Las demandas de despido se disparan un 23% en Aragón y aumentan los concursos de acreedores

En esta Comunidad autónoma, el tercer trimestre del año ha dejado un total de 646 demandas de despido planteadas ante los juzgados de lo Social. Son 142 más que en el mismo trimestre del año pasado, lo que supone un incremento del 23,3% interanual . Se rompe así la tendencia de recuperación que se venía apreciando en demandas de despido desde que la crisis tocó fondo, hace más de seis años.

El dato es especialmente negativo en la provincia de Teruel , donde las demandas de despido se han disparado un 46,7%. En la provincia de Zaragoza, por su parte, lo han hecho en un 27,4%. Solo la provincia de Huesca se salva, de momento, de esta tendencia y en el tercer trimestre del año ha registrado un número de demandas de despido menor que hace un año.

La ralentización económica también afecta de lleno a las cuentas de resultados de las empresas y crece el número de concursos de acreedores que llegan hasta los juzgados. También es una situación que afecta de forma generalizada al conjunto de España, y Aragón no es una excepción. De hecho, entre julio y septiembre se presentaron en Aragón un total de 95 concursos de acreedores por otras tantas empresas que están económicamente asfixiadas. Son 20 demandas más de las tramitadas entre abril y junio, y un 27% más que las planteadas hace justo un año.

En la provincia de Huesca, los concursos de acreedores se han incrementado un 42,9% interanual. Es, con mucha diferencia, la provincia aragonesa con un peor comportamiento de este indicador. En Zaragoza el número de concursos aumentó un 8,3% interanual en el tercer trimestre del año. En la provincia de Teruel, por el contrario, se ha registrado un descenso.

Estos datos que ha hecho público el CGPJ se suman a la cascada de indicadores que apuntan a una acusada ralentización de la economía aragonesa, en línea con lo que está ocurriendo en el conjunto de España. Las organizaciones empresariales lo han advertido y han reclamado estabilidad política y medidas activas que fomenten la actividad productiva y el empleo.