«El interés absoluto de la Junta de Andalucía es tapar el caso Formación», según los abogados del PP

L.G.N.:La responsabilidad está en la cúpula de la Consejería de Empleo con alguna derivación al Consejo de Gobierno por la elevada cuantía de algunas subvenciones. Lo que ha archivado la juez es la investigación que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) al nivel de la Dirección General de Formación y de las delegaciones. Pero sí hay otras piezas abiertas de formación como el caso de Delphi, donde el importe de las subvenciones (105 millones de euros) hace que el Consejo de Gobierno tenga mucho que decir.

— ¿Hubo una red clientelar vinculada al PSOE con los cursos de formación? ¿Hay indicios para sospechar que ha podido haber financiación irregular del partido?

L.G.N.: La investigación no se ha abierto a pesar de que lo denunciamos antes de que se archivara la pieza de formación del SAE. Hicimos una relación de empresas de familiares y dirigentes del PSOE que se han visto beneficiados con el reparto discrecional de ayudas. Estamos a la espera de formular el recurso de apelación contra ese archivo y lo fundamentaremos en ese grupo de empresas que fue detectado por la UCO de la Guardia Civil y tenemos acreditado. Si tuviera esa información y pudiera ahondar qué hay detrás, nos llevaríamos alguna sorpresa.

L.F.: La UCO ya apuntó que existió esa red clientelar y que era un procedimiento igual que en los ERE. El problema es que la señora instructora no ha querido seguir esa línea.

— ¿Ha habido muchas interferencias políticas en la instrucción del caso?

L.G.N.: Lo que sí se denota la actuación de la Junta como acusación es que hay un interés absoluto en taparlo todo. La rapidez con que el presidente del SAE hizo un informe exculpatorio de todo lo que se estaba analizando denota la necesidad política de Susana Díaz de dar carpetazo cuanto antes al caso Formación.

L.F.: Los letrados de la Junta de Andalucía actúan más como defensa de Susana Díaz que como acusación.

— Como sucedió con los ERE, donde las quejas de la juez Alaya fueron insistentes, ¿Creen que la Junta está bloqueando la investigación?

L.G.N.: La encomienda que hace el juzgado a la Dirección General de Formación para que estudie cada una de las subvenciones no se está llevando a efecto. Nos hemos quejado en reiteradas ocasiones a la juez porque lleva más de un año sin emitir los informes. Los requerimientos de la UCO a su señoría para que exija esos informes son explícitos. La Junta está ejerciendo una acusacion particular de boquilla. Tiene comisarios políticos en los juzgados. Es evidente que está para controlar el procedimiento judicial, no para otra cosa.

L.F.: De hecho, no hay ni un solo escrito de la Junta de Andalucía como acusación pidiendo diligencias de investigación en la causa de Formación.

— El fiscal Anticorrupción apoyó el archivo de la causa del SAE. ¿Le ha sorprendido su postura?

L.G.N.: No se le ha permitido a la UCO de la Guardia Civil la mayoría de las 45 empresas inculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE y del Gobierno de la Junta o a socios y familiares suyos, que recibieron 101 millones de euros, como hemos denunciado.

L.F.: En la Fiscalía hay una distinta vara de medir dependiendo de la pieza que se investigue: si es la pieza política no se ven delitos, mientras que en la de Ojeda se cataloga a este exconsejero como el que más indicios de criminalidad reúne. Se piensa más que los beneficiarios son los delincuentes y no los que han repartido el dinero.

— ¿Echan de menos a Alaya?

L.G.N.: Sin lugar a dudas, la experiencia instructora de la juez Alaya, avalaba más su trabajo que se está realizando actualmente.

.F.: Las instrucciones están paradas.

— Con la instrucción que se ha hecho y los indicios que hay, ¿creen que Chaves y Griñán van a ser condenados en el juicio por el fraude de los ERE?

.G.N.: Sí. Hay indicios de criminalidad contra ellos. Sólo hemos ampliado la acusación en la medida en que el auto de procedimiento abreviado del juez Álvaro Martín reconocía que había una conspiración para la creación de ese procedimiento. Como se mantiene durante años, pasa de ser una conspiración para delinquir a convertirse en una asociación ilícita.