Armengol aparca el control al Gobierno que Sánchez exigió a Rajoy

Hace siete años, en el bloqueo más largo que ha vivido la democracia española, el conflicto se arrastró hasta un choque sin precedentes. El Congreso, bajo la presidencia del socialista Patxi López, llevó al Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) por su negativa a ser controlado mientras permaneciese en funciones. Pedro Sánchez ganó esa batalla dos años después, cuando el órgano de garantías falló por unanimidad que el Ejecutivo, aun interino, debe rendir cuentas.

Fue el PSOE, como principal partido de la oposición, quien lideró esa protesta contra el Gobierno de Rajoy. Pero ahora la urgencia que había en 2016 se convierte en calma y relativismo. Vox solicitó formalmente ya el 31 de agosto, más de un mes después de las elecciones, el inicio de las sesiones de control en el Parlamento. Con la investidura de Alberto Núñez Feijóo fijada ya para finales de septiembre, se justificó que no tenía sentido convocar plenos para pedir explicaciones a un Ejecutivo mientras un candidato negociaba apoyos de otros grupos.

No obstante, tras el fallido intento del popular Núñez Feijóo de obtener la confianza de la Cámara Baja, Sánchez sigue siendo presidente en funciones y continúa sin someterse al control parlamentario. «El Gobierno se resiste a abrir el Congreso para mantener sesiones de control. Estamos hablando de un Gobierno que se ha dado mucho prisa en abrirlo para imponernos pinganillos y sin embargo no lo hace para rendir cuentas en un ejercicio más de secuestro del debate público y de la sede de la soberanía nacional, como ya ocurrió durante la pandemia en el año 2020», señalaba esta semana Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Lo hacía el mismo día que su partido volvía a exigir que empiecen ya las sesiones de control, una iniciativa que también apoya el Partido Popular, que según ha podido saber ABC está ultimando un escrito para pedirlo oficialmente a la Mesa.

Fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, aseguran que este asunto y otros, como la constitución de las comisiones legislativas, aún en el alero, están pendientes para «siguientes» reuniones de la Mesa. Para convocar sesiones de control, deben votarse en la Junta de Portavoces, pero la Mesa no ha agendado ninguna para la próxima semana. Tampoco hay calendario de plenos, al contrario que en el Senado, algo a lo que se resiste la presidenta. Estas fuentes no concretan cuándo se tratará este asunto que ya reclama la oposición.

Además de las sesiones de control, hay otro asunto que mantiene el Congresoal ralentí. Se trata de la no constitución de las comisiones parlamentarias, algo que, según ha podido saber este periódico, el PP ha pedido de viva voz en reuniones de la Mesa, sin que hasta el momento haya sido atendida su petición. De hecho, por ahora solo se han puesto en marcha las tres comisiones no legislativas -Reglamento, Estatuto de los Diputados y Peticiones- y ha sido gracias a un escrito presentado la semana por el PP.

Es cierto que la tradición dicta que se espere a la conformación del Gobierno para que las comisiones se ajusten a las carteras del Ejecutivo, pero también que esta vez ni siquiera hay fecha de investidura y que los actores implicados en ella empiezan a asumir que habrá que dejarla para noviembre. Reglamentariamente, las comisiones permanentes deben constituirse dentro de los diez días siguientes a la puesta de largo de las Cortes, que fue el 17 de agosto. Es decir, con las normas en la mano, desde finales de agosto deberían estar ya cerradas. Existe el precedente de 2019, además, en el que pese a no lograrse formar Ejecutivo tras los comicios de abril, sí se llegaron a poner en marcha las comisiones, como ahora pide la oposición parlamentaria.

El principal problema de que no estén en marcha estos órganos es que no se pueden calificar algunas iniciativas, como pasó por ejemplo hace unas semanas cuando Vox pidió la comparecencia de Yolanda Díaz para que ofreciera explicaciones tras haber viajado hasta Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont.

«Es un incumplimiento más del reglamento», esgrimen fuentes de Vox, que reiteran que «lo importante es que se constituyan para que echen a andar y no solo para que se nombren sus portavoces (con el consiguiente sueldo) y luego no se reúnan». Para activar estas comisiones, en cualquier caso, falta además un paso previo, que es la discusión que determina cuántos diputados deben estar presentes en cada una y su reparto entre los diferentes grupos presentes en el hemiciclo.

Los dardos por la inacción de la socialista Armengol fueron ayer más allá, cuando la portavoz popular, Cuca Gamarra, acusó a la presidenta del Congreso de ser una «marioneta» al servicio de Ferraz. «Han pasado 48 horas desde que el Rey encomendó la investidura al señor Sánchez y todavía no se ha puesto fecha al pleno de investidura. En este plazo en el mes de agosto ya estaba fijada la investidura de Feijóo. Lo que tenía sentido para la presidenta en el mes de agosto no lo tiene en el mes de octubre y lo queremos denunciar. Armengol no pone la fecha porque está esperando a que se lo digan. No puede ser que la presidenta del Congreso sea una marioneta del presidente del Gobierno y, menos aún, una marioneta de un prófugo de la Justicia como Puigdemont», expresó Gamarra.

Armengol dijo el martes que fijaría la fecha de la investidura cuando la negociación estuviera «suficientemente madura». Fuentes de la presidencia señalan a ABC que en el caso de Feijóo fue el propio candidato popular el que instó a Armengol a que le diera «un tiempo prudencial», que en una carta enviada por el propio líder del PP se situaba entre 24 y 46 días. «Teniendo en cuenta que la media del tiempo transcurrido en las tres últimas legislaturas que usted recordaba fue de 34 días, la convocatoria prevista para el 26 de septiembre supone que hayan transcurrido 35 días desde que Su Majestad el Rey le propusiera como candidato, tiempo suficiente para que pueda realizar las negociaciones que considere oportunas con el resto de formaciones políticas», respondió entonces Armengol a Feijóo, dos días después de haber recibido el encargo.

Ahora, no parece que la presidenta del Congreso vaya a darse la misma prisa. «Hay tiempo hasta el 27 de noviembre», señalan fuentes cercanas a Armengol.

Todo lo que no parece posible en la Cámara Baja es lo que sí está ocurriendo en el Senado, cuya actividad discurre por la más absoluta normalidad. En septiembre constituyó su primera comisión -Nombramientos- y esta misma semana ha puesto en marcha otras cinco: General de las Comunidades Autónomas, Reglamento, Incompatibilidades, Suplicatorios y Peticiones. Además, la Cámara Alta sí tiene fijado ya un calendario de plenos para todo este mes y también para noviembre. De hecho, el pasado martes se debatieron varias mociones, entre ellas una impulsada por el PP para rechazar una posible amnistía a los secesionistas, que salió adelante con los votos en contra del PSOE.