Los 21 acusados por el caso de los ERE: su historia y a qué pena de cárcel se enfrentan

Nombre: Manuel Chaves

Cargo: presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009

Condena/delito a la que se enfrenta : diez años de inhabilitación por prevaricación.

La principal acusación sobre el expresidente socialista es que debía conocer qué se hacía con el dinero para Expedientes de Regulación de Empleo que, presuntamente, malversó parte de su equipo de Gobierno. Él lo negó en el juicio: «Cómo se daban esas ayudas, yo no lo sabía, ahí no entraba, pertenecía a otro ámbito político de decisión». Sin embargo, la Fiscalía duda de esta versión. «Es poco entendible que decisiones de calado y trascendencia política sean absolutamente desconocidas por el presidente de todos los andaluces y sus consejeros», indicó mientras duró el proceso.

El expresidente de la Junta llegó a asegurar durante el juicio que «conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales» pero que desconocía «cómo se daban» porque saber eso «no correspondía a mi ámbito político de decisión». Para la Fiscalía este extremo es «chocante» puesto que aceptar que Chaves no sabía nada equivale a decir que había ciertas decisiones de mucho calado -y muchos millones de euros- que tomaban funcionarios sin la aprobación ni conocimiento por parte del Consejo de Gobierno y el presidente andaluz.

Nombre: José Antonio Griñán

Cargo: presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013; consejero de Hacienda entre 2004 y 2009.

Condena/delito a la que se enfrenta : seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Como Manuel Chaves, Griñán también fue presidente de la Junta de Andalucía. Él ejerció el cargo entre 2009 y 2013. Antes había sido consejero de Hacienda en el gabinete de Chaves entre los años 2004 y 2009. Y como Chaves, en el juicio por el caso de los ERE aseguró que él desconocía la trama de entrega de dinero pública. Así, el expresidente andaluz indicó que «no conocía exactamente» el programa presupuestario 31L, al que se cargaban las ayudas bajo sospecha sino que lo conoció cuando estalló el escándalo en el año 2011, a raíz de una investigación abierta por la juez Mercedes Alaya.

Para Griñán, la forma en que se gestionaron los pagos de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) mediante transferencia de financiación «no impedía la fiscalización» de esas partidas de dinero. De esta forma señaló de forma indirecta a la Consejería de Empleo de la gestión de esas ayudas y apuntó a que la Intervención de la junta no hizo un informe al no detectar falta de fondos públicos.

La versión de la Fiscalía difiere. Según el Ministerio Público, Griñán «pudo y debió» parar las ayudas irregulares cerrando el grifo a Empleo. Para el fiscal, la excusa de la falta de informe de Intervención es justamente eso, una «excusa». Así, indicó, Griñán era «consciente de la vulneración patente y grosera» de la legalidad.

Nombre: Gaspar Zarrías

Cargo: Ex consejero de Presidencia entre 1996 y 2009.

Condena/delito al que se enfrenta: diez años de inhabilitación por prevaricación

Zarrías fue desde los años 90 y hasta que salió de la Junta, en 2009, la mano derecha de Manuel Chaves. Era el encargado de dirigir los «consejillos», las reuniones de viceconsejeros donde se trataban los asuntos a considerar en los Consejos de Gobierno, donde fue hasta tres veces una propuesta para regular las ayudas que no prosperó.

Según declaró en el juicio por el caso de los ERE, todo el mundo conocía de las ayudas sociolaborales eran de conocimiento público porque «figuraban en los programas electorales, en los discursos de investidura, en los acuerdos de concertación social y en las leyes de presupuestos». El socialista recordó poco más, puesto que durante su intervención ante el tribunal abundaron los «no recuerdo» y «no lo sé» ante las preguntas de la Fiscalía.

Nombre: Magdalena Álvarez

Cargo: consejera de Economía entre 1994 y 2004

Condena/delito al que se enfrenta: diez años de inhabilitación por prevaricación

La consejera de Economía aseguró en el juicio por los ERE que ella no sabía nada de partidas irregulares de dinero público entregadas a falsos jubilados. «Yo no sé si se respetaba el procedimiento y además no tengo porque saberlo», indicó durante el juicio, rechazando cualquier responsabilidad. La socialista llegó a defenderse con un «Yo no soy la interventora». Y tampoco, aseguró, tenía conocimiento de «ayudas o de subvenciones» como las que se investigan.

La Fiscalía no lo ve así. Entiende el fiscal que «no es creíble su desconocimiento» del caso y que Álvarez «consintió el uso inadecuado de las transferencias» sabiendo que no eran legales. «No es muy creíble -indica la Fiscalía- que se negara a tener un conocimiento mínimo de la política de ayudas de la Junta».

