La Junta «benefició» a empresas escogidas de forma opaca en el caso ERE y no a los trabajadores

Lo conocían especialmente los destinatarios del informe adicional del interventor del ejercicio 2003 , que eran el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, los exconsejeros de Innovación y Empleo Francisco Vallejo y Antonio Fernández, y la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para conocimiento del entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán, que luego fue presidente entre 2009 y 2013.

En el contundente informe final que los fiscales Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga comenzaron a leer ayer ante el tribunal de la Audiencia de Sevilla sostienen que «no cabe que los encausados no conozcan la realidad» de estas ayudas, que «se tratan de camuflar en la apariencia de ayudas a trabajadores» cuando «las empresas han sido las realmente beneficiarias» de los fondos públicos.

En las ayudas concedidas para costear indemnizaciones y seguros de renta de empleados afectados por un ERE extintivo, «aunque el pago de dichas primas sea asumido por la Junta de Andalucía, el beneficiario único y directo es la empresa por más que los fondos sean transferidos a los trabajadores sin pasar por la contabilidad de la empresa». «La prueba de que el beneficiario real es la empresa es que el abono de la Junta libera a ésta del pago de la indemnización pactada» entre la empresa y los trabajadores. « De no haber pagado la Junta, lo hubiera pagado la empresa », insiste.

La tesis acusatoria de la Fiscalía en esta materia pivota sobre cuatro patas: el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscalizó 82 de 126 expedientes de ayudas sociolaborales, los testimonios de los interventores de la Junta, la declaración de la Guardia Civil y la opinión expresada por los peritos de la Intervención General del Estado que analizaron los 270 expedientes de ayudas.

Las conclusiones de los expertos de auxilio judicial, de una «alta cualificación y experiencia», son « justificadas con la llamada a la norma jurídica vigente » y «no han obviado lo que pudiera favorecer a la defensa de los acusados».

Anticorrupción desacredita los argumentos jurídicos de los peritos de parte que no han estudiado la documentación presupuestaria que obra en la causa y han adoptado « una posición de sesgo retrospectivo » para fijar «un nuevo marco normativo genérico» sobre la gestión y presupuestación del programa de ayudas con el propósito de «justificar lo hecho».Pero «en ningún caso» fue el marco que «los encausados tuvieron en mente con su actuación delictiva», señala.

El Gobierno andaluz articuló un sistema «sin sujeción a procedimiento y control alguno» con la intención de «soslayar los problemas de reparos de la UE» y «evitar la publicidad», impidiendo que otras empresas, al desconocer la existencia de las ayudas bajo sospecha, «plantearan sus inquietudes sobre la vulneración de las normas de la competencia», sostiene el Ministerio Público.

La Fiscalía recordó al respecto que la Consejería de Empleo cambió la concesión de subvenciones excepcionales por otro método «inadecuado, fraudulento o ilegal» después de que el interventor delegado había emitido un informe en contra de las ayudas dadas a la empresa cárnica Hamsa en el año 2000 y, entre otras deficiencias, había alertado de que era obligatorio comunicar estas ayudas a empresas a la CE «con la posibilidad de ser reintegrada por vulnerar la competencia», afirma. «Teniendo en cuenta los precedentes», los reparos no eran baladí ni desconocidos» por el Gobierno andaluz.

El nuevo sistema implantado, que ha sentado en el banquillo a dos exjefes del Gobierno andaluz y expresidentes federales del PSOE, consistía en enviar el dinero año a año, presupuesto tras presupuesto, a una agencia pública, IFA/IDEA, para que pagase las ayudas que la Consejería concedía a través de un mecanismo, las transferencias de financiación, que sólo podían financiar operaciones genéricas de la entidad, pero no subvenciones.

La sustitución del procedimiento seguido» motivó «la falta de fiscalización» de los « mal llamados expedientes de ayudas » porque «los documentos venían en cajas de pollos», según declaró José Francisco De Pablo Doblas, jefe de servicio en la Consejería de Empleo.