A la juez María Núñez Bolaños le prescriben otras seis piezas del caso ERE por ayudas irregulares

El archivo afecta a ayudas excepcionales, concedidas de forma opaca y sin procedimiento legal, por un importe total de 634.139 euros. Núñez abrió esas diligencias entre el 27 y 28 de marzo pasados. Las ha archivado en apenas una semana sin practicar ninguna diligencia ni citar a ningún investigado.

La consecuencia inmediata de estos sobreseimientos es que los beneficiarios de las seis ayudas quedan exculpados porque ha pasado el tiempo legal correspondiente —que marca el Código Penal— sin que se inicie ningún proceso penal contra el supuesto autor del acto delictivo.

Los archivos por prescripción de delitos afectan a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta); la Asociación de Empresas Discográficas de Andalucía (AEDA); la cooperativa Algodonera de Córdoba; la autopista AumarS.A.; la empresa ATM Energy Asesor, y a Antonio Márquez Aguilar, que estaba investigado. De ninguna de estas ayudas existe un atestado de la Guardia Civil que detalle las ilegalidades.

Para algunos empresarios han prescrito los delitos sin que la instructora los haya llamado aún al procedimiento . En los casos de Algodonera de Córdoba y Faecta la juez decreta el archivo de ayudas que la Junta concedió y pagó hace más de 17 años. A la primera el entonces director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, le otorgó una subvención excepcional de 108.182,18 euros mediante un convenio firmado el pasado 7 de noviembre. El abono se realizó en diciembre de 2001. En el caso de Faecta, el convenio de Guerrero procedente de la partida presupuestaria 31L se remonta al 18 de julio de 2001. La ayuda de 120.202,42 euros se pagó el 18 de septiembre de 2001. Las diligencias previas para investigar estas ayudas se incoaron el 27 de marzo pasado.

En todos los casos se tratan de ayudas de menos de 450.000 euros. La juez se basa en la doctrina de la Audiencia Provincial de Sevilla. La Sección Séptima determinó mediante un auto de marzo de 2016 que los delitos estarían prescritos para los empresarios que recibieron una ayuda inferior a 450.000 euros con cargo al fondo de los ERE y que fueron imputados más de diez años después de la fecha del último cobro . A pesar de que el procedimiento con el que se repartieron las ayudas fue ilegal y, de hecho, por este motivo se han sentado en un banquillo 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

A partir de los 450.000 euros, la Fiscalía entiende que a la subvención se le puede aplicar el subtipo agravado en el delito de malversación, lo que se traduce en que el plazo de prescripción se amplía desde los 10 a los 15 años. El tope se fija en 450.000 euros porque las ayudas de la Consejería de Empleo que superaban esta cuantía requerían la aprobación o ratificación del consejo rector de la Agencia IDEA , encargada de pagarlas. En sus autos de archivo, la instructora apela al citado auto de la Audiencia de Sevilla. «Tratándose de una ayuda en cuantía inferior a 450.000 euros, en la cual podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado», expone la magistrada.

No es la primera vez que el retraso de las actuaciones provoca el archivo de piezas. Doce imputados —uno ya fallecido— fueron exculpados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos. La juez, que está apartando de todas las piezas a los políticos amparándose en la doctrina de la Audiencia, también archivó la pieza matriz del caso ERE.

En algunas piezas abiertas en 2017 y 2018 está citando a los investigados durante este año, con cambios constantes en los señalamientos que atribuye a necesidades del servicio. También ignora la práctica de diligencias que pide la Fiscalía y acusaciones.