Guía para entender la jornada «virtual» de 37,5 horas para los funcionarios andaluces

Tras aplazarlo una semana, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado martes el acuerdo suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO . El pacto, que tiene rango de decreto y entrará en vigor tan pronto como se publique en el BOJA, representa un atajo legal para salir del callejón jurídico en el que se había metido el mismo Ejecutivo socialista con la reducción de la jornada laboral al margen del Estado (competente en esta materia).

El TC anuló las 35 horas semanales implantadas en Andalucía desde el 16 de enero de 2017. Éstas son las claves de la jornada virtual de 37,5 horas en Andalucía:

El Constitucional, que mantenía suspendido el decreto andaluz que recuperaba la jornada de 35 horas semanales, entiende que la regulación de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado . En el año 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó a 37,5 horas la semana de trabajo en el territorio nacional dentro de un paquete de medidas económicas para capear la crisis.

Si la competencia es estatal, ¿puede la Junta computar como jornada laboral el teletrabajo? La Junta entiende que sí y así lo ha pactado con los sindicatos UGT, CSIF y CC.OO. Se ampara en que la «organización» —que no la regulación— de dicha jornada es competencia suya . Ejerciendo este derecho, reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha propuesto computar como trabajo realizado media hora diaria no presencial para mantener a la postre la reducción laboral.

La Junta tiene que demostrar que va a cumplir la sentencia del TC porque de no hacerlo cometería un fraude de ley. Pero al mismo tiempo no quiere renunciar a la promesa que les hizo a los empleados públicos (270.000 en Andalucía), algunos de los cuales se mostraron muy beligerantes con los recortes autonómicos. Para Susana Díaz es una baza política importante dentro de una estrategia de enfrentamiento continuo con el PP a cuenta de los efectos de la crisis. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la Junta de Andalucía actúa de «contrapeso» frente a quienes «han utilizado la crisis como una coartada para arrebatar los derechos de los trabajadores».

La Junta prepara a contrarreloj catálogos de actividades para que los empleados públicos cubran con las dos horas y media a la semana (unas 600 horas al año) que computarán como jornada aunque estén en su casa. Tales tareas abarcan desde la preparación de actividades, formación o acreditación profesional.

Depende de cada sector. Pero la idea general es que los responsables directos de cada departamento comprueben si sus subordinados han realizado, al cabo del año, las horas establecidas fuera de su oficina. No habrá, pues, un sistema de control distinto al que ya funciona para cumplir la jornada ordinaria.

En el caso de la Administración general (el personal que, por ejemplo, atiende a los usuarios en oficinas y ventanillas autonómicas), los responsables directos de los trabajadores deberán comprobar que éstos realizan 650 horas de «teletrabajo» anualmente.

Cada sector es un mundo y esta diversidad afecta a la hora de computar las horas no presenciales. En Educación, hay horas lectivas y otras que no lo son. En Sanidad, «no hay un control horario, y es el responsable del personal el que controla la jornada», detalla Montero.

La consejera argumenta que en el «contexto actual» quería asegurarse de que ofrecía « las máximas garantías de que se acataba la sentencia ». Bajo ningún concepto, tras el pulso de los independentistas catalanes al Estado, el Gobierno de Susana Díaz quería proyectar la imagen de una Comunidad insumisa que incumple la ley. De ahí que remitiera el acuerdo al TC aunque éste no les ha dado ninguna respuesta que, por otro lado, tampoco «esperábamos», admitió. Montero volvió a exigir que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 «recuperen las 35 horas para empleados públicos en todo el Estado».