La Junta de Andalucía pide que el bono joven del alquiler sea a título individual

Son 34,2 millones de euros para los años 2022-2023 y otros tantos para los años 2023-2024, fondos que llegarán a 5.700 jóvenes andaluces en cada convocatoria ya que la subvención tiene un tope máximo de 250 euros por beneficiario.

Sobre el papel, la propuesta del ministerio busca propiciar la emancipación de los jóvenes ayudando a pagar el alquiler de sus viviendas, pero tiene una letra pequeña que hace muy complicado que esas ayudas lleguen efectivamente a quienes tienen derecho a ella.

Esa es la opinión de la Consejería de Fomento. La secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez, explica a ABC que uno de los problemas está en los pisos compartidos. Para que se conceda la ayuda a un joven que viva en uno de ellos, todos sus compañeros deberán cumplir los requisitos exigidos en la norma. Los principales son tener menos de 35 años y unos ingresos tres veces menores al Iprem, es decir, 20.336 euros anuales; además de que la renta del alquiler deberá tener un máximo de 900 euros que se extenderá a 1.200 en zonas concretas aprobadas expresamente. La vivienda para la que se pide la subvención deberá ser el domicilio habitual y permanente y el joven deberá, además, estar empadronado en el mismo. Tampoco, según la convocatoria ministerial se puede arrendar una casa a una persona con relación de consanguinidad.

«Eso nos obliga a analizar los datos de todos los convivientes aunque el beneficiario de la ayuda sea sólo uno de ellos. Si un joven comparte piso con otro que tenga mayores ingresos, se queda sin el bono joven», explica Alicia Martínez. Según su opinión, las subvenciones son individuales y nominales por lo que este requisito debería ser eliminado para poder atender esta casuística.

«Los demás no están afectados por la subvención, ya que sólo ayudaríamos a pagar su parte correspondiente del alquiler al solicitante. Eso, además, nos obligaría a comprobar los datos de todas las personas que comparten piso, con lo que necesitaríamos su autorización expresa», añade Alicia Martínez.

Hay otro problema a resolver antes de lanzar la convocatoria. El real decreto que ha elaborado el Gobierno central busca incentivar la movilidad laboral de los jóvenes por lo que si un beneficiario de este bono se cambia de comunidad autónoma a causa de una oferta de trabajo, la Junta deberá seguir abonando la ayuda. Y, en este caso se aumenta el nivel de renta ya que en lugar de tres veces el Iprem se establece en cuatro veces este indicador, ascendiendo hasta los 27.114,8 euros al año. «Eso viene a complicar la tramitación todavía más», insiste la secretaria general de Vivienda de la Junta.

Alicia Martínez considera que el bono joven debería haberse incluido en el Plan Estatal de Vivienda que gestionan directamente las comunidades autónomas ya que eso permitiría mayor flexibilidad en los requisitos y adaptarlos, dentro de un marco general, a las necesidades de cada territorio. «Así nos dan el dinero y unas normas muy encorsetadas. No podemos gestionarlo con nuestras herramientas informáticas y eso nos preocupa porque ralentiza».