Directivos de Recilec habrían cometido hasta siete delitos por el falso reciclaje de aparatos eléctricos

Como informó ABC de Sevilla , el pasado 8 de julio efectivos de la Guardia Civil registraron las instalaciones que la referida empresa tiene en la localidad sevillana de Aznalcóllar y procedieron a la detención de hasta cinco directivos de la misma. A los detenidos y a otro dos trabajadores investigados —cuya identidad no fue ayer desvelada— se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales.

El origen de la operación denominada «Raecash» comenzó hace tres años a raíz de una información del Seprona relacionada con traslados transfronterizos de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar con destino a la empresa investigada y la presunta falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado.

Ésa sería la fórmula por la que incrementaban los beneficios económicos, generando un fraude que según los investigadores «ha podido superar los 16 millones de euros en los últimos años».

La empresa mercantil investigada, en la que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía mantenía una participación del 25 por ciento, acapara la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía, tales como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y, sobre todo, los conocidos como termos eléctricos, cuyo aislante posee el citado gas y que, en el caso de no recuperarlo, se emite directamente a la atmósfera. Estos residuos «supuestamente reciclados» están reconocidos como «muy peligrosos» y su emisión es especialmente perjudicial para la capa de ozono , además de conllevar riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. Tienen elevada toxicidad para el hombre, pudiendo generar problemas respiratorios y quemaduras. Algunos son muy inflamables y no se descomponen en el medio ambiente, pudiendo generar residuos secundarios altamente ácidos. Según un informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 4 de Sanlúcar la Mayor que sigue la diligencias, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en aproximadamente ocho millones de euros en los años investigados.

Además de los gases refrigerantes, el Seprona ha detectado la presunta falta de tratamiento de otros tipos de residuos considerados muy peligrosos, cuya manipulación «podría haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de la empresa, además de provocar daños en el medio ambiente».

Tras la finalización de su vida útil, los residuos que se producen de los aparatos eléctricos y electrónicos -denominados RAEE-, necesitan de un tratamiento para su correcta eliminación, sufragado por los productores de electrodomésticos, los fabricantes. Esta gestión es canalizada a través de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), organizaciones sin ánimo de lucro, que financian a los gestores de residuos que realizan el citado tratamiento.

En las inspecciones que ha realizado el Seprona, se comprobó la «falta de control e incorrecto tratamiento» de los residuos, «cuya normativa vigente, insta a su reutilización».

El Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía acordó a primeros de julio desprenderse de todas las acciones en sus empresas participadas, incluido el 25 por ciento que posee de la empresa Recilec ahora investigada. Fuentes de la Junta informaron ayer a ABC que se estaba a la espera del levantamiento del secreto de sumario para adoptar alguna medida de tipo judicial en torno al caso. El juzgado sevillano levantó el secreto el pasado 9 de julio.

Los investigadores no descartan nuevos implicados en otras provincias de Andalucía.