EXPEDIENTE FAFFE
Los vasos comunicantes entre la fundación de la «tarjeta black» y el caso ERE de Andalucía
La fundación contrató a trabajadores de una empresa privada que prestaban sus servicios a cargo del exdirector de Trabajo, Javier Guerrero
ANTONIO R. VEGA
La Junta de Andalucía pagó con fondos públicos para cursos de formación los sueldos de 44 trabajadores contratados durante años por una empresa privada, Umax Informática y Consultoría S.L., que en realidad prestaban sus servicios en la Dirección General de Trabajo, con ... Francisco Javier Guerrero al mando, que concedía las ayudas irregulares de los ERE.
Estos contratos «a dedo», que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civila, se habrían costeado « con fondos procedentes de Faffe », fueron denunciados por el Gabinete Jurídico de la propia Junta de Andalucía. La Fiscalía también sostiene que la fundación realizó contratos «indiciariamente irregulares» por más de 9 millones euros. El PP ha denunciado, al hilo de una investigación judicial, que utilizaron una tarjeta «black» y opaca de la fundación en un club de alterne.
Los supuestos responsables de este desbarajuste en la Consejería de Empleo, que habría causado un perjuicio de 2,5 millones de euros a la Junta de Andalucía , se sentarán en el banquillo. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza por la citada cantidad a los seis acusados.
Por los pagos indebidos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría para costear los sueldos de 44 trabajadores, hay cinco ex altos cargos acusados : los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y el administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado.
Los beneficiarios de estos supuestos contratos fantasma « pertenecían al círculo de amigos y familiares » del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, según detalló la Fiscalía de Sevilla.
La magistrada atribuye a los acusados presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil . Descarta un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones porque "ello no fue determinado en el auto de inclinación de procedimiento abreviado, que tampoco fue impugnado por la acusación particular".
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en este procedimiento. La jueza estima que Umax cobró de la Junta de Andalucía 1.168.554 euros por doce trabajos realizados entre 2003 y 2010. La Administración autonómica pide 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para su ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero por estos pagos.
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