Las diez «mentiras» de la Junta de Andalucía sobre el impuesto de sucesiones

Quienes tienen más capacidad económica pueden «crear sociedades instrumentales y adquirir productos financieros que eluden el impuesto, recursos que no están al alcance de las familias trabajadoras , que son las que sufren el expolio que ese impuesto conlleva». Este impuesto recae «sobre los ahorros de la clase trabajadora, privándola de su pasado, expoliando su presente e hipotecando su futuro».

Este porcentaje se refiere únicamente a las personas que pasan por «caja», una gran parte de ellas endeudándose para «pagar nuevamente por lo ya pagado». La Junta de Andalucía no cita las renuncias que se producen cuando las familias no pueden acceder a créditos para liquidar el impuesto. Según el último informe del Colegio General del Notariado, las renuncias han crecido un 420% desde el comienzo de la crisis. Cada día se renuncian a 19 herencias en Andalucía.

Los casos de ciudadanos que fallecen a edad temprana y por tanto con «cargas» son la excepción a dicha norma. « Antes de la crisis había un número similar de herencias con cargas , y es la ausencia de acceso al crédito lo que obliga a renunciar al no poder satisfacer en modo alguno el impuesto, perdiendo así todo por cuanto luchó tu familia», señala Valverde.

El trazo grueso de la publicidad autonómica soslaya la letra pequeña. Es obligatorio que el herededo residiera en la vivienda del finado al menos los dos años anteriores a su muerte. Además, el importe de dicha bonificación queda anulado si la masa hereditaria total supera los 250.000 euros. «En ese caso se pagaría desde el primer euro heredado».

El capital financiero e inmobiliario que el heredero tiene previamente también cuenta en su contar, «reduciendo las posibles bonificaciones que pudieran aplicarse». Recuerdan desde la Asociación que España es un país envejecido y la media está por debajo de 1,5 hijos por familia .

Es la mayor y más sangrante de las mentiras difundidas, a juicio de la asociación, La Junta aplica a los bienes inmuebles una fórmula resultante de aplicar al valor catastral un coeficiente multiplicador específico para cada localidad, añadiendo además para asegurarse el cobro del tributo un 3% de ajuar, dando igual que se trate de una vivienda vacía, local o campo. Como consecuencia, la tasación de los bienes excede varias veces su valor real de mercado, obligando así al pago del tributo. Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como la institución a nivel nacional han cuestionado la valoración de las herencias.

Desde el colectivo recuerdan que el impuesto «fue revisado e implantado en España en 1987 por el Gobierno socialista de Felipe González, transfiriéndose plenamente su gestión a las autonomías con el de Zapatero, en el marco de la financiación autonómica». La ley estatal únicamente establece cómo calcular la base imponible del impuesto. Todo lo demás, corresponde a las autonomías.

Este margen de maniobra provoca las enormes diferencias entre comunidades autónomas llevando en la práctica a que un ciudadano andaluz tenga que pagar cien veces más que un madrileño, o mil veces más, en algunos casos concretos, que un residente en Canarias. La Junta de Andalucía, tras la revisión a la baja realizada por otras comunidades autónomas, es la que mantiene en la actualidad los tipos mas altos de este injusto y desproporcionado tributo , provocando con ello un manifiesto daño moral y económico en miles de familias andaluzas, llevadas al límite de la desesperación e impotencia. Bastaría un simple cambio de la norma tributaria andaluza para acabar con tanto dolor y sufrimiento innecesario.

Para la asociación, supone « una afrenta al Estatuto de Autonomía y un reconocimiento intrínseco de la alarma social suscitada y el fracaso de su modelo de gestión». Es, a su juicio, un intento a la desesperada de echar balones fuera, aún a sabiendas que dicho planteamiento es inadmisible, pues requeriría de una renegociación del modelo de financiación autonómico con el consenso del resto del Estado español.

Es una vieja variante de la frase «con esto pagamos las pensiones». La sanidad y educación son servicios básicos obligatorios para el Estado que se prestan en el resto de las autonomías, incluso en aquellas que tienen bonificado este impuesto al 99%. En algunas de ellas, la calidad es superior. Además, lo recaudado (400 millones de euros al año) representa una ínfima parte (apenas un 1,2%) del presupuesto autonómico: 33.239,5 millones de euros.

Cuando todo lo demás falla, se echa mano del victimismo, Stop advierte de que su lucha no es partidista, puesto que son una asociación de lucro ni color político alguno, nacida para defender y apoyar a los afectados. Para ello ha dado a conocer una aplastante realidad largo tiempo e intencionadamente oculta. Durante demasiado tiempo se estuvo vertiendo pólvora sobre el camino y bastó la chispa de unos pocos indignados ante el abuso para que la realidad de un drama injustificable, auspiciado por la codicia del poder, prendiera con fuerza en el corazón de la sociedad andaluza, concluye la asociación.