Preguntas y respuestas para entender el caso ERE, la gran causa de corrupción andaluza

El tribunal de la Audiencia de Sevilla que los juzga sentencia a todo un sistema de poder que consolidó la hegemonía de un partido pero que no logró sacar a Andalucía de su postración secular en las tasas de paro, pobreza o convergencia con la UE.

Éstas son las respuestas para entender en qué consiste el fraude, cómo se originó y por qué no se frenó hasta que estalló el escándalo judicial:

El 19 de enero de 2011 la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011. Acababa de nacer el caso ERE, una investigación de enorme trascendencia judicial y política que iba a remover como nunca antes los cimientos del bastión del PSOE en Andalucía, que había cabalgado a lomos de mayorías absolutas (hasta cinco en nueve legislaturas) desde 1982.

La instructora sostenía que el Gobierno andaluz, bajo la presidencia de Manuel Chaves, diseñó un fondo de dinero público para repartir ayudas a empresas elegidas de forma caprichosa. El exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero bautizó la partida como un «fondo de reptiles» , una expresión atribuida al decimonónico canciller prusiano Otto von Bismarck que alude al pago de comisiones para comprar voluntades. La falta de controles en los ERE propició la configuración de distintas tramas en las que mucha gente obtenía dinero público.

Durante diez años, 3.650 días, la Junta distribuyó 855 millones de euros entre 2000 y 2010 con un sistema ilícito de ayudas, según el juez Álvaro Martín que culminó la instrucción de Alaya y procesó a los expresidentes en mayo de 2016. La Fiscalía Anticorrupción cuantificó el desvío de fondos en 741 millones de euros y, después, en 680 millones, tras dejar fuera el ejercicio de 2010, fecha en la que se cambió el procedimiento del convenio marco por una encomienda de gestión a la agencia IDEA, que pagaba las ayudas.

Un interventor de la Junta puso objeciones a las primeras ayudas sociolaborales concedidas entre 1999 y 2000 a la fábrica de chorizos de Jaén Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), que eran abonadas directamente por la Consejería de Empleo. Para evitar futuros reparos y pagar las ayudas con rapidez, dinero en mano, se buscó un atajo en el verano de 2001.

Empleo seguía repartiendo los fondos, pero se optó por delegar los pagos en un órgano externo a la Consejería, la agencia IDEA, que a su vez recibía el dinero a través de un procedimiento administrativo denominado transferencia de financiación . La agilidad se conseguía a costa de desactivar los controles de los interventores. Sin filtros, el deterioro en los expedientes fue automático. Las empresas beneficiadas comenzaron a seleccionarse de forma arbitraria, con un interés electoral, por razones de amistad o de afinidad política.

Ninguna de las alarmas que saltaron durante la tramitación de las subvenciones sirvió para algo. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez emitió quince informes entre 2003 y 2009, en los que advertía de las deficiencias del sistema para abonar las ayudas. En el juicio del caso ERE, Gómez ratificó que tres exconsejeros recibieron sus alertas sobre el procedimiento de pago: José Antonio Griñán (Hacienda), Antonio Fernández (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación). Ninguno se dio por enterado ni actuó. El exinterventor también está acusado porque la Fiscalía cree que él pudo haber hecho algo más para frenarlo.

La partida nace con la vocación bienintencionada de «mantener la paz social» y preservar la calma política, amenazada por las sucesivas crisis industriales (Santana, Delphi, Astilleros…) que dejaban en la calle a miles de trabajadores, lo que generaba «dramas» personales inaplazables .

El problema es que las ayudas no sólo llegaron a asalariados afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, a los que se les garantizaba una renta hasta su jubilación, sino también a personas incluidas en ERE de empresas donde no habían trabajado . Eran los llamados intrusos. La Junta encontró hasta 196.

Para Javier Guerrero, los intrusos eran en realidad «criaturas necesitadas» . El exdirector de Trabajo durante nueve años repartió como un rey mago el dinero de todos los andaluces con el consentimiento o la pasividad de sus jefes. Con el fondo opaco, el exdirector ayudó al exalcalde de El Pedroso (Sevilla), su pueblo, que estaba en el paro; al amigo de su infancia; al churrero; al taquillero de la piscina... Su «caridad» le llevó a concederle una ayuda mensual de 1.300 euros incluso a su suegra y 900.000 euros a su chófer, quien declaró que se gastó una parte en «cocaína, fiestas y copas» para él y su jefe.

