Las claves de la Policía del «clientelismo político» en los cursos de formación

Pese a este chocante desenlace, que secuencialmente se ha venido repitiendo desde que a principios de 2015 trascendiese esta investigación policial y judicial, han sido muchos los dirigentes de la Junta de Andalucía que lo han utilizado para exonerar el Gobierno regional de cualquier responsabilidad e incluso para avalar teorías conspiranoicas.

Frente a estas argumentaciones, los informes de los responsables del caso, a las que se suman las declaraciones de los testigos e imputados, describen una situación de descontrol en la que sí vislumbran el «clientelismo político» que ha desechado la juez de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, quien, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, archivó la rama política del caso Formación. No ve malversación de fondos públicos ni prevaricación ni red clientelar en la actuación de los excargos del Servicio Andaluz de Empleo.

Estas son algunas de las conclusiones de los investigadores que demostrarían que se trata de un procedimiento fundado y alejado de elucubraciones.

La primera de las cuestiones que pusieron de relieve al estudiar el caso concreto de 17 empresas malagueñas beneficiarias y analizar una sola convocatoria de ayudas es que se produjeron «dilaciones indebidas dentro del marcos de las responsabilidades que compete al órgano supervisor (la Junta)». Era habitual que las firmas agraciadas con dinero público, en la mayoría de los casos, incumplían un requisito fundamental: contratar temporalmente al alumno una vez finalizado el curso. La administración autonómica no sólo no advirtió esta circunstancia, sino que se dio el caso de que siguió dando ayudas a compañías que no habían presentado los justificantes requeridos. «No han visto a persona alguna de la Junta que inspeccionara el desarrollo de los cursos», respondieron a los agentes los alumnos de una de las «academias».

Entre los más de 150 alumnos que declararon ante la Policía, la queja más repetida es que no se respetaba el compromiso de contratación que era uno de los requisitos básicos para recibir la ayuda pública e impartir los cursos.

Los policías también interrogaron a unos 25 docentes y, además de compartir las dudas del alumnado sobre la cualificación de algunos, documentaron casos en los que éstos eran simples familiares de los responsables del curso.

Los responsables del caso advirtieron que era habitual que no se presentara relación de los estudiantes y, cuando se hacía, comprobaron que hubo quien falsificó las firmas de éstos para justificar su asistencia y que incluso se llegaron a simular contratos.

Los testimonios de los alumnos dejaron entrever su utilización como mano de obra barata. Llama especialmente la atención un caso recogido en los informes policiales sobre un curso de soldador de estructuras metálicas ligeras. Uno de los estudiantes contó a los investigadores que les encomendaban los trabajos que llegaban a la empresa que debía impartir las clases; mientras que otro, que exigió que le contrataran como recogían las bases, lo enviaron a trabajar «días sueltos» a Ceuta cobrando «cinco euros la hora» en jornadas de tres o cuatro. Los agentes hacen hincapié en sus conclusiones en que nadie de la Administración se interesó por lo que sucedía, a pesar de que los afectados «fueron a quejarse en varias ocasiones por las deficiencias del curso».

La lista de posibles delitos del «caso Edu» es mucho más amplia que la de fraude. Sus investigadores documentan al menos dos situaciones de falsedad documental y usurpación de estado civil sufridas por dos docentes cuyas firmas supuestamente fueron falsificadas para simular que habían impartido las clases. Se daba el caso de que una de ellas se encontraba de baja por maternidad cuando esto sucedió y la otra asegura que no participó en ese curso de administrativo.

En este contexto hay que situar las irregularidades advertidas por otros docentes que contaron a los investigadores que no fueron dados de alta para impartir las clases y que, en algunos casos, cobraron «en mano». Todos estos comportamientos se vieron favorecidos por la inacción de la Junta de Andalucía en su tarea de control, según recalcan los agentes. Aunque más preocupante, quizás, fueron los casos en los que sí estuvo un inspector y continuaron las presuntas irregularidades e ilegalidades. En las diligencias se recalca el nombre de un técnico de seguimiento, F.J.T.M., «que pudiera mantener relaciones de amistad o confianza con alguno de los administradores de las empresas beneficiarias y que esto pudiera haber influido en la tramitación de sus expedientes».

Las pesquisas también revelaron que se producían procesos de subcontrataciones que no eran del todo limpios. Documentan el caso de un curso de servicio de bar y cafetería al que concurren tres empresas. Finalmente, lo obtuvo la que presentó un presupuesto más barato, aunque se da la circunstancia de que su representante «figura en los órganos de administración» de las otras dos.

La «laxitud», como la definen los responsables del caso, del Ejecutivo autonómico «se ha evidenciado en el control de la subvención investigada». Durante las pesquisas se observó cómo se entregaron partidas de dinero público a empresas con deudas con la Seguridad Social; algunas, ni siquiera estaban dadas de alta en la fecha de concesión; y otras se constituyeron «escasos» días antes de abrirse el proceso administrativo. Es en este ámbito donde los agentes sitúan a los denominados «cazasubvenciones», donde no se puede desechar el importante dato de que era dinero para la formación de desempleados.

El punto más conflictivo de la instrucción es la existencia o no de una red clientelar con tintes políticos. La magistrada que sustituyó a Mercedes Alaya al frente de las indagaciones afeó a los investigadores que llegaran a su conclusión argumentando que los beneficiarios con lazos en el PSOE era un porcentaje mínimo. No obstante, esta circunstancia no puede obviar que se han detectado lazos estrechos con dirigentes socialistas en la práctica totalidad de las provincias, siendo el caso más llamativo el del exconsejero Ángel Ojeda, cuyas empresas percibieron más de 52,6 millones de euros. En uno de sus informes, los agentes no dudan en hablar de «concesiones por proximidad ideológica» para justificar la obtención de ayudas por determinadas personas «que de otro modo no las hubiesen recibido al no cumplir los requisitos legales» y a las que sitúan «próximas a determinados partidos políticos o sindicatos».

Los agentes documentaron el caso de un empresario que fue candidato del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) que percibió más 1,3 millones de euros a través de diversas empresas.

Y es que, en el desarrollo de este presunto fraude, se observa desde la pequeña firma que recibe unos cuantos miles de euros, hasta entramados societarios «complejos» cuyo supuesto fin es «obtener subvenciones extraordinarias sin requisito alguno».

Los agentes no dudaron en concluir que se había creado una red de «clientelismo, de obtener el beneplácito, los votos de un número extenso de la población andaluza y con un costo muy reducido», ya que, como recuerdan, «el 80 por ciento de las subvenciones lo aporta la Unión Europea».

«Hay indicios suficientes para afirmar que las mismas irregularidades se están cometiendo sistemáticamente en todas las provincias andaluzas», resaltan los investigadores.