La Audiencia Nacional renuncia a investigar el secuestro de dos españoles en Guinea Ecuatorial
El juez Pedraz concluye que no puede seguir adelante porque las autoridades ecuatoguineanas han abierto una causa sobre los mismos hechos
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha renunciado a seguir adelante con la investigación que abrió por el secuestro de dos nacionales españoles y otros dos ecuatoguineanos residentes en España y su traslado a una ... cárcel de Guinea Ecuatorial donde habrían sufrido torturas hasta el punto de que al menos uno de ellos, resultó muerto. Considera que no tiene competencia porque ya hay abierta una causa por los mismos hechos en aquel país.
«A la vista de la comisión rogatoria y los hechos imputados concurren los requisitos para que no puedan perseguirse los delitos investigados en España y con ello acceder a la cesión de la jurisdicción: La solicitud de cesión es clara en cuanto indica que se trata de los mismos hechos y consta que se ha iniciado un procedimiento para su investigación y los investigados no se encuentran en territorio español», dice la resolución, fechada este lunes.
Se trata de los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama, y los residentes en España Feliciano Efa y Julio Obama. Los cuatro viajaron en noviembre de 2019 a Sudán del Sur convocados a una supuesta reunión de opositores al régimen de Teodoro Obiang pero fueron interceptados a su llegada al aeropuerto de Juba y acabaron trasladados en un contenedor a Malabo. Allí, un consejo de guerra sin garantía alguna les envió a prisión. Julio Obama falleció en enero de 2023, según consta en la causa, por razón de las torturas.
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Pedraz venía investigando el asunto bajo presunción entre otros, de delitos de lesa humanidad y tenía imputados a un hijo del dictador, Carmelo Ovono Obiang, que es el secretario de Estado para la Seguridad en el Exterior; y otros dos jerarcas, Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional; e Isaac Nguema, también alto cargo. No les llegó a tomar declaración, como tampoco se detuvo a Ovono cuando fue localizado en Madrid estando abiertas las pesquisas y el juzgado consideró que era más proporcional darle traslado de la querella.
Ahora, después de que las autoridades de Guinea Ecuatorial respondiesen por escrito a la Audiencia Nacional que habían abierto una investigación sobre lo sucedido con los cuatro opositores, el juez concluye que «no hay otra posibilidad que ceder la jurisdicción», aunque la acusación considera que ni la rogatoria ni la causa que anuncia gozan de la mínima credibilidad.
«Ello resulta indiferente a la conclusión de acordar la cesión, pues lo cierto es que la rogatoria ha llegado vía diplomática y a través de los cauces oportunos (Asuntos Exteriores y Ministerio de Justicia como Autoridad Central y en base al principio de reciprocidad internacional», razona el juez.
«No se investiga a Guinea Ecuatorial»
En su opinión, «resulta inadmisible basar esas dudas» de la acusación en «los altos grados de corrupción existentes en Guinea Ecuatorial» o a la posibilidad de que siendo altos cargos los señalados, pudieran «activar resortes paralelos de la Administración para sus intereses», porque no cabe duda de que han sido las autoridades ecuatoguineanas quienes han solicitado la cesión de la investigación.
«Se insiste: en estas diligencias no se investiga el régimen guineo ecuatoriano. Y se debe proceder como si de cualquier otro país se tratara en base al principio de reciprocidad internacional», añade el auto de Pedraz, para incidir en que no consta que ninguno de los hechos objeto de las pesquisas se hubiera cometido en España y la mera alegación de que comenzaron a ser espiados en territorio nacional no basta.
En este sentido, la Fiscalía pedía la declaración de un testigo identificado por la Comisaría General de Información, donde refirió que «hubo seguimientos a Bienvenido Ndong Ondo, en el año 2019 en España que los mismos pudieran tener relación con el secuestro investigado». Para el instructor, no es pertinente, ya que «solo aportaría que al parecer hubo algunas vigilancias en suelo español, mas de ello no se sigue la competencia de la jurisdicción española».
«Tales vigilancias o seguimientos por detectives privados (lo que además no es delito); sin que conste claramente a qué obedecieron (no se sabe qué persona los contrata ni qué relación tiene con los investigados), se produjeron antes de mayo de 2018, esto es, mucho más de un año antes del secuestro», añade.
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Además, considera que «no hay base alguna en esta causa para considerar que Guinea Ecuatorial no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo». «De momento consta, por la rogatoria, que está dispuesta, y si luego no pudiera realmente hacerlo será cuestión a resolver posteriormente si se constatara al efecto, máxime habiéndose ofrecido a los perjudicados su personación», subraya.
En la misma línea, descarta que sirvan para apuntalar esa tesis los argumentos de la acusación: «No puede pretenderse una causa general contra Guinea Ecuatorial por la 'persecución de opositores al régimen', como así parece considerar la acusación, y menos aún que el juez que instruye esta causa tenga por acreditada una corrupción generalizada, represión política por el presidente Obiang».
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