Las empresas forestales, hartas de que la Junta contrate a dedo

La patronal forestal andaluza advierte en un comunicado que el uso de la encomienda de gestión para la contratación pública «debe satisfacer una necesidad de urgencia o emergencia preferentemente, justificando su necesidad y proporcionalidad, y no el de solventar un problema de financiación de una empresa pública, como parece que está ocurriendo». La AAEF considera que en este caso no se da ninguno de esos requisitos, ni siquiera el de «urgencia» puesto que se conocía el interés de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por realizar estos trabajos desde hacía tiempo y su adjudicación podría haberse resuelto «por otros cauces más eficientes».

La patronal forestal andaluza habla de c ompetencia desleal y recuerda a la Junta de Andalucía el daño que supone para este sector el uso reiterado de la encomienda de gestión para la realización de obras y servicios que, por otro lado, tradicionalmente venía realizando el tejido empresarial privado andaluz, y manifiesta su desaliento por la falta de sensibilidad que supone, por parte de las administraciones andaluzas que, pese a las serias dificultades que padecen las empresas afincadas en esta tierra, prefieran sostener la estructura financiera de la empresa estatal Tragsa en lugar de poner estos proyectos a licitación pública, permitiendo el acceso a ellos a un alto número de empresas andaluzas. La patronal va más allá y acusa a la Junta de ser «cómplice de la desaparición de más del 30% de las empresas de obras y servicios forestales en nuestra región».

La Junta de Andalucía vuelve a utilizar a la empresa pública estatal Tragsa como medio propio de la administración autonómica, aunque sólo cuenta con una acción en esta entidad, lo que representa una participación en el capital social del 0,0033%.

Las empresas forestales, que no descartan denunciar los hechos a instancias regfionales, nacionales o europeas, «para que se garantice la libre competencia » advierten también de que la contratación directa supone, de facto, condiciones menos ventajosas para las Administraciones demandantes que las que se derivarían de una licitación pública, así como la ruptura de la neutralidad competitiva en los bienes y servicios que estas entidades ofertan a otros demandantes.

La Comisión Nacional de la Competencia ya advirtió a la Junta de Andalucía hace dos años, destacó que, de acuerdo con la normativa aplicable, debe regir, «preferentemente», la concurrencia competitiva en la provisión de bienes y servicios.