Los jueces desmontan tres veces la falsa teoría de la Junta sobre las grabaciones de Invercaria

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla concluye en una sentencia que las cintas no están manipuladas , basándose en un informe de la Policía Científica, y desestima la demanda presentada por la sociedad pública que le reclamaba una indemnización de 618.000 euros por daños morales al mostrarla como «corrupta y sin ética» .

Las grabaciones de la sociedad pública Invercaria, especializada en apoyar inversiones en empresas y facilitarles el acceso al crédito bancario, provocaron un terremoto en el seno de la Junta de Andalucía en plena precampaña de las elecciones autonómicas de 2012. A lo largo de 160 minutos se escuchaban frases tan insólitas como ésta, pronunciadas por las entonces presidenta de la empresa, Laura Gómiz: « ¿Y si no hay nada [plan de inversión] se inventa ». La exdirectiva, hoy imputada por el supuesto desvío de fondos de Invercaria, Gómiz instaba a sus subordinados a echar mano de la imaginación para montar expedientes con los que justificar con posterioridad inversiones fallidas con fondos públicos.

La magistrada Ana María Fuentes condena, además, a Invercaria a pagar las costas. Es la tercera vez que la empresa de la Junta pierde este pulso judicial. La Audiencia de Sevilla archivó en diciembre de 2013 otra querella por falsedad presentada contra Cantos por haber aportado al juicio por su despido la grabación de conversaciones con la expresidenta de la entidad Laura Gómiz (imputada en el caso de malversación pública de Invercaria ). Con anterioridad, el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, que declaró improcedente el despido de Cantos, avaló la autenticidad de las cintas, pese al intento de Invercaria de anularla como prueba.

La Junta denunció que las cintas, que recogen el contenido de tres reuniones fueron manipuladas , basándose en un infome encargado a Graudio Acústica, Servicios Integrales de Sonido y Formación S.L. El entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán , hoy procesado en la pieza política del caso ERE, llegó a afirmar que la grabación de la conversación entre la expresidenta con su subordinado «tiene trece manipulaciones».

La juez desmonta la teoría del Gobierno autonómico. En la sentencia, sostiene que el perito que elaboró el informe a instancias suya «concluyó que algunos de los eventos electroacústicos se deben a las limitaciones técnicas propias de sistema de grabación utilizado, y otros a sonidos en segundo plano como consecuencia de la grabación en entornos no controlados, concluyéndose que no existe manipulación de la grabación».