La juez María Núñez cambia por completo el relato del caso ERE con sus autos de archivo

Es un trabajo lento, una lluvia fina de construcción de un relato alternativo de la causa que sentó en el banquillo a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El giro imprimido a la instrucción queda patente en el último auto de archivo de la pieza de las ayudas que la Junta concedió a la empresa Bilore después de que dos de extrabajadores de la planta industrial de Lucena (Córdoba) abordaran a Chaves en un acto. La juez Núñez defiende que las ayudas no beneficiaron ni ahorraron dinero a las empresas sino a los trabajadores prejubilados; pone en tela de juicio los atestados de la Guardia Civil y considera «lícita» la actuación de intermediarios que cobraron abultadas comisiones por tramitar ayudas.

Además, la titular del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sostiene que algunas subvenciones tenían una «causa justificada» , aunque fueran concedidas por un «procedimiento cuestionado». Por la supuesta ilicitud de este método, que comprometió 680 millones entre 2000 y 2009, ha sido juzgada la antigua cúpula de la Junta.

Para justificar el archivo de las actuaciones, la juez reproduce algunos postulados utilizados por las defensas de los acusados e investigados y se aparta de las tesis de la Fiscalía, las acusaciones, la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hicieron los informes periciales.

En el auto del pasado 16 de enero, al que ha tenido acceso ABC, María Núñez da carpetazo a la pieza separada de las ayudas irregulares por importe de 1,16 millones de euros concedidas a Bilore por Francisco Javier Guerrero y pagadas a partir del 31 de julio de 2009 por sus sucesores en la Dirección General de Trabajo de la Junta, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera . Núñez desimputa en este auto a Rivera y a los responsables de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo .

En su resolución, la magistrada esgrime el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales encargado por el Gobierno de José Antonio Griñán tras estallar el escándalo. Concluye que, «como señala la Cámara», las ayudas para financiar el plan de prejubilación son ayudas a los trabajadores y NO [las mayúsculas son suyas] a las empresas ».

«En ningún caso se puede decir [...] que los beneficiarios son las empresas porque éstas no reciben cantidad alguna ni se benefician económicamente de estas ayudas», asegura. Su versión contradice por completo al perito del Estado Ángel Turrión, quien en el juicio de la pieza política alertó de que todas las ayudas beneficiaron a las empresas y « ninguna va a los trabajadores directamente ». Así lo creen la Fiscalía y la acusación popular del PP.

«Sin duda, el Sr. Rivera conocía de la existencia de irregularidades», sostiene Núñez, pero «firmaba las resoluciones de pago en la creencia de que las irregularidades que podrían existir en la concesión no eran de tal entidad como para invalidar el acto y suspender los pagos», explica.

La juez cuestiona los informes de la Guardia Civil, pues «en no pocas ocasiones, tras la investigación judicial, se han puesto de manifiesto graves errores en los atestados». Respecto al intermediario Bordallo, al que desimputa, afirma que realiza «una actividad lícita que se realizaba no solo con pólizas financiadas por ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía sino también de otras administraciones públicas». De hecho, «todos y cada uno de los trabajadores que han recibido la ayuda reunían los requisitos para ello», señala, aunque dichos requisitos nunca se publicaron en el BOJA.

Es una posición contraria a la mantenida por la Fiscalía. En su informe final en el juicio contra la cúpula de la Junta sostenía que , aparte de arbitrario, el sistema encerraba una injusticia. Al no publicarse en el BOJA el programa, los encausados «permitieron que un mínimo de trabajadores afectados por crisis empresariales pudieran acceder a las ayudas o que los que lo hicieron recibieran cantidades excesivas, dejando menos para otros».

En cuanto a los «tan llamados pagos cruzados», considerados irregulares hasta por la Junta, Núñez los justifica porque se «i ntentaba posibilitar que los trabajadores cobraran ». El caótico sistema contable consistía en que tras realizar transferencias millonarias a un ERE, Guerrero ordenaba desviar parte del dinero a compromisos adquiridos con otras empresas.