Gastan en sueldos a directivos la ayuda de la Junta para salvar la empresa

La operación resultó sumamente lucrativa para algunos de los directivos, pero se convirtió en un agujero para las arcas autonómicas. Ambas empresas dedicadas a las energías renovables recibieron 4,49 millones de euros: 1,55 millones a través de Invercaria y otros 2,94 millones se los concedió Soprea , otra empresa pública propiedad al cien por cien de la Agencia IDEA , con cargo a los fondos europeos Jeremie dirigidos a pymes. Gran parte de los préstamos «irregularmente concedidos», sin que existiera documento o estudio que los avalase, fueron condonados. «Todo ello con conocimiento de la situación de pérdidas de la empresa y el aprovechamiento en su propio beneficio de los socios particulares», concluye la Policía.

Según recoge el informe policial de 343 páginas, la creación de Cedes-Electria fue «una idea personal» de José Luis Manzano Seco , empresario acusado de graves irregularidades contables por parte de sus socios en Isofotón, la fábrica malagueña de energía fotovoltaica que cerró en 2014 después de haber recibido 80,5 millones de euros a través de distintas ayudas de la Administración andaluza.

Cedes se constituyó en agosto de 2008 con la finalidad de comercializar electricidad mediante fuentes de energía renovables. Aunque su reciente paso por Isofotón ya evidenciaba algunas sombras, Invercaria, que entonces estaba presidida por Tomás Pérez-Sauquillo , no dudó en apadrinar el nuevo proyecto de Manzano, quien ha colaborado como experto para la Fundación IDEAS del PSOE . Le asesoró sobre el cierre de la central nuclear de Garoña o el coche eléctrico.

Tanto Manzano como Pérez-Sauquillo están acusados por la Policía, junto a nueve exdirectivos más, por un supuesto delito contra la Administración Pública. Otro de los socios fundadores de Cedes investigados es Federico Mañero Ruiz , quien fuera secretario general de Juventudes Socialistas (1981/84) con Felipe González. Sin embargo, «el monopolio de la relación con la Junta de Andalucía correspondía a Manzano», según declaró Mañero a la Policía.

Entre octubre de 2008 y abril de 2009, Invercaria financió con 1,55 millones de euros a Cedes y a su empresa filial, Consultora para la Sostenibilidad Integral S.L. (CSI), que fue creada cuatro meses después por dos socios de la primera sociedad (Anitec y Openmatelec). El apoyo financiero se materializó de la siguiente forma: 1,15 millones mediante la compra de acciones y préstamos participativos de Invercaria y otros 400.000 euros correspondientes a un préstamo que concede la sociedad pública a CSI y que acaba gestionando Cedes. La Policía destaca que «el destino del préstamo de 400.000 euros fue la retribución de servicios profesionales de los propios directivos de Cedes».

La Policía ha imputado un delito contra la administración pública a once personas (tres ex directivos autonómicos y ocho responsables de las firmas beneficiarias de fondos) dentro de una nueva pieza desgajada de las diligencias que analizan las irregularidades en la gestión de Invercaria, la sociedad de la Junta dedicada a la participación en fondos de capital riesgo y a facilitar a las empresas el acceso al crédito bancario. Entre los investigados se encuentran también Laura Gómiz, que formó parte del consejo de Cedes en representación de Invercaria, y el ex responsable del departamento de Análisis e Inversiones de Invercaria, Manuel Rodríguez .

En su declaración ante la Policía el 4 de abril de 2015, el director-presidente de Cedes, José Luis Manzano Seco , reconoce que «como asalariado de la compañía, entre agosto de 2008 y marzo de 2013, percibió unos 110.000 euros anuales como presidente, hasta febrero de 2011, y desde ese momento (hasta 2013) unos 50.000 euros anuales ». Es más, confiesa que él había realizado una inversión particular de 430.000 euros «que espera recuperar».

Enrique Pablo García Chelle , otro de los socios de Cedes a través de Openmatelec, reconoció a la Policía que «las retribuciones eran absolutamente desproporcionadas respecto a la actividad y capital de la empresa». La situación era crítica: a finales de 2010 acumulaba unas pérdidas de entre 800.000 y 900.000 euros . Los números rojos equivalían a casi la mitad de «las retribuciones salariales y la prestación de servicios a través de empresas propias de José Luis Manzano v Antonio Aragón (su mano derecha y socio a título particular) por un importe anual conjunto de 400.000 euros».

Según los datos de la Agencia Tributaria aportados a los investigadores, las sociedades en cuya gestión participa el antiguo consejero delegado de Isofotón o con las que está relacionado por corresponder a presuntos socios recibieron un total de 1,9 millones de euros . Por tanto, la Policía considera «completamente falso que espere recuperar algún tipo de beneficio, pues a lo largo del devenir societario, se puede identificar como el principal beneficiario de la actividad de Cedes y su mayor proveedor de servicios».

En 2011, Manzano fue condenado por un juzgado de lo Mercantil a indemnizar con 168,5 millones de euros al grupo que adquirió Isofotón , Bergé, por falsedad contable, pero la Audiencia de Madrid revocó la sentencia alegando que los nuevos propietarios debían estar al corriente de las circunstancias reales de Isofotón.

Sin documentación: Invercaria concedió 1,55 millones a Cedes-Electria y CSI sin soporte documental alguno.

Gestor dudoso: Los únicos papeles disponibles son planes elaborados por el propio promotor, José Luis Manzano, que había sido denunciado por los propietarios de Isofotón [que dirigió hasta 2008] de falsedad contable.

Comisiones: La sociedades que perciben fondos las traspasan íntegros a terceras empresas para evitar una facturación directa a la sociedad interesada. «Este es un mecanismo muy habitual para la percepción de comisiones», concluye la Policía.

Sin domicilio andaluz: La práctica totalidad de las sociedades beneficiarias están radicadas fuera de Andalucía. Según la norma de Invercaria, no deberían haber accedido a los fondos. Una de las falsas sedes sociales que se utilizan es en realidad la de «una academia de formación con cargo a la Junta».