El alto cargo de Armengol que avaló la trama Koldo dice que solo firmó un «documento estándar»

Así las cosas, toda la jornada ha girado en torno a las explicaciones de Mascaró, uno de los cargos públicos clave en la cadena de contactos entre el Gobierno de Francina Armengol y la presunta trama Koldo, esta última ahora investigada por la Audiencia Nacional. Mascaró cerró el contrato con la empresa el mismo día que llegó el ofrecimiento de un avión cargado de mascarillas y emitió un certificado de conformidad pese a que las mascarillas no eran FFP2 y había pagado el triple por ellas. Fue él quien inició una propuesta de reclamación tres años después de la compra y el mismo día que la nueva presidenta, Marga Prohens (PP), era investida y el anterior equipo estaba de salida.

Mascaró, que ahora trabaja en el sector privado, no había hecho declaraciones hasta la fecha sobre la polémica compra de un millón y medio de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Un lote por el que el Gobierno de Baleares pagó casi cuatro millones en 2020 y dejó almacenado y sin uso hasta que caducaron.

Mascaró ha defendido que se compró este lote al inicio de la pandemia, a finales de abril de 2020, ya pensando en la desescalada de la pandemia y con la intención de guardarlas como «'stock' de seguridad» para uso civil. Un argumento que contradice la justificación oficial que figura en la resolución de emergencia para la compra en mayo de 2020. En este documento se justifica en todo momento la necesidad de adquirir material de protección para personal sanitario.

El exsubdirector de compras se ha presentado ante el Parlamento balear como un «cargo técnico» con veintidós años de experiencia en las compras sanitarias. A lo largo de sus dos horas y 41 minutos de comparecencia, ha estado intercambiando mensajes desde su móvil con otra de las técnicas y excompañeras de gestión, la exdirectora del Área de Coordinación Administrativa Mar Rosselló, presente en la comisión, para consultarle «detalles jurídicos» según ha reconocido al ser interpelado por el diputado del PP José Luis Mateo.

Mascaró ha explicado que en abril de 2020 tenía la posibilidad de comprar «FFP2 o equivalentes KN95», considerándolas dos tipologías equivalentes. Ha sostenido que al tener «pedidos hechos FFP2 pendientes de llegar» y ante «la inquietud de que se extendiera el aumento de protección a la población civil y las profesiones esenciales», se decidió destinarlas al ámbito civil. «Por eso se codificaron como de uso domiciliario. Teníamos que tener un 'stock' de seguridad fuera del ámbito sanitario», ha recalcado sobre el código realizado 'ad hoc' para identificar este cargamento.

Mascaró no ha podido explicar por qué se tramitó esta compra por urgencia si la idea «desde el primer momento» era destinarlas a uso civil. Vox le ha recordado que jurídicamente no era posible, ya que solo se permitía esa tramitación si se destinaban a «uso sanitario», y además Soluciones de Gestión no tenía autorización temporal para su comercialización.

Sobre los correos electrónicos intercambiados con otro cargo de Salud, Antoni Martorell, donde ambos se preguntan si las mascarillas compradas a la empresa Soluciones eran «FFP2 buenas» y si el «problema está resuelto», ha negado que se refirieran a la calidad del material sino a la preocupación por el 'stock'.

Poco después, el polémico lote de mascarillas se mandó a analizar al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP). En junio de 2020, un mes y medio después de la compra, certificó al Servicio de Salud que no eran mascarillas FFP2 -como figura en la documentación inicial- sino unas falsas FFP2 que tenían una filtración de ínfima calidad.

Sobre el análisis del CNMP, Mascaró ha alegado que aunque decía que no cumplían como FFP2 y no se podían distribuir a los profesionales sanitarios, «no decía que no pudiesen destinarse a otra cosa».

Vox le ha preguntado por qué Salud ocultó este informe sobre la mala calidad de las mascarillas a diferentes organismos de control, como a la intervención de la comunidad autónoma o a los fondos europeos. «No se ocultó nada», ha zanjado el alto cargo, que alega que «el resultado del análisis lo recibe el departamento de compras y no tiene que estar dentro del expediente».

Sobre si le preocupaba que se pagara por una FFP2 si no lo eran, ha considerado que en ese momento los 2,6 euros que se pagaron por mascarilla no eran un mal precio igualmente.

Mascaró es el cargo de Salud que avaló a la empresa de la presunta trama Koldo, Soluciones de Gestión SL, para que pudiera tratar con otras administraciones. Según el PP, «es el perejil en todas las salsas». Él firmó y dio fe pública de que la transacción se había hecho «sin incidencias» y era de total «satisfacción», a pesar de que Salud sabía por el CNMP desde hacía dos meses que las mascarillas recibidas no eran FFP2. Es decir, sabía que las mascarillas recibidas no tenían la calidad de las mascarillas por las que había pagado un precio notablemente superior.

Aun así, Mascaró ha eludido este lunes cualquier responsabilidad en la firma de este certificado a favor de Soluciones de Gestión el 12 de agosto de 2020. Lo ha rebajado a un «documento estándar» sin relevancia, que no habría cambiado nada para la empresa de la trama a la hora de operar con otras administraciones. Sin embargo, es a este certificado al que se aferra ahora Soluciones de Gestión para no atender la reclamación del Gobierno de Baleares por la compra fraudulenta de mascarillas.

