Las incógnitas del caso ERE: división, piezas sin abrir y prescripciones

De las más de 250 empresas que recibieron ayudas con cargo a la partida supuestamente ilegal de los ERE durante una década (2000/2011), tan sólo se han abierto diligencias sobre cerca de noventa, piezas desgajadas de la causa matriz. Dos terceras partes de las ayudas destinadas a prejubilaciones y empresas en crisis no se han investigado todavía. Tan sólo se ha dictado autos de apertura de juicio oral sobre tres diligencias separadas: el llamado procedimiento específico de reparto de las ayudas —la rama política, por la que están acusados Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos—, y las piezas centradas en las ayudas concedidas alas sociedades Surcolor y Acyco. Las dos primeras son las únicas enviadas por la juez María Núñez Bolaños a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento.

La sombra de la prescripción de delitos en el caso ERE ha pasado de ser una advertencia recurrente para la Fiscalía Anticorrupción y las defensas a convertirse en una realidad . Doce empresarios procedentes de la Sierra Norte de Sevilla y beneficiados con ayudas vieron archivados hace un año los cargos que pesaban sobre ellos al haber prescrito sus delitos. A pesar de que el proceso utilizado fuera supuestamente ilegal, se libraron de ser juzgados por la tardanza de la Justicia. Cuando habían sido acusados, habían pasado más de diez años desde que la Junta le concedió las ayudas. Diez años es el plazo máximo para actuar contra los perceptores de ayudas inferiores a 450.000 euros. Quince, para el resto. Tras este archivo, es previsible que otros acusados en una situación análoga soliciten el sobreseimiento de la causa. El propio exconsejero de Empleo José Antonio Viera apeló a este argumento para pedir el archivo de una ayuda que concedió en septiembre de 2003 a la Asociación de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005.

Las primeras prescripciones surtieron efecto. En julio pasado, para evitar la prescripción de delitos la juez María Núñez abrió once nuevas piezas separadas en el caso, entre ellas una referente a las ayudas a empresas de Juan Francisco Trujillo , exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a la Faja Pirítica de Huelva, a la Sierra Norte de Sevilla o a los ayuntamientos sevillanos de San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Alcolea del Río.

Las prisas por agilizar la instrucción, que motivaron la división de la macrocausa, pueden tener un efecto bumerán. Las defensas de los imputados ya avisaron de que el caso podría culminar en unos 200 juicios y que muchos de los imputados iban a verse abocados a sentarse una y otra vez en el banquillo. Además, existe riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias cuando se trate de delitos cometidos conjuntamente por varios acusados . «Estábamos en lo cierto cuando dijimos que Mercedes Alaya era nuestra mejor aliada», asegura uno de los abogados de la defensa al recordar la negativa frontal de la juez que abrió el caso ERE a segregarlo, como le demandaron la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Audiencia de Sevilla. Tras su marcha del juzgado, su sustituta, María Núñez, fragmentó el caso.

La Sección Séptima de la Audiencia estimó la pasada semana el recurso presentado por el abogado del exdirector general de la agencia IDEA, Jacinto Cañete. Dejó sin efecto el auto que lo acusaba por una ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial después de ser procesado en la pieza política de los ERE. «En la práctica, para nuestro cliente, el auto significará tener un solo proceso en lugar de decenas y decenas, algo que veníamos reclamando desde antaño por el monstruoso e innecesario calvario procesal que ello suponía», dijo su abogado, Juan Carlos Alférez.

Pero la resolución de la Audiencia puede actuar como un faro para otros imputados inmersos en varias piezas. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández está pendiente de un recurso en el mismo sentido. «Vamos a pelear hasta la última cuartilla de tierra. No puede ser que en las piezas pequeñas sean juzgados a los perceptores de las ayudas como cooperadores de un supuesto delito de malversación, los que recibieron el dinero, y no estén los que se lo dieron. La división del caso fue un error y ahora los jueces y fiscales deben apechugar con esto», explicaba uno de los letrados de la causa.

La recusación del juez ponente del tribunal Pedro Izquierdo por haber sido alto cargo de la Junta de Andalucía ha obligado a suspender los trámites del juicio hasta que ésta se ha resuelto . Todavía es una incógnita, otra más, la fecha del juicio que sentará en el banquillo a los expresidentes.