El exdirector de la Faffe que pagaba con fondos públicos en prostíbulos veta a Vox como acusación

La defensa del que fuera alto cargo autonómico en la etapa socialista ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, de aceptar la personación de este partido político en calidad de acusación popular una vez que deposite una fianza «por importe no inferior a 3.000 euros». La representación jurídica de Villén pide que se revoque parcialmente la providencia dictada por el magistrado el pasado 7 de abril por la que acordaba dicha medida en la pieza de la Faffe desgajada de la macrocausa de los cursos de formación.

Entre los argumentos recogidos por su defensa para convencer al juez para que dé marcha atrás, esgrime que el anteproyecto de Ley de Enjuciamiento Criminal impulsado por el Ministerio de Justicia propone prohibir a los partidos políticos y los sindicatos ejercer la acción popular como hacen ahora en los casos de corrupción. Lo justifica por «su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político».

En el escrito registrado ante el Juzgado, la defensa de Villén señala que existe, además, «una idéntica connivencia de intereses e incluso puntos de vista en los partidos políticos PP y Vox, con independencia de su cercanía ideológica (cuestión ajena a este debate procesal)». En la instrucción de la Faffe está personada la acusación pública del Ministerio Fiscal, la acusación particular de la Junta de Andalucía y la acusación popular del Partido Popular y todas ellas son «extraordinariamente proactivas». Añade que aceptar la personación de Vox en esta causa va a contracorriente de la premisa de «evitar dilaciones injustificadas y una mayor carga procesal a las defensas en el procedimiento que ejercite la acusación popular».

En su recurso de reforma, la representación del exdirector de la Faffe aporta otro argumento. Alude a que la Audiencia de Sevilla acaba de dar carpetazo a una pieza desgajada de la macrocausa de corrupción de Invercaria que llevaba nueve años instruyendo. Ha acordado archivarla por la «falta de legitimación» del PP para acusar en la pieza de Kandor Graphics , la productora vinculada a Antonio Banderas que recibió 1,4 millones de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía.

En el auto que decreta el archivo, la Audiencia expone que «no puede olvidarse que, como destacó en su informe el fiscal, la acusación popular en este proceso la ejerce un partido político que ostenta el gobierno de la supuesta perjudicada, la Junta de Andalucía , cuyos intereses están defendidos por las dos acusaciones particulares [Inverseed e IDEA] que no han apreciado la comisión de delito alguno».

La Faffe funcionó entre 2003 y 2011 como una entidad de la Junta dedicada a formar a desempleados de Andalucía -por entonces, la comunidad con más paro de España-. Una auditoría encargada por la Junta de Andalucía detectó irregularidades en 8.844 contratos realizados entre 2009 y 2011 . Entre los contratados se encuentra el hermano de su director general Fernando Villén, nombrado director de Administraciones Públicas, su mujer, una cuñada y un sobrino.

En la pieza centrada en el uso de las, Fernando Villén declaró ante el juez que pagó «por error» la juerga en el Don Ángelo y otras doce en ese y cuatro burdeles de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre los años 2004 y 2010 en los que abonó unos 32.000 euros con tarjetas de representación.