La AVT denuncia dos nuevos terceros grados a etarras y apunta a la Fiscalía por no recurrir

En un comunicado, detallan que en el caso de Otegi, se trata de la segunda semilibertad que se le concede, pues la primera fue revocada por la Audiencia Nacional y subrayan que «no ha cumplido con las tres cuartas partes de la condena que exige la ley (ha cumplido en España 16 años de los 22,5 exigidos)» para progresar de grado. Sobre Sáez de la Cuesta, refieren que ha penado «23,5 años de condena de los 30 fijados».

«Desde la AVT observamos con preocupación el crecimiento exponencial de estas decisiones desde el pasado mes de septiembre, pues el Gobierno Vasco ha concedido ya siete progresiones de grado en apenas dos meses. Algo que nos gustaría subrayar, es que ninguna de estas siete progresiones ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal, de hecho: desde que el presente responsable de estas decisiones ostenta el cargo, no ha recurrido ninguna progresión», señalan.

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Se refieren al fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro, que se hizo cargo de la coordinación de vigilancia penitenciaria en tanto se soluciona la plaza que ha dejado vacante Carlos Bautista, quien se ha pasado a la abogacía en el sector privado. De acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por ABC, esta situación es provisional, en tanto se dirime como ocupar las vacantes que ahora tiene entre jubilaciones y salidas, la Fiscalía de este órgano, el competente para los delitos de terrorismo.

«Si al crecimiento exponencial de terceros grados le sumamos que no se va a recurrir ninguno, el resultado que nos tememos es que en pocos meses todos los presos de ETA ya disfruten de la semilibertad», dice la Asociación Víctimas del Terrorismo, que cifra en 87 las progresiones de grado concedidas a 69 presos de ETA -algunos han progresado hasta tres veces tras las revocaciones previas del juzgado- desde que el País Vasco ostenta la competencia sobre las cárceles.

Exigen que tanto por parte de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco como por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «se vuelva a una interpretación rigurosa de legislación penitenciaria que no favorezca la puesta en libertad de los miembros de ETA presos antes de que cumplan con sus límites máximos de cumplimiento de las condenas».

Le suman «preocupación por el ritmo creciente de concesiones de libertades condicionales por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional». En concreto, señalan cuatro libertades condicionales concedidas en el mes de octubre y otras tantas de las que dicen, tienen constancia de que «están siendo gestionadas».

«Las víctimas del terrorismo siempre hemos confiando en el Estado de Derecho para hacer justicia a nuestros seres queridos asesinados, y aunque haya decisiones que nos cueste comprender, si son legales, las aceptamos resignadas. Lo que sí pedimos es que la legislación y la política penitenciaria no se conviertan en la puerta de atrás del derecho penal y vacíen de contenido las condenas fijadas en sentencia», añaden, para lamentar «los privilegios de los verdugos» a los que tienen que asistir mientras a ellos se les «intenta borrar del mapa». «La gran diferencia, es que ahora ya no contamos ni con el apoyo de la Fiscalía. Estamos más solas que nunca«, dicen las víctimas.