El Plan Forestal de la Junta incumple los compromisos sobre repoblación

El 15 de noviembre de 1988 el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad el Plan Forestal Andaluz con una vigencia de 60 años, que la junta evalúa cada lustro para revisar las medidas que en él se incluyen y acomodarlas a las nuevas circunstancias.

De momento, el Plan Forestal se ha incumplido en uno de sus principales apartados, el relacionado con la repoblaciones. Partiendo de la base de que el compromiso anual era el de repoblar 31.600 hectáreas anuales, es decir 158.000 en cinco años, la Junta aseguró ayer que en el periodo 2010-2015 el balance era de 2.226 hectáreas.

Pese a ello, el Gobierno andaluz mantiene en vigor un programa que incorpora nuevas medidas motivadas por las últimas directrices europeas en materias como la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural, además de la programación de los fondos estructurales comunitarios en el marco 2014-2020. El documento también tendrá en cuenta el desarrollo de la legislación autonómica aprobada en 2010 para la protección y promoción de las dehesas andaluzas.

Según informó ayer el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, en rueda de prensa, al amparo del Plan Forestal se ha invertido en el último lustro 1.265 millones de euros, se han mejorado 7.000 kilómetros de caminos forestales y se ha logrado la certificación en gestión forestal sostenible para más de 120.000 hectáreas de montes públicos.

Andalucía cuenta con una superficie forestal de 4,4 millones de hectáreas, lo que supone el 50,27% del territorio de la comunidad autónoma, frente al 35% que representan los bosques, matorrales y pastizales en el ámbito de la Unión Europea. La mitad de esta superficie corresponde a terrenos arbolados, donde destacan las especies quercíneas (encinas, alcornoques y, en menor medida quejigos y robles), con 1,6 millones de hectáreas, y las distintas variedades de coníferas, con 744.000 hectáreas.

A partir de ahora, la Junta tiene intención de prestar especial atención a potenciar las funciones y servicios de los territorios forestales que, sin tener un valor directo de mercado, presentan gran interés estratégico para la sostenibilidad del desarrollo económico, singularmente su papel en la absorción de los gases de efecto invernadero que provocan el fenómeno del cambio climático.