Nombre: José Antonio Viera

Cargo: consejero de Empleo de 2000 a 2004

Delito/pena a la que se enfrenta: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Para la Fiscalía, Viera, que fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004, no se limitaba a firmar las órdenes. Aseguró que sus subordinados le pasaban documentos a firma y él los sancionaba sin saber más. Esta idea «no soporta el más mínimo análisis sobre lo que significa ser el máximo responsable de su consejería», según la Fiscalía. Por todo ello le piden ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.

Nombre: Antonio Fernández

Cargo: consejero de Empleo de 2004 y 2010

Delito/pena a la que se enfrenta: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Antonio Fernández fue consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010. Antes había sido presidente de IFA y viceconsejero de Empleo desde los años 90 hasta 2004. La Fiscalía asegura que firmó con Viera el convenio que dio lugar a las ayudas fraudulentas. Y que él mismo, siendo consejero, figuraba en un Expediente de Regulación de Empleo de una bodega en la que estaba en excedencia. Llegado al juicio, Fernández aseguró que él no sabía nada porque no se entretenía leyendo lo que le pasaban a firma.

«Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles del IFA por imposibilidad material y por innecesariedad», indicó el socialista. Explicó además que «normalmente» su secretario general le daba una información verbal al respecto y tenía confianza en él: «Me elevaba el secretario general del IFA los paquetones de firma y yo los firmaba».

Nombre: Francisco Vallejo

Cargo: consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009

Delito/pena a la que se enfrenta: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Vallejo aseguró durante el juicio por el caso de los ERE que él no sabía de la irregularidad de las ayudas. No sabía nada, como aseguraron también la mayoría de los imputados. «No le presté atención al tema porque yo estaba con 20.000 problemas» fue su respuesta cuando el fiscal le preguntó si no sabía que no había regulación en un fondo con el que se repartían ayudas. La Fiscalía no lo cree. Para el ministerio fiscal Vallejo «sabía cómo se concedían las ayudas». Por ello se enfrenta a una posible pena de ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación.

Nombre : Carmen Martínez Aguayo

Cargo: consejera de Hacienda y consejera de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2009 y 2013

Pena/delito al que se enfrenta: seis años de cárcel y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación

La exviceconsejera de Hacienda con Griñán y luego consejera de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró durante el juicio por el caso de los ERE irregulares que los informes que debían advertirle de las irregularidades en la asignación de ayudas «no pasaron» por su mesa. Indicó Aguayo que esos documentos los leían sus técnicos y que nunca le informaron de que hubiese algún problema.

La Fiscalía no cree es aversión. Entiende que es «impensable» que no leyese los informes que advertían de las irregularidades. Hasta doce informes, añadió el fiscal, llegaron a la oficina de Aguayo alertando del problema con los fondos.

Nombre : Francisco Javier Guerrero

Cargo: director de Trabajo entre 1999 y 2008

Pena/delito: ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación

Guerrero fue durante casi ocho años el director de Trabajo de la Junta de Andalucía. Desde ese puesto, indicó la Fiscalía, repartió fondos de la partida 31L sin control alguno. Por eso está imputado en esta pieza. Fue tachado por el PSOE como uno de los «cuatro golfos» a los que atribuía en exclusiva el presunto desvío de dinero público. En su haber hay capítulos que coparon titulares: la cocaína -que aseguró que no probó pero su chófer iba a comprar-, su suegra dentro de un ERE que gestionó, su enorme capacidad para tratar con la gente... El exalto cargo se enfrenta a una posible pena de ocho años de prisión, aunque no es la única pieza por la que es juzgado. Ya ha sido condenado por otras ramificaciones de este caso y le quedan pendientes aún otros asuntos con la Justicia.

Nombre : Juan Márquez

Cargo: director de Trabajo entre 2008 y 2010

Pena/delito: ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por prevaricación y malversación

Máquez fue el siguiente director general tras Francisco Guerrero. Trabajó en el cargo hasta 2010. En ese tiempo, cree la Fiscalía, asumió el sistema irregular de entrega de ayudas con dinero público y lo mantuvo como práctica en la Consejería de Empleo. Indicó el Ministerio Público que lo hizo, además, sabiendo de su irregularidad. Márquez se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación, como Guerrero. ¿Los cargos? Él mismo ha reconocido que el sistema que se usaba para conceder las ayudas «quizá no fue todo lo diligente que debiera».

Nombre : José Salgueiro

Cargo: viceconsejero de Hacienda entre 1990 y 2004 y consejero durante unos meses de 2004

Pena/delito: diez años de inhabilitación por prevaricación y malversación

Mano derecha de Magdalena Álvarez, con la que fue viceconsejero entre 1990 y 2004 y durante unos meses consejero en ese último año. Se enfrenta a diez años de inhabilitación porque como viceconsejero era el responsable de la redacción de los presupuestos de la comunidad que se «manipulaban» para habilitar las transferencias de dinero que dieron lugar a los ERE fraudulentos.

