La Junta de Andalucía burla la transparencia y oculta el dinero recuperado de la corrupción

La proposición no de ley fue aprobada el 10 de marzo de 2016 en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio de la Cámara autonómica sin ningún voto en contra. Con la excepción de Ciudadanos —que se abstuvo—, el resto de los grupos parlamentarios, incluidos los diputados socialistas, dieron su apoyo a esta medida de transparencia promovida por la diputada autonómica del PP andaluz Teresa Ruiz-Sillero, cansada de que su batería de preguntas se estrellaran una y otra vez contra el muro de silencio de la Administración.

En la propuesta aprobada con aportaciones que realizó el Grupo Socialista se instaba también al Consejo de Gobierno a enviar cada dos meses a PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU «las cuantías declaradas prescritas y nulas en vía administrativa o judicial en relación con las reclamaciones» correspondientes a ayudas que han caído en las redes de la corrupción o que no han sido justificadas conforme a la norma.

El secretismo que rodea el proceso administrativo ha terminado en los tribunales. El PP presentó un recurso contra la negativa del Consejo de Transparencia de Andalucía a informar sobre los fondos devueltos correspondientes a las ayudas irregulares concedidas con cargo a la partida de los ERE y al programa Formación Profesional para el Empleo. Pretextó que no tenía centralizados ni informatizados los datos. El pulso que el PP ha echado al Ejecutivo para que sea transparente en este terreno será resuelto por el juez de lo Contencioso-administrativo número 5 de Sevilla, que ha abierto diligencias.

Al margen del desenlace de este pleito, el acuerdo parlamentario no ha logrado vencer la resistencia del Ejecutivo a poner luz sobre el dinero retornado. El apagón informativo persiste . Ayer, al ser cuestionado por los periodistas sobre los reintegros que se han hecho efectivos sobre los cursos de formación, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, contestó que no puede cifrar los fondos que se están tratando de recuperar ni tampoco el importe de los reintegros. «La cuantía final la tendremos cuando la Agencia Tributaria cobre las cantidades que se hayan derivado de esto procedimientos administrativos, que son muy heterogéneos», se justificó.

La dilación del proceso de revisión de oficio de las ayudas impide a decenas de entidades y academias beneficiarias de fondos optar a la nueva remesa de subvenciones lanzada en septiembre, tras cinco años de bloqueo de los cursos. Siete meses después de la convocatoria, no se ha iniciado ningún curso , en parte debido a las reticencias legales que está encontrando para sacarla adelante en varias provincias.

La última vez que un responsable de la Junta informó sobre el resultado de las gestiones para recuperar fondos de formación indebidamente percibidos por entidades y academias fue hace ocho meses.

El 15 de septiembre, la consejería andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, compareció, a petición del PP, en una comisión parlamentaria para anunciar que habían sido recuperados 7,6 millones de euros correspond ientes a las cantidades reclamadas por los expedientes de reintegro de subvenciones para impartir cursos. En aquel momento equivalía al 8,5 por ciento de los 90 millones de euros inmersos en proceso de devolución. Mes y medio después, la factura del fraude se disparaba hasta los 143 millones de euros.

En lo que respecta al dinero recuperado de los ERE, el escándalo que va a sentar en el banquillo a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y buena parte de la nomenclatura socialista que ha dirigido Andalucía durante 23 años, los últimos datos facilitados se remontan a la anterior legislatura.

El 4 de septiembre de 2014, Sánchez Maldonado informó en el Parlamento de que habían sido devueltos « en período voluntario 1,2 millones de euros ». El montante entregado hasta esa fecha constituía una gota (0,14 por ciento) en el océano de los 855 millones repartidos de forma discrecional y arbitraria.