La UCO investiga a tres enchufados del PSOE que la Junta va a despedir por carecer de la titulación

El Gabinete Jurídico de la Junta ha avalado el cese de estos trabajadores sin cualificación que inicialmente habían obtenido un puesto como personal fijo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de un concurso de méritos resuelto el 29 de mayo de 2024. El proceso estaba pensado para dar estabilidad a los temporales e indefinidos no fijos de la agencia dependiente de la citada consejería. De los 1.297 interinos que optaron a las plazas, 520 proceden de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como la Faffe. La Consejería de Empleo va a anular su nombramiento y activa el procedimiento para el despido y la sustitución de los 23 trabajadores que no pudieron acreditar los títulos. De ellos, 22 son antiguos empleados de la fundación disuelta en 2011 y el que resta provenía de los consorcios denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) disueltos en 2012.

En paralelo, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, investiga la contratación de 84 militantes y familiares de cargos socialistas en la fundación creada, en teoría, para dar formación a parados y trabajadores andaluces y que se financiaba principalmente con subvenciones autonómicas. La mayoría continúa trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo, que absorbió a sus 1.664 asalariados de la Faffe cuando el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) decidió liquidarla en mayo de 2011. Para poner orden en el caos de personal, la Consejería que dirige Rocío Blanco inició un plan de estabilización de interinos. El proceso selectivo ha sacado a la luz que algunos de ellos habían estado ocupando un puesto público sin tener titulación.

En un atestado de más de 700 páginas entregado en mayo al juez, la UCO constató que la gran mayoría de los 84 extrabajadores por la Faffe denunciados con nombres y apellidos por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) fueron contratados «de manera arbitraria». Habrían accedido a un empleo público, a menudo, con un proceso selectivo creado 'ad hoc' y «conculcando los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en la contratación pública», según la UCO.

Tres de estos 84 contratados que investiga van a dejar de estar a sueldo de la Junta. Pero no son los únicos. La Guardia Civil detalló en su informe que al menos una decena de ellos, aparte de no haber superado ningún proceso selectivo, carecía de la titulación requerida para un puesto cualificado. Algunos enchufes asombraron a los propios agentes, como el de un licenciado en Historia del Arte contratado como personal de apoyo para la gestión de cursos de Aeronáutica sin haber estudiado esta especialidad.

El caso más llamativo fue el del histórico alcalde socialista de Montellano (Sevilla), Francisco Aguilera Acevedo, fichado como técnico de nivel A, la categoría profesional más elevada y de las mejor remuneradas, aunque solo poseía el título de Bachillerato y toda su trayectoria laboral antes de recalar en la Faffe había estado ligada a su cargo municipal. El exregidor estuvo trabajando en la fundación desde el 21 de noviembre de 2003 hasta su disolución el 2 de mayo de 2011, cuando pasó a integrarse en el SAE, como la mayoría del personal colocado en el ente público.