Anulado el contrato del Gobierno para comprar urnas electorales

El contrato marco asciende a 1,29 millones de euros. Es el importe que Interior estima que pueden costar las urnas que irá comprando en los próximos años para atender las citas electorales que hay a la vista. Los acuerdos marco son contratos abiertos, en los que el adjudicador, en este caso el Gobierno, pacta con uno o varios licitadores un precio fijo por un producto determinado. Pero no se detalla exactamente cuántas unidades se comprarán.

Es decir, en este caso será el Gobierno el que irá cursando órdenes de compra durante el periodo de vigencia del acuerdo marco, a tenor de las necesidades de urnas que vaya teniendo en los próximos cuatro años, que es el periodo de vigencia de este contrato. Las citas más inmediatas serán las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del próximo año, las generales de noviembre de 2023 –si Pedro Sánchez no las adelanta– y las europeas de mayo de 2024.

Este contrato de urnas forma parte de un paquete de acuerdos marco para logística electoral que asciende a un total de 13,25 millones de euros, IVA incluido, del que ABC dio cuenta el pasado mes de julio. Se licitaron cinco lotes: adquisición de urnas –1,29 millones de euros–, elaboración de impresos electorales y manuales –2,2 millones de euros–, kits de material de oficina para miembros de las mesas electorales –por casi un millón de euros–, cabinas –por 3,47 millones– y suministro de sobres electorales –por un importe estimado de 5,35 millones de euros–.

Los dos últimos lotes, los de cabinas y sobres, quedaron desiertos por falta de licitadores válidos, así que el proceso sigue abierto. Sí se adjudicaron los otros tres lotes, pero ahora queda anulado uno de ellos, el de las urnas.

A él habían concurrido tres empresas. Una de ellas fue excluida porque el modelo de urna que ofertó no cumplía los requisitos técnicos, así que quedaron dos. Pero una de esas dos vio con asombro cómo era excluida por la mesa de contratación por no haber atendido un requerimiento que, en realidad, no le habían cursado. Sí que le enviaron una notificación, pero incomprensible, por hueca. Solo tenía un encabezamiento genérico que rezaba «Licitador mejor valorado para la adjudicación para 'lote 1: urnas de votación'». Nada más, ninguna petición a la que contestar. Así que ninguna respuesta dio la empresa.

Días después, por ese silencio, la mesa de contratación excluyó a la empresa, Cafesa División Comercial S.L., y adjudicó el contrato marco de las urnas al único licitador que había quedado, la sociedad anónima Plasty.

Cafesa insistió ante la Administración en que no le había llegado ningún requerimiento, pero sus alegaciones no fueron atendidas. Ahora sí le da la razón el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha certificado la anomalía que se produjo: la Administración se empecinó en que había enviado un requerimiento que no fue tal, por incorrecto, ya que estaba vacío.

En su recurso ante ese tribunal, la empresa fue contundente: «Nunca se requirió la subsanación de deficiencia alguna, nunca hubo requerimiento concreto hacia dicho licitador, nunca y por ningún medio se comunicó a Cafesa que debía aportar, reformar o rectificar documento o acto alguno, por lo que es absolutamente imposible que dicho licitador no cumpliera con un supuesto requerimiento que nunca insistió».

La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha sido notificada ahora, pero fue dictada el 7 de julio. Veinticuatro horas antes, Interior había firmado el contrato ahora anulado. Debe retrotraer las actuaciones a cuando decidió requerir a Cafesa que subsanara un dato de índole formal: en la documentación que aportó la empresa, la mesa de contratación detectó un error en la fecha de nacimiento del administrador de esa sociedad, que en este contencioso ha sido defendida por el bufete toledano Garrido & Cubas.

El abogado Juan Carlos Cubas ha indicado que «no deja de ser una frustración constante para las pequeñas empresas, como nuestro cliente Cafesa, que se produzca el grado de desatención que hemos vivido en este caso, tras haber explicado telefónicamente que la comunicación del requerimiento no decía qué se requería y encontrarnos al final con que se les ha dado por retirados del concurso por no presentar la 'documentación fantasma'».