder a las presiones de la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional, y dejar caducar el expediente de reclamación. Le acusan de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación.

El nuevo gobierno regional de Prohens denunció que el anterior equipó no le había informado sobre la investigación en curso a la empresa proveedora, del que el ejecutivo de Armengol era conocedor porque la Guardia Civil se había personado en 2022 en las dependencias del IB-Salut para pedirle la información de este expediente de compra a Soluciones de Gestión, por orden de la Audiencia Nacional.

Además, Ureña explicó que su decisión de desistir de la reclamación de 2,6 millones era porque consideraba «muy difícil» que la reclamación prosperase después de descubrir que el anterior gobierno de Armengol emitió un certificado de 'satisfacción' en agosto de 2020 declarando la compra de estas mascarillas «sin incidencias» y «satisfactoria». Eso a pesar de que no eran FFP2, como acreditó un informe interno, por lo que no sirvió para proteger a los sanitarios. Aun así se endosó el pago a los Fondos Europeos sin informar de la mala calidad del material.

El Gobierno de Prohens insiste en que es parte perjudicada por el 'caso Koldo'. Por ello, presentó una nueva reclamación administrativa, esta vez solicitando el importe total de la compra fallida, los 3,7 millones más gastos.

Además, pidió personarse como parte perjudicada en el proceso penal del caso Koldo en la Audiencia Nacional, tras aportar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato de 3,7 millones a la empresa investigada.