Aragón perdió con sus empresas públicas 137 millones en un año

Durante la etapa de gobiernos PSOE-PAR, que se prolongó desde mediados de 1999 hasta el verano del año pasado, se fue ampliando el entramado de sociedades públicas y fundaciones. La oposición, en aquel momento liderada por el PP, advirtió que constituía una auténtica «administración paralela» y se quejó de la falta de transparencia en su gestión.

Ahora el PAR gobierna con el PP, y el Ejecutivo regional, presidido por Luisa Fernanda Rudi, anunció hace meses un plan de reestructuración del sector público empresarial. Mientras tanto, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas pone en evidencia el coste de ese entramado de sociedades y fundaciones. Solo en el año 2007, las pérdidas acumuladas por las empresas controladas por el Gobierno aragonés ascendieron a 137 millones de euros, que en parte se intentaron «camuflar» a través de ayudas públicas entregadas a esas entidades por el Ejecutivo autónomo. Aquel año, el Gobierno regional repartió entre esas sociedades más de 60 millones de euros, lo que permitió encubrir parte de las pérdidas. Además, para hacer frente a ellas, estas empresas también recurrieron a endeudamiento.

El Tribunal de Cuentas advierte de todo esto, del elevado coste que supone este entramado de entidades, esta «administración paralela». Hay que tener en cuenta que, además de esos 137 millones que perdieron en 2007 las empresas públicas del Gobierno aragonés, las 16 fundaciones que tenía el Ejecutivo autónomo acumularon también unas pérdidas añadidas de 1,77 millones de euros ese mismo año, y esto sin contar las abultadas subvenciones que el Gobierno regional también entregó a estas entidades.

Gestión anómala

El Tribunal de Cuentas en su informe, detalla irregularidades detectadas en la gestión de las empresas públicas y fundaciones. Por ejemplo, indica que hubo «defectos en la determinación de retribuciones o irregularidades y/o imprecisiones en la contratación de personal», algo que asegura que se dio en más de la tercera parte de las sociedades controladas por el Ejecutivo, entre ellas Suelo y Vivienda de Aragón, Centro de Empresas e Innovación (CEEI) y Motorland (la Ciudad del Motor de Alcañiz y su Parque Tecnológico del Motor).

También asegura que dos de las sociedades públicas del Gobierno regional concertaron operaciones de endeudamiento sin la «preceptiva autorización». El Tribunal de Cuentas habla igualmente, entre otras anomalías, de «irregularidades en los procedimientos de contratación o ausencia de manuales que guíen tales procedimientos» en diez empresas del Gobierno aragonés, entre ellas en Sodemasa, Suelo y Vivienda de Aragón, y el Parque Tecnológico del Motor de Aragón.