«¿Conocéis a Teodoro Obiang? Paga mucho por vosotros»

Así consta en el sumario al que ha tenido acceso ABC de la causa por secuestro y lesa humanidad que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional contra dos jerarcas del régimen de ecuatoguineano residentes o con intereses en España; Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang y su secretario de Estado para la Seguridad en el Exterior; y Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional.

Ellos habrían participado tanto en el «secuestro» de los cuatro opositores como en su traslado forzoso a Guinea Ecuatorial en un avión oficial y después, en las torturas que los cuatro alegan haber padecido en el encierro hasta acabar con un mono naranja ante un consejo de guerra y la televisión nacional pidiendo perdón al presidente del régimen por un conato de golpe de Estado en el que no figura que participasen. Era marzo de 2020 y la primera constatación oficial de que estaban, como sospechaban sus familias, retenidos en el país.

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El asunto se sigue desde aquel año, cuando la Fiscalía judicializó las denuncias que los familiares habían presentado en comisaría por el secuestro de los suyos, pero no había registrado ningún avance hasta que el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) al que los cuatro pertenecían, presentó una querella el año pasado, como avanzó El País, dando los nombres de tres testigos protegidos cuyas declaraciones y materiales aportados han sido claves.

La investigación se seguía bajo secreto hasta el pasado 29 de diciembre, cuando agentes de la Comisaría General de Información localizaron a Carmelo Ovono en un hotel de Madrid y pidieron su detención, pero no fue acordada por juez del caso, Santiago Pedraz, que ordenó notificarle la querella y requerirle para que nombrase abogado, procurador y domicilio en el que recibir notificaciones.

De acuerdo al acta que levantó aquel día la Policía, faltó a la verdad. Dijo que ninguna residencia tenía en España, cuando ya se habían aislado una batería de inmuebles a su nombre, incluidas la casa de su madre, la de su pareja en Marbella y una empresa, para preparar posibles embargos de cara a las también posibles fianzas. Pocas horas después, volaba rumbo a Guinea Ecuatorial.

Las fuentes de la investigación consultadas por ABC no esconden su «perplejidad» porque se da por hecho que ese alto cargo ecuatoguineano no volverá a estar a tiro de la Justicia española, aunque se haya personado en la causa. Fuentes jurídicas inciden en que la Fiscalía no pidió la detención, sino «la práctica de diligencias que sean necesarias para asegurar que en su caso sean puestos a disposición judicial sin perjuicio de la práctica de las diligencias que sean necesarias practicar por la unidad encargada de la investigación sobre toma de declaraciones». En un auto del juez del 10 de diciembre Pedraz ya decía que «no procede la detención 'judicial'» de los ecuatoguineanos «como se deduce del informe del Ministerio Fiscal». El día 29 llegó a la misma conclusión.

Como fuere, Carmelo Ovono se fue de España y no se le da por prófugo habida cuenta de que ha designado abogado. No se ha librado orden de detención internacional contra él. Mientras, en el entorno de los querellantes no esconden su indignación con la decisión judicial, porque el 29 de diciembre ha sido lo más cerca que han estado de poder interrogar al que presumen, es responsable directo de secuestros y torturas. Del paradero de Nicolás Obama todavía no hay ningún avance, pero a diferencia de Obiang, él ya sabe que existe la querella porque se alzó el secreto de sumario, es decir, podría no volver a pisar España.

La polvareda no se ha levantado sólo en la causa. El Gobierno de Teodoro Obiang respondió a la noticia de que existía este procedimiento abierto llamando al embajador de España en Malabo. Fuentes diplomáticas españolas consultadas por ABC no proporcionan más detalles sobre el tono ni el contenido de la reunión, pero el martes por la noche, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial y a la sazón hijo del dictador, Teodoro Nguema Obiang Mangue, acusó en Twitter a España de querer «desprestigiar el nombre» de su país y «tergiversar la historia».

«¿En qué parte del mundo, tras un mandato judicial de arresto internacional, se acusa a un miembro del Gobierno por ello? Esto sólo ocurre en España. G.E ha procedido con toda la legalidad, así que lo que pretende España, no prosperará», decía en uno de sus mensajes.

El hecho es que cuando en 2019 Exteriores se movilizó para intentar averiguar qué había pasado con los dos nacionales españoles que iban en el grupo -los dos ecuatoguineanos no estarían en su ámbito de actuación pese a que viven en España-, Sudán del Sur nunca respondió a la pregunta de si había existido un procedimiento de extradición y en Guinea Ecuatorial no informaban, pese a «innumerables gestiones», según el sumario.

El 30 de marzo de 2020 llegó el juicio y los cuatro fueron sentenciados. La embajada española solicitó mediante Nota Verbal que a los españoles se les pudiera prestar la «asistencia y visita consultar habituales» pero se denegó so pretexto de pandemia de coronavirus. La televisión oficial de Guinea Ecuatorial, que no cubrió más que el último día de la vista oral, emitió la imagen de los cuatro reconociendo los hechos y pidiendo perdón al régimen, conforme explican los denunciantes. La querella asegura que estaban todos «encañonados». Volvieron a la celda. Sus familiares en España siguen sin poder hablar con ellos.

Fuentes de la diplomacia consultadas por ABC explican que la situación de estos dos españoles es «un punto permanente en la agenda de diálogo con Guinea Ecuatorial» desde entonces y que la apuesta del Gobierno en esta situación es «mantener los cauces de diálogo abiertos». En cuanto a los presos, señalan que se les ha prestado la atención consular «que se ha podido prestar» y se mantiene el contacto con las familias. La última «gestión consular» se ha producido, de acuerdo a las mismas fuentes, «hace unos días» desde el consulado de Bata, pero no precisan en qué sentido.

«La fuerza policial no tiene nuevas informaciones oficiales relativas a los esfuerzos diplomáticos españoles realizados con posterioridad al 30/09/2020 y no puede asegurar que a fecha de hoy se haya materializado la asistencia consular. Aunque así fuera, la evidente falta de colaboración, asistencia y evasivas a responder a las peticiones oficialmente formuladas por la Embajada española hasta pasados más de un año de la detención, supone una flagrante vulneración de los derechos consulares de los detenidos», recoge un informe de la Comisaría General de Información fechado el pasado 1 de diciembre.

Los cuatro siguen allí, en una celda minúscula, según la querella y los testigos, de una prisión de máxima seguridad. Fueron condenados a penas de 70 y 90 años de cárcel en un proceso que a la luz de los informes policiales, no gozó de garantía alguna. Los investigadores enmarcan lo sucedido en una política sistemática y represiva de la oposición desplegada por el gobierno de Obiang que cruza fronteras, infiltrando a su gente en movimientos de la disidencia en lugares como España y contando con la colaboración de servicios de seguridad en países afines.

En el caso de Bienvenido, Martín, Feliciano y Julio, viajaron bajo engaño a Juba desde el inicio, de acuerdo a los querellantes, y tras haber referido dos de ellos que estaban siendo espiados en suelo español. La Policía agrupa diversas denuncias que se incrementaron desde 2018 entre opositores con residencia o asilo político en España por hechos similares y menciona expresamente la desafección y la desconfianza que el colectivo muestra hacia la justicia española porque todas acaban «sistemáticamente archivadas».