La Audiencia Provincial de Badajoz avala la incautación de los correos del hermano de Sánchez
Desestima los recursos contra aquella decisión de la juez por la que la Guardia Civil intervino los mails de una decena de personas
Un tribunal decidirá sobre los correos del hermano de Pedro Sánchez
La Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado a la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón y desestimado los recursos presentados contra la intervención de los correos electrónicos de casi una decena de personas en la Diputación de Badajoz, ... en el contexto de la causa por la que está investigado bajo sospecha, entre otros, de un ilícito de tráfico de influencias en la obtención de su puesto de trabajo.
En un auto al que tuvo acceso ABC, los magistrados concluyen que «se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para la adopción de la medida». «Y que en toda investigación por antonomasia existe una inicial indeterminación sobre los elementos del delito objeto de la misma, a cuyo fin sirven las diligencias que se puedan acordar. No por ello es prospectiva», añaden.
La juez Beatriz de Biedma acordó esta diligencia tras un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se descartaban irregularidades en los pliegos de contratación de David Sánchez como Jefe Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz pero advertían de que podrían haberse dado «actos preparatorios» para concederle ese puesto que escapasen a la fase administrativa.
La UCO entró así en la Diputación y se llevó los correos electrónicos enviados y recibidos de siete trabajadores de este organismo público que pudieran haber intervenido, incluidos el presidente, Miguel Gallardo, y el propio David Sánchez. Fue el primero quien recurrió, pues el segundo lo hizo fuera de plazo y su pretensión no fue admitida. Y es al que responde ahora, como al responsable de asuntos jurídicos que está imputado en la causa, la Audiencia Provincial.
Alegaban que la juez se apoyaba en una máxima de experiencia de la Guardia Civil, que no en indicios concretos. Criticaban además el alcance de la medida, que abarcaba todos los correos electrónicos desde el año 2016 y podía lesionar los derechos de terceras personas que hubiesen participado en comunicaciones sin tener nada que ver con la investigación. Sin embargo, los magistrados rechazan punto por punto sus argumentaciones y concluyen que las resoluciones de la juez tenían motivación suficiente y se ajustan a derecho.
«Es evidente como decimos que nos encontramos ante un Auto, el del 9 de julio, que contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso», dice la resolución, para añadir: «Observamos que existe motivación más que suficiente».
La Sala señala que la decisión de la juez «ha sido exquisitamente cuidadosa con la determinación del ámbito subjetivo y objetivo afectado, contra lo que dispone el recurso». «No podemos sino refrendar dicha motivación sin encontrar esa indeterminación y vulneración que refleja sin mayor justificación el recurso», añade.
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