Asesor del CNI, de Seguridad Nacional y del Ejército de Tierra: Los carnés falsos de Luceño

Son los papeles que encontraron los investigadores en casa de Alberto Luceño, el comisionista del caso mascarillas que está cerca de sentarse en el banquillo por una estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid en una operación para la adquisición de guantes, mascarillas y test de covid por las que el consistorio pagó 11 millones de euros de los que más de la mitad, fueron a su bolsillo y al de Luis Medina, socio en esta operación.

Lo recoge un reciente informe de la Policía Nacional, que sigue peinando los indicios intervenidos en las entradas y registros y que lo ha aportado al juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, donde la causa se dio por instruida el pasado 3 de abril.

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Además de los falsos carnés, a los que se suma una placa ficticia de agente del CNI y otra identificación detallados ya en un informe previo, los investigadores hallaron un documento en el ordenador de Luceño bautizado como «yo»: tres páginas en las que «se relatan varios aspectos relacionados con el Centro Nacional de Intelgencia y el Departamento de Seguridad Nacional» con epígrafes tipo «¿Qué es?» «¿De quién depende el CNI?». Le sigue un organigrama, como también en otro folio que describe someramente la Dirección de Seguridad Nacional.

El tercero lo que recoge son unos apuntes en cinco apartados con temática relativa a «cómo han de actuar personas, autoridades o funcionarios ante los que se exhiba la acreditación del CNI». Lo había sacado de internet, de acuerdo a las conclusiones de los investigadores, que dan especial relevancia a esa mención sobre el impacto de portar documentos de la Institución, habida cuenta de los que encontraron en su domicilio.

Por otra parte, los investigadores han aportado otro oficio que señala directamente a Medina por falsedad documental, ilícito por el que ya ha sido procesado. Según explica, «a iniciativa del propio Luis Medina y aceptado sin cortapisas por Alberto Luceño, se plantean la modificación de uno de los documentos a entregar a las entidades bancarias a donde arribarán los fondos para que las mismas no sean conscientes de la abultada cuantía que implicarían las comisiones de ambos respecto de una sola operativa comercial«.

En concreto, el mensaje decía: «No crees que es mejor que las IMFPA'S (contrato de protección de honorarios/comisiones) las hagamos separadas de cara a aquí a nuestros bancos de cada uno para que no vean, que sabes que el beneficio tuyo y mío es tan grande (...) van a decir ostia, pero qué tipo de pelotazo es este, sabes? y que ahí entran los de blanqueo de capitales a mirar, a investigar».

A partir de ahí, conforme relata la Policía, se intercambiaron los documentos «con diversas versiones y modificaciones para ejecutar el plan» y «a pesar de que dicho extremo no parece ser llevado a término, sí se observa con claridad el pleno conocimiento de lo comprometido de la operación comercial, mostrando su ánimo de ocultar y distraer el monto global de lo percibido».

De hecho, Anthony, el interlocutor de Luceño con el CEO de la empresa fabricante del material, San Chin Choon, le envió un correo en el que la entidad bancaria MayBank a la que el Ayuntamiento de Madrid envió los pagos por la mercancía, pide explicaciones por el hecho de que las comisiones de los intermediarios españoles supusieran «el 59,8% y el 70,95% del valor de los productos«, respectivamente.

En ese momento, comienzan a valorar «la utilización de la 'puerta trasera'», según dicen los mensajes, para liberar los fondos pagando una cantidad a las entidades competentes a fin de cancelar el expediente que mantiene el dinero bloqueado. Luceño llega a ofrecer a Anthony expedir facturas por servicios de consultoría.

Y de ocultar habla un escrito de la Abogacía del Estado, que recurre la decisión del juez de archivar para Medina la imputación por alzamiento de bienes. Recurre en apelación porque teniendo deudas con la Agencia Tributaria, cobró un millón de euros del negocio de las mascarillas y se lo gastó en bienes de lujo e inversiones, sin reservar fondos para hacer frente a los pagos que tenía pendientes con el erario público.

Contra la imputación por alzamiento, Medina aportó la expectativa de una herencia familiar que todavía está pendiente de sentencia firme y que le permitiría eventualmente asumir las responsabilidades civiles que surgieran de ser condenado por este asunto. Para la Abogacía, una perspectiva de herencia no es una garantía y menos cuando ha sido recurrida por el resto de herederos.

Desde el año 2013, el aristócrata tiene deudas pendientes en periodo ejecutivo que ascienden a 679.059 euros, sin contar los intereses de demora. Y antes del 31 de marzo de 2020, cuando se materializó la operación de las mascarillas, se contaban 231.444 euros pendientes en periodo ejecutivo y notificadas las providencias de apremio. Pero no destinó nada de lo cobrado de Malasia para hacerles frente.