Más de 25 andaluces mueren cada día esperando la ayuda a la dependencia

Para 27.658 andaluces en total que pidieron alguna ayuda , las gestiones de la antigua Consejera de Igualdad y Políticas Sociales llegaron demasiado tarde. Fallecieron en los últimos tres años esperando, con el plazo ya vencido, la valoración de su grado de dependencia o la resolución del programa individualizado de atención (PIA), según denunció ayer la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Ciudadanos), que compareció en el Parlamento andaluz a petición propia y del resto de los grupos.

Una vez concedido el grado de dependencia , el PIA determina cuál es la prestación más adecuada en cada caso particular, que va desde un centro de día hasta una plaza residencial, una asignación económica para tener un cuidador no profesional, un servicio de ayuda a domicilio o teleasistencia.

La responsable de la Junta de Andalucía desgranó ayer ante los diputados el plan de choque dotado de 77 millones de euros que su departamento puso en marcha el pasado lunes para aligerar la lista de espera. A fecha del 28 de febrero pasado, había 110.447 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Para que los diputados se hicieran idea de la magnitud de la cifra, Rocío Ruiz aseguró que es como si «todo el municipio de Cádiz o al de Jaén completo estuvieran en lista de espera».

Actualmente, hay 75.132 personas pendientes de su programa PIA . De ellas, 8.144 están consideradas grandes dependientes, es decir, necesitan cuidados continuos para las actividades diarias más básicas. De este colectivo (el grado III), 387 son menores de 18 años y 4.765 mayores son octogenarios. El plan de choque se marca como prioridad incorporar a más de 31.500 personas menores de 18 años y mayores de 80 en lista de espera y que tienen distintos grados de dependencia.

A estos 75.132 solicitantes en espera se unen 35.315 andaluces que «no estaban contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente», que están, según la consejera, «perdidos en un limbo de burocracia que agrava aún más su situación y revela una falta de sensibilidad social» que reprochó al anterior Ejecutivo socialista. La lista de espera «oculta» incrementa en más de un 44 por ciento las cifras oficiales, subrayó Ruiz. «Son personas que han presentado su solicitud, pero ni siquiera se les ha llamado y están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia», explicó.

Los tiempos están muy tasados en la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007. La norma estipula que «el plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones».

El análisis realizado por la Consejería sobre la lista de espera en la dependencia «nos ha certificado lo peor que nos temíamos: la existencia de un auténtico colapso en el sistema» que tiene un doble origen: lo farragoso de los procedimientos administrativos y la falta de personal. Para atajarlo, la consejera del ramo puso sobre la mesa una propuesta: poner en marcha un expediente unificado , es decir, que en un solo paso el ciudadano conozca su grado de dependencia y la ayuda que le corresponde por ello. Actualmente ambos procedimientos se realizan por separado y por fases. Por esta razón se emplea un tiempo excesivo para personas que requieren ayuda urgente.

«Vamos a revisar y actualizar, desde una perspectiva integral, todo el funcionamiento del Sistema de prestaciones de la atención a la dependencia, para adecuarlo a la realidad y a las necesidades», destacó Ruiz. No ahorró críticas hacia la gestión del anterior Gobierno de Susana Díaz por su «inacción y despilfarro» , pues «dejó sin ejecutar más de 35,2 millones del presupuesto de Dependencia durante 2017 y 2018».