Asociaciones de jueces piden reuniones urgentes con los partidos ante «las gravísimas consecuencias» de la ley del PSOE que limita la acción popular

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones, que representan a unos 1.300 jueces de los 5.400 que hay en activo, recuerdan que la acción popular está prevista en el artículo 125 de la Constitución como derecho de los ciudadanos e implica la posibilidad de formular acusación distinta e independiente de la posible acusación pública del Ministerio Fiscal y la acusación particular de las personas o entidades perjudicadas por la comisión de un ilícito penal.

Preocupadas por la «instrumentalización» que gobiernos de distintos partidos han hecho de la acusación pública y también por la reforma que pretende dejar la instrucción en manos de los fiscales, advierten que la restricción del ejercicio de la acción popular que se pretende «supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y tribunales». «Gobiernos de cualquier signo -dicen- podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del poder judicial«.

Además, subrayan que la imposibilidad de que las asociaciones profesionales de jueces puedan ejercer la acción popular «supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera, así como para la promoción y defensa del Estado de Derecho».

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Apuntan que los procedimientos penales acaban por sentencia, condenatoria o absolutoria, en virtud de los hechos que se consideren probados, y con respeto al principio de presunción de inocencia, «no en función de quién haya ejercido la acusación».

En este sentido, consideran que el actual ordenamiento jurídico ya contiene «mecanismos suficientes para sancionar el abuso de derecho en general, y las denuncias falsas y querellas infundadas en particular»: «Si lo que se pretende es acabar con el estigma social que se genera a las personas investigadas por una instrucción judicial, o limitar la llamada 'pena de banquillo', lo correcto sería dotar a los órganos judiciales de medios adecuados para que los procedimientos (en este caso, la instrucción de causas penales) se puedan completar en períodos de tiempo razonables, pero nunca limitar las vías de acceso a la tutela judicial, ni los medios de conocimiento por jueces y tribunales respecto de hechos que puedan ser delictivos».

En cuanto a la ampliación de los motivos de abstención de jueces y magistrados, recuerdan que la ley del poder judicial ya establece la prohibición a los miembros de la carrera judicial de ejercicio de determinadas actividades políticas y que la infracción de ese mandato a día de hoy es susceptible de responsabilidad disciplinaria.

Si lo que se quiere es evitar que se comprometa la imagen que los justiciables puedan tener de jueces y magistrados sobre su neutralidad al haber exteriorizado públicamente una opción política, «lo más adecuado sería reformar de manera urgente y definitiva el sistema de elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, que en la actualidad obliga a los jueces y magistrados que presentan sus candidaturas a someterse al escrutinio de los partidos políticos, asumiendo ante la ciudadanía una etiqueta de conservador o progresista que lastrará el ejercicio futuro su actividad jurisdiccional».