El ex director de la Oficina Anticorrupción reconoce que Armengol le ocultó la mala calidad de las mascarillas: «No teníamos ese informe»

«No teníamos ese informe», ha dicho en referencia al documento de análisis realizado por el Centro Nacional de Medios de Protección que en junio de 2020, mes y medio después de la compra, informaba al Servicio de Salud de que este lote de cubrebocas no servía como FFP2 y constataba que su filtrado era de ínfima calidad.

Este informe se ocultó a todos los organismos de control posteriormente y nunca se incluyó en el expediente de compra, algo que, según Far, debió haberse hecho. Su tesis contradice al subdirector de Compras y Logística del IB-Salut, Antoni Mascaró, quien ha defendido contrariamente que no era una documentación pertinente para añadirse en el expediente de la compra.

«Si lo hubiéramos tenido, lo habríamos añadido en el informe. Eso seguro», ha sentenciado Far durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación de Baleares sobre la polémica compra de un millón y medio de mascarillas fraudulentas que se dejaron caducar en un almacén sin usar. El Ejecutivo presidido por Armengol pagó por este lote casi cuatro millones en abril de 2020 a la empresa vinculada al asesor del exministro José Luis Ábalos, ahora investigada por la Audiencia Nacional. Además, emitió un certificado de satisfacción pese a saber que el material no se correspondía con el pedido.

Far, que en 2020 estaba al frente de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, auditó todas las compras de material durante la primera ola de la pandemia del coronavirus y puso la lupa sobre la empresa Soluciones de Gestión SL alertando de que podría no ser un proveedor fiable y de que no se había verificado la solvencia de esta empresa, ajena al sector sanitario, cuando era un paso imprescindible. La Abogacía respondió por entonces que tenía referencias de todos los proveedores, sin indicar cuáles era en el caso de Soluciones de Gestión.

El informe de Anticorrupción concluyó que no había indicios de delito. Sin embargo, hoy ha reconocido que le faltaba información al respecto, ya que nunca fue informado de que la calidad de las mascarillas pedidas a la empresa de la trama y las mascarillas recibidas y pagadas por un precio muy superior no coincidían.

Far, que es auditor del Estado e inspector de Hacienda, ha considerado que no era en absoluto normal que, mediante contrato de emergencia, se pagaran 3,7 millones por unas mascarillas fraudulentas y que no se reclamara a la empresa. «Si yo fuera el particular que hizo la compra, reclamaría, claro». También ha considerado que el gobierno de Armengol debió haber informado de todos los pormenores de esta compra en el traspaso de poderes, algo que no hizo.

Asimismo, ha considerado que fue un «error» que Antoni Mascaró emitiera una certificación de correcta ejecución a la empresa Soluciones de Gestión, dos meses después de saber que las mascarillas no eran FFP2, como se habían pagado. «Me parece un error», ha sostenido Far, que también ha criticado que estas mascarillas se endosaran a Fondos Europeos. Fue «otro error», ha contestado, cuestionando al anterior gobierno socialista en contra de los argumentos del ex subdirector de Compras que este lunes dijo que el certificado al que ahora se aferra la trama para no devolver el dinero de las mascarillas es un documento sin trascendencia.

Far también dio a entender que emitir un certificado de conformidad afecta a la posterior reclamación, en contra de lo que alega ahora el PSOE balear. «Tienes la opinión de una persona contrastada», ha contestado.

Jaime Far ha explicado que el informe llevado a cabo por su Oficina se hizo en 2020 para que sirviera para corregir actuaciones y prevenir malas prácticas en la compra durante la pandemia, ya que varios organismos internacionales alertaban de que podía haber proveedores o intermediarios que se aprovecharan.

Para recabar la información, la Oficina se basó en la información disponible en «fuentes abiertas», básicamente el portal de contratación del Gobierno de Baleares, la plataforma de contratación, además de la información solicitada al Servicio de Salud. Hoy valoró que «pudo haber faltado toda la información».

«En el informe se analizaron los 10 u 11 contratistas más importantes. Queríamos llevar a cabo un análisis de los costes de cada uno de los elementos adquiridos para evaluar si hubo sobrecoste, porque otros organismos estaban advirtiendo de que en este tipo de situaciones siempre hay empresas que tratan de aprovecharse», ha recordado Far sobre el objeto de su informe, que fue duramente contestado y cuestionado por la Abogacía de la comunidad, que dependía del Gobierno de Armengol.

Un año más tarde de este informe, Far dimitió alegando motivos personales. Este martes dejó entrever que la Oficina no se dotó de suficientes recursos, por lo que su trabajo se vio limitado. Negó, eso sí, haber recibido presiones.

El compareciente también echó por tierra uno de los principales argumentos del equipo de Armengol, que defiende ahora que las mascarillas se compraron para uso civil y no sanitario, a pesar de que la resolución de compra lo justificaba para uso de los profesionales sanitarios. Según Far, en su informe se especificaron como mascarillas FFP2 y así se recogió de la información que figuraba en la plataforma de contratación del propio gobierno de Baleares. «Como mascarillas FFP2».

El PP le ha recordado que en la página 56 de su informe, cuando aborda los precios del material, incluye las mascarillas de Soluciones de Gestión dentro del apartado de FFP2. «¿El contrato eran mascarillas FFP2?», le preguntó el diputado popular José Luis Mateo, a lo que Far respondió: «Es correcto».

La Oficina Anticorrupción no llegó a analizar el tipo de mascarillas ni para qué se compraron. «De ninguna de las que se compraron sabemos dónde fueron», reconoció Far, que también sostuvo que «faltó transparencia» en las primeras semanas de pandemia.

El informe de su Oficina sobre el material sanitario comprado en pandemia se debatió y discutió ante la comisión de asuntos institucionales en 2020, pero no se mandó a ningún organismo judicial «porque no vimos indicios», indicó. Sí se remitió a la Oficina de Contratación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a Blanqueo de capitales y a la Agencia Tributaria, aunque no obtuvo ninguna respuesta.

Pese a haber puesto en marcha la Oficina, Far reconoció que no estaba dotada de recursos suficientes e incluso admitió que no sirvió para evitar la estafa por parte de la presunta trama criminal ni para aconsejar la devolución de las mascarillas ni para que no se dejaran caducar. «En este caso concreto, no [sirvió]». «Oficinas de este tipo existen en otras CCAA. La existencia de una oficina garantiza si se la dota de medios. A mí me nombran el 2018 y empieza a funcionar a mediados de 2019 pero en una situación… en Cataluña son 50 personas. Si se la dota de medios, funciona muy bien», defendió.