Baleares pedirá la suspensión cautelar del reparto de menores inmigrantes

Con más de 680 jóvenes bajo tutela y una sobreocupación que supera el 1.000 por ciento, el Ejecutivo balear solicitará a la Justicia la suspensión cautelar del reparto estatal que obligaría al archipiélago a recibir a 49 menores procedentes de Canarias y Ceuta a partir del próximo martes.

En ese encuentro, todas las instituciones coincidieron en la necesidad de diseñar una «estrategia legal» para frenar el reparto de menores que el Gobierno pretende activar el 28 de agosto. El frente judicial se articula en tres fases: Baleares ya recurrió la reforma de la Ley de Extranjería que articula estas derivaciones -recurso admitido a trámite en marzo por el Tribunal Constitucional-.

Ahora, además, impugnará el real decreto del 22 de julio que regula el procedimiento de acogida de estos menores y, llegado el caso, también la resolución que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo martes. El objetivo es que la Justicia suspenda de forma cautelar la aplicación de esas normas, argumentando la saturación de los servicios de tutela de menores sin referentes parentales en las islas.

Prohens fue tajante: «Aquí ya no les podemos acoger encondiciones de dignidad. No hay medios, no hay profesionales, no hay centros. Posiblemente nos veremos obligados a habilitar espacios en los que ningún menor debería vivir nunca».

Una advertencia que refleja la situación límite de unos recursos que, solo este año, han debido absorber la llegada de más de 300 jóvenes migrantes. La presidenta alertó además de que la presión migratoria no se detendrá. «Los propios menores cuentan que en Argelia hay centenares esperando a cruzar en los próximos meses», aseguró.

Mientras tanto, en Canarias la situación se desarrolla en paralelo, marcada por el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que ordena al Estado hacerse cargo de más de 800 menores demandantes de protección internacional. Ayer, un grupo de nueve chicas salió del centro Canarias 50, en Las Palmas, para ser reubicadas en la Península.

Se trata del primero de los dos traslados previstos esta semana. En total 16 menores solicitantes de asilo habrán dejado el sistema de acogida canario, que sumados a los 15 derivados la semana anterior hacen un total de 31. Por su parte, el Gobierno canario denuncia que se trata de «un ritmo insostenible» y acusa al Ejecutivo central de ignorar el fallo del Supremo que obliga a aliviar el hacinamiento en los centros.

La posición de Baleares se enmarca también en un contexto de tensiones con el Gobierno central. La reunión celebrada el pasado 29 de julio entre Pedro Sánchez y Prohens, que se presentó como una oportunidad para pactar un calendario de derivaciones, terminó sin avances, lo cual agrava la incertidumbre que, en el caso balear, se traduce en un mensaje claro: detrás de las postales, las islas dicen basta.