Nombre : Agustín Barberá

Cargo: viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010

Penas/delito: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Entre 2004 y 2010, Barberá fue viceconsejero de Empleo. Al frente de la Consejería estaba Antonio Fernández, también imputado en este caso. Está acusado de «impulsar» el procedimiento de ayudas fraudulentas desde su cargo, por lo que le piden ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación. Negó ante el juez la existencia de un «fondo de reptiles» para el pago de estas ayudas, idea que rechazó la Fiscalía.

Nombre : Jesús María Rodríguez

Cargo: viceconsejero de Innovación entre 2005 y 2010. Antes fue vicepresidente de IFA-IDEA

Penas/delito: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Viceconsejero de Innovación con Vallejo, el juez cree que no solo impulsó el sistema de ayudas fraudulentas, sino que además asumió el desarrollo de dicha forma de trabajar desde la Junta de Andalucía para otorgar fondos públicos. Además la acusación cree que tuvo acceso a un informe en el que se ponía de relieve que el sistema de ayudas era irregular.

Nombre : Manuel Gómez

Cargo: interventor general de la Junta de 2000 a 2010

Penas/delito: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Según el juez, Gómez conocía de la irregularidad de las ayudas de los ERE y, aún así, no las paró. Indicó el magistrado que este ex alto cargo supo en el año 2005 mediante un informe de las prácticas en la entrega de dinero público sin fiscalización, pero no actuó. «Omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en los años sucesivos», indicó el juez. La Fiscalía le pide seis años de prisión. Él siempre ha sostenido que sí advirtió del caso pero que los altos cargos de la Junta de Andalucía «miraron para otro lado». Además, Gómez acreditó en el jucio que sólo había informado de dos de las siete modificaciones presupuestarias aprobadas por la Consejería de Hacienda para ampliar el fondo de los ERE. El resto las había informado otro funcionario. El informe de la Intervención General de la Junta no era preceptivo, por lo que el expediente carecía de informe.

Nombre : Miguel Ángel Serrano

Cargo: director de la agencia IFA-IDEA entre 2004 y 2008

Penas/delito: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Serrano dirigió la agencia IDEA que, se cree, fue el epicentro de las ayudas irregulares. A sabiendas de que las ayudas eran irregulares, el exalto cargo de la Junta firmó 42 convenios. Le piden ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Nombre : Jacinto Cañete

Cargo: director de la agencia IFA-IDEA entre 2008 y 2009

Penas/delito: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Como Serrano -a quien sustituyó-, Cañete dirigió la agencia IDEA y por su gestión en ella con respecto del caso ERE está acusado de sendos delitos de malversación y prevaricación, por los que le piden ocho años de prisión y 30 de inhabilitación. Si Serrano firmó 42 convenios, él rubricó 124, indicó el juez.

Nombre : Juan Francisco Sánchez

Cargo: secretario general técnico de Empleo de 2000 a 2004, de Innovación entre 2004 y 2010 y director de Administración y Finanzas de IFA-IDEA entre 2010 y 2012

Penas/delito: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Sánchez pasó por varios altos cargos de la Junta de Andalucía bajo el poder del PSOE. Pero todos tienen algo en común: orbitó sobre el escándalo de los ERE. Estuvo en Empleo, donde se fraguaron las ayudas, en IDEA, donde se gestionaron los pagos y también en Innovación. «Tuvo una responsabilidad inmediata por todas las irregularidades que conducían a la dotación de fondos públicos», aseguró en su momento el juez. Por eso le pide ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Nombre : Javier Aguado

Cargo: secretario general de Trabajo entre 1994 y 2008

Penas/delito: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Aguado pasó por la secretaría general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre los años 1994 y 2000. Se le acusa de participar en la gestión y tramitación de las modificaciones presupuestarias que dieron lugar a las ayudas fraudulentas de los ERE. Le piden ocho años de prisión.

Nombre : Lourdes Medina

Cargo: secretaria general técnico de Empleo entre 2008 y 2012

Penas/delito: seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación

Medina, secretaria general técnico de Empleo entre 2008 y 2012, modificó el sistema de gestión de las ayudas según el juez pero mantuvo un procedimiento irregular. Se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Nombre : Antonio Vicente Lozano

Cargo: director general de Presupuestos entre 2002 y 2009

Penas/delito: diez años de inhabilitación por prevaricación

El juez asegura que mantuvo el sistema de ayudas irregulares dentro de su cargo en la consejería de Hacienda, donde ejerció primero con Magdalena Álvarez y luego con José Antonio Griñán.

Nombre : Francisco del Río

Cargo: jefe del Gabinete Jurídico de la Junta entre 2001 y 2008

Penas/delito: diez años de inhabilitación por prevaricación

Del Río se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación. Asegura el juez que estuvo en los «consejillos» donde pudo conocer de las irregularidades en las ayudas. Tampoco se opuso a las ayudas en su cargo en el Consejo Rector de la agencia IDEA.