Los andaluces acabarán pagando el doble de los 680 millones malversados en el caso ERE

La expresidenta olvidaba que el tribunal de la Audiencia de Sevilla advirtió de que un buen número de ayudas «carecían de un objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos» y que, por ejemplo, un centenar de beneficiarios fueron militantes de su partido.

La sentencia ha enterrado 36 años de monopolio de poder del PSOE en Andalucía, pero no cierra los agujeros que dejó el «sistema fraudulento» de ayudas . El dinero mal empleado tiene difícil retorno a las arcas públicas por las trabas puestas por el anterior Gobierno de Díaz y por las propias dificultades que entraña la vía judicial para reclamar ayudas concedidas a empresas hace diez y veinte años, algunas de ellas extintas.

La factura final de los ERE superará los 1.200 millones de euros. En su informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales de 2012, la Cámara de Cuentas de Andalucía estimó en 1.217 millones de euros el dinero que iba a terminar abonando la Junta como consecuencia de la refinanciación de las pólizas de prejubilaciones y los intereses de demora.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), aseguró el miércoles que «la asesoría jurídica de la Junta ya se ha puesto en marcha para facilitar la devolución de esos recursos». La realidad es que la Junta lleva ocho años intentando recuperar el dinero distribuido entre prejubilados incluidos en 126 ERE de empresas y 275 ayudas directas a sociedades.

La experiencia y los datos invitan al pesimismo. Hasta julio de 2018, según el último balance de los reintegros realizado por el Ejecutivo de Díaz, la Administración sólo había recuperado 6,7 millones del «botín» de los ERE . Lo que contrasta con otro mantra que se ha escuchado estos días. Los socialistas aseguran que se han recobrado «más de 80 millones de euros con acciones ante el Tribunal de Cuentas y en los juzgados de lo contencioso-administrativo». Un milagro de los panes y los peces que, de producirse, sería un ejercicio de eficacia digno de elogio. La vía contenciosa es lenta y compleja. Hay 72 sentencias a favor de la Administración pero muchas de las empresas que recibieron las ayudas ya no existen.

La Junta tenía otra vía para recuperar los fondos malversados (679,4 millones de euros), pero se encargó de taponarla el mismo Gabinete Jurídico que en la etapa de la socialista Susana Díaz pidió el archivo de la causa contra los exdirigentes procesados y que no celebrara juicio alguno. Si existió orden política de retirarse de la causa, ésta no aparece. Los letrados autonómicos alegaron que no había una «trama criminal» ni una «finalidad ilegítima» en la implantación del sistema ilícito de ayudas.

Al retirarse la Administración «perjudicada» por el expolio de los ERE, la juez María Núñez Bolaños archivó las acciones civiles para que los acusados respondieran con su propio patrimonio si eran condenados. Son esos mismos servicios jurídicos de la Junta, dirigidos por Jesús Jiménez López, los que ahora recomiendan al nuevo Gobierno no ejercer dichas acciones hasta que el Supremo declare firme la sentencia. Otros juristas, en cambio, creen que se puede activar ya esta vía.

El «sistema fraudulento» de los ERE, como lo califica el tribunal, financió no sólo a presuntas «empresas en crisis» elegidas de manera caprichosa, sino que también pagó 66 millones en sobrecomisiones a intermediarios .

Con el cajón de sastre de la partida presupuestaria 31L, rebautizada como «fondo de reptiles», se costearon rentas públicas a intrusos o falsos trabajadores empotrados en ERE –« criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral » los llamó el exdirector de Trabajo de la Junta Javier Guerrero–; campañas de propaganda; ferias organizadas, en su mayoría, por alcaldes socialistas; cursos de alta dirección de la Fundación San Telmo, e incluso copas y cocaína, según la confesión que hizo el chófer de Guerrero.

Quien fuera alcalde socialista del municipio sevillano de El Pedroso estuvo nueve años en el despacho oficial desde el que disponía de manera libérrima de los recursos de todos, con una clara transgresión de la ética pública más elemental, para asegurar una paz social al PSOE amenazada por el cierre de industrias y urdir una red de clientelismo político que ayudó a ganar las elecciones. Guerrero no actuó solo. Se falseó el presupuesto año a año para dar subvenciones sin fiscalización , señalan los jueces. «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto», puntualizan. El tribunal no tiene dudas: tanto Chaves como Griñán eran «plenamente conscientes de su patente ilegalidad».

No. Entre 2000 y 2009, la Junta repartió 679,4 millones ilegalmente. Todas las ayudas entregadas fueron igual de ilícitas. La sentencia lo resume así: «La Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía».

Los reales beneficiarios no eran los trabajadores, como mantenían las defensas de los acusados o la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños , actualmente de baja y inspeccionada por el Poder Judicial, sino determinadas empresas que se enriquecieron, «a través del ahorro de gastos» de las prejubilaciones de sus trabajadores, ayudas que no llegaron a otras compañías en idénticas circunstancias. Entre 2000 y 2010, 120.829 trabajadores andaluces se vieron afectados por ERE , pero las ayudas sólo llegaron a 6.096 sin que nadie haya sabido explicar por qué unas sí y otras no.

El 16 de octubre de 2012, veinte meses después de que la juez Mercedes Alaya abriera el caso ERE, el Gobierno de José Antonio Griñán aprobó un decreto-ley por el que se comprometía a terminar de pagar las ayudas sociolaborales a unos 6.000 prejubilados «de buena fe» que se acogieron al antiguo programa hasta que cumplieran los 65 años. La Administración enmendaba su sistema anterior . Asumió el abono directo, rebajó las abultadas comisiones, que llegaron al 25% del costo total de los expedientes, y eliminó la figura del intermediario, un negocio que reportó a Juan Lanzas 7,4 millones, según la Guardia Civil.

En una decisión pactada por el PSOE e IU con los sindicatos UGT y CC.OO., el Ejecutivo socialista se aseguraba un paraguas legal para desbloquear los pagos a los prejubilados que los habían visto interrumpidos cuando estalló el escándalo.

Se acababa prejubilarse a costa de la Junta de Andalucía a partir de ese momento, pero los que habían suscrito sus pólizas con anterioridad seguirían cobrándolas. La Junta aprovechó el decreto para refinanciar las pólizas vigentes con las aseguradoras en vigor y establecer controles que antes había eliminado.

El nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos no va a cerrar ese grifo. Su vicepresidente, Juan Marín (Cs), garantizó que aquellas personas de «buena fe» que se acogieron a los ERE seguirán cobrando sus rentas hasta 2025 con «total normalidad». Calculó que gastará 37 millones en dichas pólizas. Es una cantidad inferior a los 60,9 millones pendientes de abono a los que se refirió la consejera de Empleo, Rocío Blanco (Cs), el 16 de mayo en el Parlamento. La factura final superará los 679,43 millones, el «montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta», según la Fiscalía.

Los andaluces pagarán durante 25 años las consecuencias de un «sistema fraudulento» que ayudó a ganar elecciones a sus gobernantes pero que no los sacó del vagón de cola del paro.