El fiscal que frena la excarcelación de etarras deja la Audiencia Nacional

El cese, que es oficial desde este miércoles, esconde el proceso interno de quien siente que ha alcanzado un «techo de cristal»: pese a una trayectoria en la que destacan procedimientos como el juicio del 11-M, el de Gestoras Pro Amnistía o el caso Faisán, lleva siete años pidiendo sin éxito una plaza en el Tribunal Supremo.

En conversación con ABC, cuestiona el modo en que se proponen los nombramientos ya desde las propias asociaciones en el ámbito de la Fiscalía. «No hay una comisión que fije con un baremo objetivado de méritos quién pasa al Consejo Fiscal para valoración (de la candidatura). Aquí no tenemos un criterio objetivo de por qué te cogen y por qué no. Yo habría estado dispuesto a hacer un currículum ciego, que igual para que me nombren no da, pero sí para sacar algún voto, ¿No? Lo pedimos 25 y sólo se debatió sobre cuatro personas. Los demás recibimos una especie de negativa por silencio tácito», lamenta.

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Recuerda que una decena de fiscales de la Audiencia Nacional han abandonado la 'casa' durante los últimos años, con casos como el de Daniel Campos, de larga trayectoria y experiencia en materia de blanqueo de capitales que dejó los Juzgados Centrales de Instrucción al constatar que no podría progresar a Teniente Fiscal, el número dos en este órgano. Comenta por eso que «la Administración Pública es a veces indiferente al talento», mientras la empresa «es muy hábil captándolo».

«En la Audiencia Nacional he estado casi 19 años. No es la primera vez que alguien me propone irme a la empresa privada, no era mi objetivo profesional ni me lo había planteado. Pero en el caso de Chabaneix Abogados hay un proyecto profesional y el despacho se centra un área con la que tengo una sinergia muy grande, que son las extradiciones y el derecho penal económico. Y llega en el momento oportuno de reflexión personal. Si llego a estar en el Supremo ni me lo planteo», afirma.

Su marcha se produce en una etapa convulsa para la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Están recientes las salidas de Miguel Ángel Carballo, ahora jefe en Ciudad Real, cuya plaza se ha cubierto en comisión de servicios, como la de Marcelo Azcárraga, que se mudó a Antidroga. Pedro Rubira, además, se ha jubilado. «En una fiscalía tan pequeña, que somos 18 personas, cuando se van 3, se nota muchísimo y los compañeros van a estar agobiados. Es muy fácil desestabilizar una Fiscalía», comenta, tras recordar que ante una salida, los casos que lleva esa persona han de repartirse entre los demás en espera de nombramiento.

Aunque llevaba mucho peso de causas en el juzgado y la coordinación de todas las extradiciones, «lo más noticioso», dice, siempre fue su actividad en vigilancia penitenciaria hasta convertirse en una de las bestias negras del entorno de ETA. La razón, que cuando el Gobierno del País Vasco asumió las competencias de prisiones comenzó a practicar una política de puertas abiertas, progresando a tercer grado incluso a presos con delitos de sangre que salían a la calle sin cumplir los requisitos legales -en total son 80 semilibertades desde febrero de 2022-. Y le encontraron enfrente.

El Tribunal Supremo acabó imponiendo que el recurso de la Fiscalía contra estas decisiones las dejaba en suspenso para evitar que un etarra pasase semanas o meses durmiendo en su casa en tanto se dirimía la decisión sobre su semilibertad. Hasta ahora se han revocado 16 terceros grados y 9 están suspendidos por los recursos presentados por Bautista. Esto le puso de nuevo, en el punto de mira del entorno de los presos, que reclaman incluso que las competencias dejen de ser de la Audiencia Nacional. Quedan 159 etarras en prisión, con datos del Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Él confía en que la pauta que ha seguido frente a las progresiones se mantenga tras su marcha porque es doctrina de la Sala y porque los propios reos están dando su brazo a torcer. «En el último año ya vemos personas que llevan tres cuartas partes de la pena cumplida, compromiso de pago de las responsabilidades civiles, petición de perdón específica y no genérica, con mención de todas sus víctimas, y que han solicitado permisos previos. Estos cuatro elementos han sido finalmente aceptados y es por lo que ahora apenas la Fiscalía recurre, porque una vez se acatan los criterios no vamos a cambiar las reglas a mitad de partido. La clave es que esto va a ser independiente de que yo no esté, porque esas reglas ya están siendo aceptadas. Y quien quiera que me sustituya lo va a encontrar todo encarrilado», afirma.

Cambia la toga de fiscal por la de letrado aunque dice, no se dejará ver mucho en las Salas. El suyo será trabajo de bambalinas. «Después de 32 años que he dado a la ley, tocaba pensar un poco en mí, aunque no se me olvida lo que he hecho. El orgullo del trabajo bien hecho y el honor de defender a la justicia española en determinadas situaciones muy complicadas. Eso es impagable».