La justicia balear rechaza garantizar el 25% mínimo de clases en castellano que sí se reconoce en Cataluña

La sentencia, fechada el 1 de septiembre, rechaza la petición y, además, condena a PLIS, defensora de la vehicularidad del castellano en las aulas de Baleares, al pago de costas judiciales.

La entidad pedía en su recurso que se garantizara el uso del español en la educación basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional y en resoluciones adoptadas en Cataluña, donde sí se estableció ese porcentaje mínimo del 25% docencia en castellano. Animada por el precedente Canet, PLIS reclamó a la justicia balear que fijara ese mismo mínimo en los colegios de las islas.

Sin embargo, los magistrados del TSJB consideran que la petición carece de legitimación suficiente y se escudan en que el modelo balear tiene un marco jurídico propio, distinto al catalán.

La resolución de 18 folios, a la que ha tenido acceso ABC, argumenta que la normativa autonómica -la Ley de Normalización Lingüística y la Ley de Educación de la socialista Francina Armengol de 2022- garantiza el aprendizaje de ambas lenguas oficiales, a pesar de que PLIS aportó pruebas de que la «inmensa mayoría» de los proyectos escolares ignoraban la normativa estatal y autonómica sobre el uso del castellano como lengua vehicular.

Aunque Baleares no cuenta oficialmente con un modelo de inmersión lingüística, la normativa lo permite de facto. El actual Decreto de Mínimos establece un suelo del 50% de clases en catalán pero no fija ningún techo, lo que en la práctica ha servido para arrinconar el castellano y reducirlo casi en exclusiva a la asignatura de Lengua Castellana.

El fallo del TSJB refuerza la legalidad del modelo después de que en 2024 el mismo tribunal ya lo hubiera avalado en un caso individual planteado por Salvador Iglesias, un padre que pedía más horas en castellano para su hija, tal y como avanzó este diario.

Los magistrados concluyen que la normativa balear tiene cobertura legal propia y es distinta de la catalana tumbada por el Alto Tribunal.

La Obra Cultural Balear (OCB) -entidad catalanista generosamente subvencionada durante años por el Govern de Francina Armengol- se personó en el proceso junto al Ejecutivo autonómico. Ahora celebra el fallo como «una victoria frente a los intentos de erosión del modelo lingüístico educativo de Baleares, un modelo que, según defienden, «lleva décadas consolidado y consensuado».

La entidad balear, satélite de la catalana Òmnium Cultural, que promovió el referéndum ilegal en Cataluña, afirma que el consenso de la comunidad educativa y de las familias resulta «fundamental para resistir los ataques que sufre el modelo lingüístico, vengan de donde vengan».

El objetivo de PLIS, sin embargo, era que el castellano se reconociera como lengua vehicular en al menos un 25% de las horas lectivas y en una materia troncal o equivalente. PLIS denunció que la «inmensa mayoría» de los proyectos escolares ignoraban la normativa estatal y autonómica sobre el uso del castellano como lengua vehicular.

Los demandantes constataron que el incumplimiento alcanzaba al 93% de los centros de infantil y al 80% de los de primaria, reflejando que el uso del castellano quedaba prácticamente relegado a la asignatura de Lengua Castellana, exactamente lo mismo que un idioma extranjero. Los profesores recurrieron a un tribunal de arbitraje, que les dio la razón, para conseguir los proyectos lingüísticos de los centros educativos porque la ex presidenta Francina Armengol se negó a ello.

Sin embargo, el tribunal desmonta ese argumento al señalar que la asociación no aportó pruebas concretas y que en "ningún momento" identificó qué centros incumplían esa obligación.

PLIS no se ha pronunciado sobre la decisión judicial a la espera de analizar la sentencia.