Aparte de las ayudas sociolaborales, Empleo financió a empresas sin justificación ni solicitud. A veces bastaba con una orden escrita en un post-it para que la agencia IDEA hiciera una transferencia millonaria a su cuenta.

La Cámara de Cuentas estima que se distribuyeron indebidamente 73,8 millones entre sociedades, algunas de ellas orbitaban en torno al PSOE. El entramado societario de los exconcejales de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo –ya fallecido– acaparó 34 millones. El exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla , hermano de un expresidente andaluz, recibió otros 8,4 millones. Sólo la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde hay 60.000 empadronados, aglutinó 56 millones en ayudas, casi mil euros por persona.

El caso ERE fue el exponente de una corrupción «distributiva» muy selectiva. En el juicio, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías comparó el programa con los fondos de emergencia para catástrofes: «Los conflictos surgían cuando surgían. No había un cartel que dijera en caso de terremoto puede acudir a esta ayuda ». Ése era el problema: que no había cartel ni bases reguladoras publicadas en ningún BOJA ni unos mínimos requisitos para que cualquiera pudiera optar a las ayudas.

El sistema tenía un componente de codicia innegable. Dos mediadoras elegidas a dedo, Uniter y Vitalia, cobraron otros 66 millones de euros en comisiones muy superiores a las tarifas del mercado por tramitar pólizas de prejubilación. Al calor de los ERE, hicieron su agosto conseguidores como Juan Lanzas –cuya madre confesó a la Guardia Civil que su hijo tenía dinero «para asar una vaca» –, consultoras de los sindicatos UGT y CC.OO., despachos de abogados, ayuntamientos... Incluso fueron becados excargos socialistas para realizar un máster.

Tras la marcha de Alaya, la juez de Familia María Núñez Bolaños la relevó al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y troceó la macrocausa de los ERE en 2015. La pieza más relevante se denominó «procedimiento específico» y sentó en el banquillo a una generación de dirigentes socialistas. Están acusados de supuestos delitos de prevaricación y/o malversación dos expresidentes; seis exconsejeros ( Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo ), y 14 ex altos cargos.

Tras 152 sesiones, el primer juicio del caso ERE quedó visto para sentencia el 17 de diciembre en la Audiencia de Sevilla. El tribunal va a dirimir si se hizo un uso fraudulento de un programa recogido en los presupuestos, aprobados cada año por el Parlamento , o si la cúpula de la Junta desactivó los controles de forma deliberada para favorecer a determinadas empresas.En resumen, va a determinar si el sistema se malició por el abuso de unos cuantos altos cargos sin escrúpulos o si el propio sistema era corrupto.

Desde que estalló el escándalo, el PSOE ha ido modulando su relato del fraude. De culpar a «tres o cuatro golfos» pasó a exculpar a los expresidentes. La expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, los hizo dimitir de sus escaños en el Congreso y el Senado tras ser imputados, mientras repetía que « Chaves y Griñán no se han llevado un duro ». En efecto, no se les acusa de eso. Se les juzga por propiciar que otros se lucraran con el reparto «arbitrario e injusto» de fondos públicos, por quebrantar su deber de evitar el mal uso del dinero de todos los andaluces con un sistema carente de las más elementales reglas de publicidad, libre concurrencia y control.

No. Pero la sentencia de la rama política sí va a marcar el recorrido procesal de las otras 187 piezas desgajadas de la macrocausa de los ERE en las que se investiga a cada empresa subvencionada. Algunas de estas causas están ya a la espera de juicio. Si el sistema estaba corrompido, todas las ayudas concedidas con este procedimiento serían igual de delictivas. No obstante, los políticos acusados en la pieza política por supuesta malversación continuada van a ser juzgados una sola vez y no por cada ayuda irregular.

El dinero es irrecuperable. Hasta julio de 2018, cuando se hizo el último balance, la Junta de Andalucía sólo había conseguido el reintegro de 6,7 millones de euros del «botín» de los ERE.