El Parlamento no investigó a la Faffe porque la Junta ocultó la documentación

El escándalo del uso de una tarjeta de crédito por parte del exgerente de la Faffe, Fernando Villén, en un club de alterne de Sevilla, cuando se pagaron 14.737 euros en sólo una noche y en diferentes cargos, no ha hecho más que avivar un fuego que estaba activo desde 2016 cuando se celebró la comisión de investigación de la formación en el Parlamento.

La Faffe gestionó a lo largo de sus ocho años de vida subvenciones públicas por más de 300 millones de euros y llegó a tener una plantilla de 1.200 personas, la mayor parte de las cuales —excepto el personal directivo— pasó directamente a formar parte del personal del Servicio Andaluz de Empleo, sin concurso ni oposición como el resto de los trabajadores de este ente público. Y no todo este dinero estuvo debidamente justificado, sino todo lo contrario.

Hay muchas noticias publicadas sobre la Faffe, muchas intervenciones de los portavoces de todos los grupos políticos en el Parlamento, pero muy poca información sobre la extinta fundación de la Junta que se ha convertido en una suerte de agujero negro informativo.

En noviembre de 2015, el Parlamento de Andalucía constituyó una Comisión de Investigación sobre los cursos de formación impartidos por la Junta entre el año 2002 y la actualidad, para verificar si había un gran fraude al respecto y depurar responsabilidades políticas. Dentro de esa investigación, l os grupos de la oposición pusieron la lupa en la Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, una organización de la propia administración que ejercía de intermediaria en los cursos de formación. Pero no hubo manera de aclarar mucho. La Junta, que había absorbido a la antigua fundación, no llegó nunca a enviar toda la documentación requerida.

Para empezar, la mayor parte de la documentación que pidieron los grupos al respecto de esta fundación no llegó nunca al Parlamento. Sí que se vieron algunos de los expedientes de subvenciones concretos pero nada de la gestión diaria de la fundación, ni su estructura de funcionamiento, ni su plan de gastos.

Nunca llegaron al Parlamento las dos auditorías de gestión que realizaron empresas especializadas cuando su liquidación, en el año 2011; tampoco el listado del personal contratado en la Faffe, tampoco los informes que alertaban de irregularidades en el pago de las nóminas de los trabajadores por un importe de dos millones de euros, ni las adjudicaciones de las obras y servicios que hacía la Faffe para la impartición de los cursos , ni tampoco el trasvase de subvenciones que recibía y que, a su vez, concedía a empresas privadas (como el entramado de Ángel Ojeda) para dar los cursos.

Lo que no se supo entonces, ni en el cierre de la comisión de investigación, era de la existencia de tarjetas de crédito a libre disposición del gerente, ni tampoco de las trece cajas fuerte con dinero en efectivo del que disponían todas las delegaciones de la Faffe en cada una de las ocho provincias además de otros cuatro centros directivos de la extinta fundación.

Ha sido la investigación judicial la que ha desvelado todos estos entresijos que ha levantado una auténtica polvareda política que obligará al consejero de Empleo, Javier Carnero, a comparecer mañana —el último día hábil en el Parlamento y nada menos que a las cuatro de la tarde— para dar explicaciones de la documentación que tiene la Junta al respecto.

Los hechos sucedieron en 2010 pero la Junta los ocultó en el Parlamento y ahora el PP, Podemos e IU están dispuestos a abrir una nueva comisión de investigación monográfica sobre la Faffe. Eso, siempre y cuando no se disuelva el Parlamento y no haya tiempo material para abrirla.

La polémica del uso de las tarjetas en un club de alterne abre muchos interrogantes, ¿cuántas tarjetas de crédito hay? ¿cómo se fiscalizó su uso durante los ocho años que funcionó la Faffe? ¿para qué se utilizaba el dinero en efectivo de las cajas fuerte y quién lo controlaba? Muchas preguntas y ninguna información, por el momento. Los diputados quieren saber también qué personas acudieron al club de alterne con Fernando Villén y quién fue el que, al día siguiente acudió a anular el cargo en la tarjeta pública y pagó con dinero en efectivo. ¿De dónde salió ese dinero?

El dictamen de la comisión de investigación de formación en el Parlamento , que se aprobó sólo con los votos del PSOE y Ciudadanos, contó con tres votos particulares que pusieron en énfasis precisamente en la Faffe.

Izquierda Unida destacó entonces que no se entiende por qué el Gobierno andaluz creó la Faffe cuando para «impulsar y dinamizar el tejido productivo andaluz a través de proyectos de formación» cuando esas son algunas de las competencias del existente Servicio Andaluz de Empleo, donde terminó integrándose.

Podemos fue muy dura con este asunto, al igual que el PP. Los diputados Juan Ignacio Moreno Yagüe y Teresa Ruiz Sillero, respectivamente, destacaron la gravedad de los hechos que se ocultaban. El voto particular de Podemos fue muy contundente. Según consta en el mismo, « en el dictamen de la comisión la Faffe ni siquiera existió . Sin embargo, es responsable de la utilización, concesión y pérdida de decenas de millones de euros en cursos de formación, según consta oficialmente».

Tampoco se informó por qué se hicieron exceptuaciones en la justificación de algunas de las subvenciones que recibió la Faffe, ni por qué el control del gasto lo hizo el personal de la Faffe «lo que permite sospechar que se hurtaba al personal funcionario el control real de muchos expedientes que eran de su competencia».

El voto particular del PP también dedica un importante capítulo a la Faffe a la que califica como «paradigma del fraude dentro de la administración». Especial atención prestaron al expediente de Delphi ya que la Faffe fue la que gestionó más de ocho millones de euros para formar a los extrabajadores de la factoría gaditana en unos programas que estuvieron en manos, sobre todo, del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda.

La comisión de investigación se cerró y se desconoce a dónde fue a parar el dinero que no se controló: 58 millones sin justificar según la Cámara de Cuentas; 16,6 millones de euros, concedidos pocos días antes de extinguirse y una subvención de 510.000 euros un año después de su extinción.