Invercaria, la siguiente macrocausa que sentará a la Junta en el banquillo

Desde marzo de 2012, cuando Juan Gutiérrez Casillas abrió las diligencias previas de Invercaria (número 1.009/2012) en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, el sumario ha adquirido dimensiones enciclopédicas: 175 tomos, de los cuales 102 componen la causa matriz y el resto están repartidos en once piezas separadas. Son más de 70.000 folios. En paralelo, la lista de imputados no ha dejado de crecer. El último auto de Gutiérrez Casillas sobre la empresa Cedes-Electria elevó a 52 la cifra de imputados.

Según informaron fuentes judiciales a ABC, la instrucción de dos de las piezas está prácticamente terminada. Tan pronto como se remitan unas pruebas periciales al juzgado y la Audiencia Provincial de Sevilla resuelva los recursos presentados por algunos investigados contra la fragmentación de la macrocausa, el magistrado puede dictar el auto de procedimiento abreviado para que los hechos sean enjuiciados . En Invercaria se analizan las «elevadas sumas de dinero» que esta empresa inyectaba a sociedades o empresas que, «pocos meses después de su cobro, carecerían de cualquier tipo de actividad», según advirtió la Fiscalía Superior de Andalucía, que también abrió diligencias.

Los sumarios pendientes de cerrarse son los que afectan a Fumapa S.L. y Operador Aéreo Andalus S.A. Fumapa S.L., que se dedicaba a fabricar piezas para Santana Motor, estaba a punto de quebrar cuando en julio de 2008 Invercaria le concedió un préstamo de 300.000 euros con «dos folios manuscritos». El juez imputó a ocho personas en la pieza abierta sobre esta empresa de carpintería metálica ubicada en el pueblo de Vallejo, La Carolina (Jaén). Están investigados los miembros del consejo de administración: el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el consejero de Invercaria Ramón Martín López; la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro, además de un exdirector general de la agencia IDEA, dos exdirectores de Invercaria y los dueños de la empresa.

Otra investigación que está prácticamente concluida se centra en la aerolínea Operador Aéreo Al Andalus, presidida por Martín Delgado, consejero de Cultura entre 1994 y 1996 . Invercaria enterró 1,9 millones de euros en un proyecto de vuelos chárter para conectar Almería, Madrid y Barcelona que resultó un fiasco.La compañía canceló sus vuelos a los 17 meses de empezar a operar. El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional tachó la inversión de la Junta en esta compañía como «negligente, si no manifiestamente intencionada, pues se realizó a pesar de conocer que la inversión no era recuperable de ninguna manera».Aparte de Martín Delgado, hay cuatro investigados.

Los casos ERE e Invercaria comparten una metodología: la utilización de una red paralela de agencias y sociedades públicas para burlar los controles legales y distribuir dinero como pago de favores. Sin procedimiento ni plan de inversiones y a espaldas de los interventores de la Junta, la empresa de capital riesgo de la Junta, denominada Invercaria, compró un puñado de activos, hoy devaluados y tóxicos, en empresas que han quebrado o que nunca llegaron a tener actividad. Desde su creación en 2005 hasta 2009, gestionó unos 60 millones de euros.

Las pesquisas policiales han constatado que una parte aún por cuantificar de este dinero público (superior a los 30 millones) se ha perdido y, además, es irrecuperable.

En dos de las diligencias judiciales desgajadas de la macrocausa de Invercaria, dividida para agilizar su instrucción, están encausados dos exconsejeros: José María Martín Delgado (Operador Aéreo Al Andalus) y Francisco Vallejo (por Servivation), que también está procesado por las prejubilaciones trucadas y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.

En Invercaria habrá tantos juicios como empresas investigadas. Esa es la pretensión del juez y de la Fiscalía Anticorrupción y lo que intentan evitar con sus recursos los imputados, abocados a sentarse varias veces en el banquillo. El caso más paradigmático es el de Tomás Pérez-Sauquillo, presidente de Invercaria entre 2005 y 2010. Está imputado en doce de las trece piezas que se abrieron, de las que sólo una, la que afecta a la empresa Irongate SL, está archivada. Todos los que formaron parte del consejo de administración de Invercaria figuran como investigados. No en una, sino en varias diligencias. Entre otros, Isabel de Haro Aramberri, que fue secretaria general y subordinada de Vallejo , así como las dos personas que sucedieron a Sauquillo al frente de la empresa pública: Laura Gómiz y José María González Mejías. Éste, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, fue «un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva» en Invercaria, según concluyó la Policía. No fue la única prerrogativa que tuvo. La empresa pública le perdonó un préstamo de 26.500 euros.

Cada atestado policial que llega al juzgado sobre una de las empresas beneficiarias amplía de forma automática el número de encausados. En sus inicios, el instructor incluyó en el campo de investigación a 41 empresas receptoras de fondos públicos. La lista no está cerrada.

La bomba de las irregularidades detonó a pocas semanas de la campaña de las elecciones autonómicas de 2012, las únicas que ha perdido el PSOE en Andalucía. Los telediarios reprodujeron las frases más chocantes que podían escucharse en tres cintas entregadas al juzgado por un exdirectivo de Invercaria que grabó varias reuniones de trabajo. En una de ellas, su jefa, Laura Gómiz, insta a sus subordinados a echar mano de la imaginación para montar expedientes con los que justificar a posteriori inversiones ruinosas, entre otras instrucciones: «Si no hay nada [plan de inversión] se inventa».