La Junta de Andalucía convirtió su fundación contra el paro en una «agencia de colocación» para el PSOE

El enchufismo era vox populi entre los 1.870 trabajadores que la Faffe llegó a tener en nómina en el año 2010. Así lo declaró un antiguo empleado a los agentes de la Guardia Civil que investigan las irregularidades en subvenciones para cursos de formación gestionados por esta fundación de la Junta de Andalucía. Creada por el Consejo de Gobierno andaluz el 28 de enero de 2003, se financiaba con subvenciones excepcionales autonómicas destinadas a ayudar a los parados a encontrar trabajo.

La Unidad Central Operativa (UCO) confirma que la Faffe funcionó como «una agencia de colocación para el PSOE andaluz». Así lo acredita en un atestado entregado el pasado 7 de junio al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga a la Faffe.

El informe de 701 páginas, al que ha tenido acceso ABC, recoge los testimonios de 56 antiguos empleados y analiza los procesos selectivos, así como una auditoría encargada por el Gobierno andaluz que reveló que habían sido contratadas irregularmente 8.844 personas entre 2009 y 2011 . Por paradójico que parezca, los fondos públicos para atajar el paro se convirtieron en un rentable negocio político para unos cuantos en la región más golpeada por la catástrofe social del desempleo.

Los investigadores que han seguido el rastro del dinero de las subvenciones para cursos de formación y contratación gestionadas por la Faffe, ponen números a esta supuesta red de nepotismo. La información procesada «permitiría confirmar, incidiariamente, la vinculación, directa o indirecta, de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales », principalmente con el PSOE, concluye el informe policial.

La situación no ha cambiado. Cuando la Junta liquidó la fundación en 2011, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) subrogó a sus 1.291 trabajadores y la mayoría de ellos continúan en nómina de la agencia pública que gestiona las oficinas del paro en la región. El 2 de mayo de 2011 formaban parte de la plantilla de la Faffe y al día siguiente pasaron a ser empleados públicos del SAE.

El cierre fue en falso y el pozo de dinero público, muy profundo. La Junta concedió una subvención de 16,6 millones de euros a su fundación incluso el mismo día que había decidido extinguirla . En abril de 2014, tras un agujero millonario descubierto por la Cámara de Cuentas de Andalucía durante una fiscalización rutinaria sobre los cursos de formación, la Fiscalía Superior de Andalucía descubrió que la fundación pública había acumulado ayudas por casi 50 millones poco antes de desaparecer, dinero que no justificó.

Sólo en 2009 el Ejecutivo andaluz la subvencionó con 99,92 millones de euros , más de lo que podía gastar. La investigación llegó a la mesa de la instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, y luego la heredó la juez María Núñez, que tomó declaración a 23 imputados.

Siete años después de su defunción, la Faffe sigue dando que hablar. La polémica ha ganado decibelios después de que el PP haya denunciado que una tarjeta «opaca» vinculada a una cuenta del ente público fue utilizada en un club de alterne sevillano. Además de chófer, el exdirector general de la fundación, Fernando Villén, contaba con una tarjeta corporativa, según afirmó a la UCO una técnica.

La Faffe también dio un puesto de trabajo a varios miembros de su árbol genealógico : un hermano, su mujer, su cuñado y un sobrino. Villén, que hasta 2010 ocupó la Secretaría de Empleo en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, esgrimió que algunos de ellos provenían del Fondo de Promoción de Empleo, un ente estatal transferido a la Junta, que fue el origen de la Faffe.

Pero ahí no acaban las casualidades. Julio Pérez López, que en 2007 fue ascendido a jefe de la Dirección de Actividad y en 2011 pasó a integrarse en el SAE , reconoció a la Guardia Civil que en la fundación trabajaba su cónyuge, como auxiliar administrativa; su hermano; su cuñada (durante un tiempo), y un sobrino como docente.

Según contaron los propios trabajadores, el proceso de selección se limitaba a una entrevista. Para cubrir las vacantes, la Faffe realizaba ofertas genéricas a través del Servicio Andaluz de Empleo o recurría a un sistema informático donde los candidatos volcaban sus currículos. La f alta de control y publicidad supuso un caldo de cultivo perfecto para el enchufismo .

Con cargo a las ayudas, varias sagas familiares encontraron un acomodo laboral. El exdiputado autonómico socialista Ramón Díaz Alcaraz, imputado por haber presionado, supuestamente, para colar a un intruso ligado al PSOE de Sevilla en el ERE subvencionado por la Junta a la empresa A Novo Comlink, figuraba en la plantilla de la fundación. También su hijo, Ramón Díaz Elena, así como Casto Márquez y Florentina González, exdirigentes de la agrupación socialista del distrito sevillano de Alcosa, de la que el político era secretario general.

Un extrabajador aseguró a la UCO que la Faffe funcionó como «un nido para pagar favores políticos». De hecho, el exconcejal del PP de Camas (Sevilla) Eduardo Cabeza Rodríguez, fue colocado en un centro de La Rinconada, perteneciente al ente público, mes y medio después de protagonizar un episodio de transfuguismo al prestar su voto al candidato socialist a, Rafael Recio, para arrebatar a IU la Alcaldía.

La sensación de endogamia era compartida por muchos trabajadores. Dos meses antes de las elecciones municipales de 2007, María del Carmen Ibanco, esposa del actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE) , por entonces viceconsejero de Medio Ambiente, se incorporó a la Faffe y actualmente trabaja en el SAE. Alfonso Blanco, miembro del gabinete del consejero de Empleo, presumía de su amistad con Juan Bouza, exdelegado de Empleo en Cádiz, según un testigo. Casto del Rosario «manifestaba que era amigo del exconsejero de Empleo José Antonio Viera», acusado por el caso ERE.