De hecho, el actual Gobierno regional del PP ha desistido de la primera reclamación, propuesta por Mascaró, una vez ha tenido conocimiento de toda la información sobre esta compra. El actual responsable del IB-Salut ha iniciado una segunda reclamación administrativa por el importe total de la compra y no solo por la diferencia de precio entre la mascarilla KN95 servida y la FFP2 pagada, como propuso Mascaró el último día de legislatura cuando el Ejecutivo de Armengol estaba de salida.

El actual director de Salud, Javier Ureña, denunció que ni Mascaró ni ningún responsable del anterior Ejecutivo comunicaron al equipo entrante que la Fiscalía estaba investigando los contratos de la empresa Soluciones. Mascaró ha admitido este lunes que no lo hizo y que simplemente «estaba a disposición del nuevo equipo directivo para que me preguntaran».

Mascaró también es el responsable de Salud que rechaza el segundo ofrecimiento de mascarillas por parte de Soluciones de Gestión, apenas tres semanas después de la primera compra fallida, como publicó ABC. «En aquel momento teníamos un problema de espacio. ¿Se rechazaron por falta de espacio? No, sino porque no nos hacían falta más», ha respondido.

El compareciente ha reconocido que dio órdenes expresas de retirar las mascarillas del hospital Son Espases de Palma «para que no cogieran una caja de aquí y otra de allá», y que no se llegaron a repartir entre los sanitarios.

También ha indicado que su despacho estaba en un edificio distinto a la central del IB-Salut en Reina Esclaramunda, por lo que no sabe quién dio el expediente a la Guardia Civil, cuando la UCO se personó en julio de 2022 -a instancias de la Audiencia Nacional- para investigar a la empresa vinculada a la trama de Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. «No hablé [con la Guardia Civil] ni me vinieron a verme», ha sostenido, enmarcando esta intervención de los agentes en la sede de Salud con normalidad: «Me consta que de vez en cuando había entidades judiciales que pedían documentación de algún expediente».

Mascaró tampoco ha precisado quién dio la orden de iniciar la reclamación tres años más tarde si bien asegura que fue una decisión «colegiada». «No le puedo precisar cuándo. Sabíamos que era un tema que había que abordar. Supongo que se habló en el comité de compras», ha aludido sobre este comité formado por él mismo, el director general Manuel Palomino y Mar Rosselló.

A su parecer, tres años de demora es un tiempo razonable para iniciar la reclamación. «Se podría haber hecho antes, ¿dejando de hacer qué? No estuvimos de brazos cruzados. Se reclamó en plazo y cuando pudimos», ha respondido.

Tras el batacazo electoral de Armengol en mayo de 2023, Mascaró dejó un informe propuesta sin ejecutar -el último día de legislatura, el 6 de julio de 2023- aunque con un criterio beneficioso para Soluciones de Gestión SL, ya que exigió solo la diferencia del precio entre la mascarilla FFP2 pedida y la presunta KN95 servida. En total, propuso una reclamación de 2,6 millones de euros y no los 3,7 (más gastos casi cuatro) que se han perdido por la falta de uso. Se quedó como «interino» hasta el 24 de agosto haciendo labores técnicas. Ureña firmó la resolución parcial cuando estaba «recién cesado», ha detallado, reconociendo que fue el PP quien ejecutó la reclamación y no el anterior Gobierno de Armengol.

La jornada había comenzado con el empresario y presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, considerado el conseguidor del caso Koldo y uno de los siete investigados por la Audiencia Nacional por la presunta trama de mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia, rechazando responder a las preguntas que le han realizado los miembros de la comisión de investigación en el Parlamento de Baleares.

«No voy a declarar», ha repetido sucesivamente el exasesor de Globalia a quien también se ha vinculado con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a todas las cuestiones relativas a las mascarillas que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL proporcionó al Gobierno balear que presidía en 2020 Francina Armengol.

El declarante únicamente se ha dirigido al diputado del PP José Luis Mateo para agradecerle que apelara a la presunción de inocencia antes de citarlo. «Gracias por lo de presunto. Es la primera vez que lo escucho», ha dicho. Mateo le ha insistido en que la intención del PP era dilucidar responsabilidades políticas y saber qué pasó con la compra de un millón y medio de mascarillas defectuosas por las que el Gobierno de Armengol pagó en 2020 casi cuatro millones y que acabaron almacenadas y caducadas en un almacén.

A pesar del silencio de De Aldama, los grupos parlamentarios han preguntado al compareciente por sus relaciones con Koldo García, Juan Carlos Cueto o Jacobo Pombo, así como por su enriquecimiento patrimonial. Anticorrupción considera que De Aldama se generó un beneficio económico de 5,5 millones de euros a través de Soluciones de Gestión y con el grupo Cueto.

A las 13.00 horas estaba prevista la comparecencia del que figura como administrador único de Soluciones de Gestión, Daniel Sierra, aunque ya informó de que no iba a acudir.

El director ejecutivo de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, cuya comparecencia estaba prevista para las 15.00 horas, informó este domingo a través de un correo electrónico de su abogado de que había conocido su citación a través de la prensa y que no había recibido una citación formal, por lo que tampoco iba a asistir, informa Europa Press.

Esta semana están previstas también las comparecencias del exministro José Luis Ábalos, y su antigua mano derecha, Koldo García, entre otros.