La Audiencia de Madrid suspende un día el juicio al Pequeño Nicolás por falta de documentación

Poco ha durado la sesión, que arrancaba ya con más de media hora de retraso. Al término del debate sobre las cuestiones previas el tribunal ha acordado un receso que se ha acabado convirtiendo en una suspensión, al menos, hasta este martes. No estaba toda la causa digitalizada y al acceso de los presentes. En teoría, se subsanará el defecto a lo largo del día y mañana, comenzarán las declaraciones de los acusados.

En el banquillo se sientan junto a Gómez Iglesias los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos, el guardia civil Francisco Javier Sánchez López y el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande. Todos, de un modo u otro, habrían colaborado con el 'Pequeño Nicolás' en ese acceso a información «confidencial» que detalla la Fiscalía.

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Las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones. Consideran que se han producido afectaciones de derechos fundamentales a lo largo de la instrucción en los juzgados de Madrid con efectos graves en la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y del entorno virtual y el secreto de las comunicaciones, entre otros.

Asimismo, han incidido en que se deben tener en cuenta las dilaciones indebidas: El auto de procesamiento se dictó en marzo de 2017 y el de apertura de juicio oral no llegó hasta 2019. El juicio ha debido esperar hasta 2023.

El abogado de Gómez Iglesias, en concreto, se centraba en la petición de nulidad del auto que posibilitó las entradas y registros en su domicilio y el volcado consecuente de sus teléfonos móviles. Considera que no estaba lo suficientemente motivado y que supuso así, una quiebra de los derechos de su defendido. Es la misma estrategia que ha seguido la defensa en el resto de los juicios sin conseguir, al menos hasta ahora en primera instancia, invalidar ese auto.

En este sentido, la piedra angular del procedimiento es el contenido de un grupo de Whatsapp bautizado «Dpto Seguridad Nacional» en el que Gómez Iglesias y los dos municipales concretaban cómo y cuánto dinero se repartían por la colaboración, siempre según el relato de la Fiscalía.

Se trataba, fundamentalmente, de poner nombre a una serie de placas de matrícula, líneas de teléfonos o números de identificación, que los municipales, «aprovechando su condición, procedían a extraer» de las bases de datos oficiales y luego se la facilitaban «a cambio de promesas y remuneraciones económicas».

La Fiscalía se ha opuesto a las reclamaciones y ha defendido la investigación, que se ha desarrollado en su opinión, sin cruzar línea roja alguna. «No hay ningún dato que permita entender que la investigación fue ilegal», ha señalado el representante del Ministerio Público.

También se oponía a citar como testigo al empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga, cuya declaración fue clave para la absolución del Pequeño Nicolás del delito de estafa que afrontó en el último juicio. Sin embargo, la Sala sí ha acordado que puede comparecer a declarar.

«Este año se cumplen 9 desde que pasó todo esto y el año que viene 10. Estoy deseando que termine», decía Gómez Iglesias. Hasta mañana, tendrá que esperar.